Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop
Nuestro país está hoy entre los primeros del mundo en cantidad de contagios y muertes. El sistema sanitario está saturado y faltan camas en varias provincias. Una verdadera catástrofe que va a continuar mientras no se avance con una campaña de vacunación masiva. Mientras, las trabajadoras y los trabajadores de la salud seguimos en la primera línea de combate al virus y luchando desde el inicio de la pandemia por salario, condiciones de trabajo y presupuesto.
Todos los días, desde el inicio de la pandemia, en los medios se habla del nivel de ocupación de camas y el peligro de colapso del sistema sanitario. Ahora se insiste con el número de vacunados y los plazos para la llegada de nuevas partidas. Datos estadísticos que solo muestran la punta del iceberg de la crisis del sistema porque, de fondo, no reflejan el principal problema que existe en los hospitales y las clínicas privadas, que es el total abandono del recurso más importante, las trabajadoras y los trabajadores. A más de un año de iniciada la pandemia, seguimos cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza, recurriendo al pluriempleo para llegar a fin de mes, sobreexigidos por la falta de personal e impedidos de gozar un mínimo descanso. Más los despidos por los cierres de clínicas, la persecución gremial y las presiones para terminar con las licencias de los grupos de riesgo. Así no se puede seguir.
Por eso, en medio de la segunda ola, en dieciocho provincias hay conflictos en el sector de la salud por reclamos salariales y se multiplican las luchas en todo el país. La política sistemática de desinversión y ataque a la salud pública, por un lado, y la voracidad de los dueños de clínicas y sanatorios privados, por el otro, continúan y se profundizan mientras luchamos contra el Covid. Y la única respuesta de Alberto Fernández es un bono de 6.500 pesos que aún no se cobró. Al igual que Larreta, de Cambiemos, y todos los gobernadores de distinto signo político que insisten en amedrentar al personal de la salud cuando sale a reclamar. Así fue el caso de Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, que metió presos a enfermeros que acampaban frente a la casa de gobierno, una barbaridad. En Córdoba, Schiaretti despidió a setenta compañeras y compañeros que trabajaban precarizados. El reclamo por su reincorporación continúa. Mientras, los sueldos de enfermeros y médicos de esa provincia rondan los 35.000 pesos, una locura. En el Larcade siguen de paro y enfrentando la persecución, una lucha heroica. En La Matanza se mantienen las medidas contra el acuerdo salarial de los municipales. En Neuquén, luego del triunfo de la histórica huelga de sesenta días y la conquista del 53% de aumento salarial, rechazan los sumarios del gobernador Omar Gutiérrez, del MPN, y exigen que les paguen los días caídos. ¡Enfrentamos al virus y a los gobiernos!
El acuerdo entre el gobierno nacional y la burocracia de ATE y UPCN, de cerrar una paritaria de 35% en cuotas, es un nuevo capítulo del ataque que venimos sufriendo. Intentan usarlo como caso testigo para imponerlo en todas las provincias, consolidando salarios de pobreza. A pesar de estar transcurriendo la segunda ola de contagios, las trabajadoras y los trabajadores de la salud seguiremos luchando por una verdadera recomposición salarial y en defensa del sistema público de salud. En estos días, en Cicop, estamos convocando asambleas en todos los hospitales y centros de salud de cara a un nuevo congreso de delegados. El acuerdo salarial del año pasado ya se licuó por la tremenda inflación y debemos salir nuevamente a las calles. Así como lo impusieron los elefantes neuquinos, la organización y la lucha son el único camino.
