Escribe Miguel Lamas
En Chile, uno de los paliativos para la crisis económica que afronta la clase trabajadora fue la devolución de fondos jubilatorios de las AFP. Estando aún pendiente la tercera devolución de 10%, el presidente Piñera se opuso. Esto desató una crisis política con paros de los portuarios y amenazas de paro de otros sectores.
Ante esta situación, el propio Congreso aprobó la ley para el retiro de fondos, con apoyo incluso de parlamentarios del partido de Piñera, y finalmente el Tribunal Constitucional rechazó la apelación presidencial para evitar la devolución de fondos. Piñera, acorralado, y cada vez más odiado por la población, tuvo que promulgar la ley de retiro de fondos.
Esto fue evidentemente un triunfo de los paros de los portuarios y la predisposición a la lucha de otros sectores.
Pero la devolución de fondos no es el único reclamo en la profunda crisis económica que vive el país.
Presionada por los reclamos de las bases, la Central Única de Trabajadores (CUT), dirigida por el Partido Comunista, llamó a un paro general el 30 de abril convocado bajo el lema “Pan, trabajo, salud y dignidad”. Sin embargo, la dirección de la CUT convirtió el 30 de abril en acciones simbólicas, sin ninguna relevancia. La dirección de esta central evitó preparar el paro en asambleas sindicales de base para canalizar el descontento contra el gobierno y está negociando a espaldas de los trabajadores.
El Movimiento Socialista de los Trabajadores, organización de la UIT-CI, presentó la siguiente declaración:
Desde el MST llamamos a hacer como el pueblo colombiano. Podemos conseguir medidas económicas urgentes para resolver la crítica situación que viven millones de familias trabajadoras y sacar al criminal gobierno de Piñera si hacemos como los portuarios. Necesitamos una huelga general, apoyada con protestas populares en todo el país.
Fuera el criminal Piñera y su corrupto gobierno.
Fuera los falsos partidos de oposición y los corruptos dirigentes de la CUT que volvieron a salvar a Piñera.
Por un plan económico de emergencia: subsidios directos del Estado a las familias trabajadoras iguales al real costo de vida, prohibición de despidos y suspensiones, condonación de deudas bancarias y comerciales, gratuidad de los servicios básicos y derechos sociales.
Fuera los milicos de las calles.
Liberación de las y los presos políticos.