Escribe Marcela Martín

Con una segunda ola que los especialistas aseguran que será más grave y con un sistema con alto porcentaje de camas críticas ocupadas, el 31 de marzo el gobierno despidió de distintos hospitales a 72 trabajadoras y trabajadores de la salud, algunos con diez años de antigüedad. Debilita servicios para privatizarlos y reduce gastos para pagar la enorme deuda externa provincial. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) respondió con una intrascendente marcha de sus cuerpos orgánicos.

A mediados de 2020, con sindicatos como ATE y UTS, dos organizaciones de médicos, y varias agrupaciones sindicales, entre las que se encontraba Salud en Marcha, se formó la Multisectorial de Salud. Desde el inicio ATE, UTS y los médicos subordinaron su política de enfrentamiento al gobierno a lograr una “mesa de diálogo”, por eso se fueron negando desde fines de 2020 a llamar a movilizaciones unificadas y en las calles ante la intransigencia del gobernador.

Con una típica maniobra burocrática, dejaron de lado a todas las agrupaciones sindicales que les exigían la continuidad de las marchas unificadas en las calles en contra de su pelea hospital por hospital y sus paros aislados y con asistencia, algo que las bases rechazan porque las somete a los aprietes de los jefes y a la presión del enfermo. Así votaron un paro el 8 pasado, que fue débil y desigual por hospital. Varios días antes habían conseguido que el gobierno los convocara (cosa que festejaron exultantes), los escuchara y les contestara con estos despidos. Otra prueba de que con medidas divididas y sin un verdadero plan de lucha no se logrará derrotar el ajuste de Schiaretti en salud.

Por eso hay que exigirles a todos los sindicatos que actúan en la salud que convoquen a asambleas conjuntas en todos los hospitales para votar la continuidad del paro del día 8 y un plan de lucha con movilizaciones llamando a la solidaridad de la población. Las y los trabajadores de la salud de Neuquén son el ejemplo a seguir.