Escribe José Castillo
Avanzan las negociaciones con el FMI. Mientras tanto, los senadores del Frente de Todos mandan una carta en la que plantean que no se exijan condicionalidades y los periodistas defensores del gobierno hacen malabares para demostrar lo imposible, que “no existe ningún ajuste” (Alfredo Zaiat, Página/12, 16/11, o Eduardo Aliverti, Página/12, 17/11). Pero, más allá de estos fuegos artificiales para la tribuna, sigue a toda marcha el acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y los representantes del Fondo, instalados ya desde hace quince días en nuestro país.
El ministro de Economía lo ratificó la semana pasada, se busca un “acuerdo de facilidades extendidas”. ¿Qué es esto? Correr los vencimientos de los 49.000 millones de dólares con el FMI hasta 2024 y luego pagarlos en cuotas semestrales hasta 2030. Más allá de que esto es solo “patear” la hipoteca para adelante, lo mismo que se hizo en el acuerdo con los usureros privados, lo que queremos discutir acá son las exigencias del propio Fondo.
Lo primero es el ajuste. Sí, volvemos a repetir la palabra “prohibida” por el gobierno. Se va a bajar el déficit fiscal el año próximo en forma astronómica. Ya el presupuesto establece reducirlo a 4,5% del PBI, desde el 8% actual. Pero ahora el FMI presiona para que la baja sea aún mayor y el ministro Guzmán dijo que estaba “abierto a esa discusión” (El Cronista, 16/11). Es más, para dar señales en ese sentido, ya mismo se anunció que no se pagará la cuarta cuota del IFE. Para 2021 los datos son claros, no habrá un solo peso para la atención de las consecuencias de la pandemia. Se votará una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que no contempla la inflación, sino la “suba salarial” que, sabemos, este año estará muy por debajo del incremento del costo de vida. Y a partir de enero próximo vuelven los aumentos de tarifas de la luz y el gas. Si esto no es ajuste, ¿cómo lo llamamos? ¿Acaso “redistribución de la riqueza”?
¿Qué son las “reformas estructurales”?
Los “acuerdos de facilidades extendidas” del FMI no solo exigen más ajuste. Agregan las “reformas estructurales” en materia fiscal, previsional y laboral. Traducido, más impuestos pagados por el pueblo trabajador y menos por los empresarios y los ricos; reducir al mínimo y, finalmente, hacer desaparecer las jubilaciones para reemplazarlas por un sistema privado, como las AFJP, y flexibilizar al extremo las condiciones de trabajo.
Esto ya se hizo en la Argentina. Desde que nuestro país ingresó al FMI en 1956 lleva firmados veintiún acuerdos con el organismo. Todos, sin excepción, pusieron en marcha feroces planes de ajuste. Pero los dos peores fueron, justamente, los únicos acuerdos de “facilidades extendidas”. Ambos se realizaron durante el gobierno de Carlos Menem. El primero, en 1992, hizo que el IVA subiera, primero, de 13% a 18%, y luego al actual 21 por ciento. Redujo las contribuciones patronales y, lo más grave, privatizó las jubilaciones creando las nefastas AFJP.
El segundo acuerdo se firmó en 1998. Planteaba avanzar con las privatizaciones “pendientes”, entre las que se incluían la salud y la educación pública. Pero lo más importante era que exigía una profunda reforma laboral. Así, en 2000, con De la Rúa en el gobierno, se la votó en el Congreso en medio del escándalo de coimas a los senadores, se conoció como la “ley Banelco”.
Esto es lo que se viene si Alberto Fernández firma un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI. Es mentira que se puede hacer sin “reformas estructurales”. A los últimos once países que hicieron acuerdos como este les exigieron, en promedio, trece reformas estructurales. Al que menos le pidieron, Costa de Marfil, le requirieron siete (informe de Consultatio Plus, citado en BAE Negocios, 16/11).
Se necesita otro programa económico
No hay salida con el FMI. Lo dice la historia de todos los acuerdos anteriores. También, lo concreto del ajuste que se está planificando ahora. Otra vez el pueblo trabajador y los jubilados van a ser los que paguen, con más hambre y miseria, los negocios de los pulpos acreedores.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad afirmamos que es más urgente que nunca poner en marcha otro programa económico, obrero y popular, opuesto por el vértice al que está llevando adelante el gobierno del Frente de Todos.
Para llevarlo adelante hay que dejar de pagar la deuda externa ya mismo, romper todos los pactos políticos y económicos que nos atan al FMI, implementar un verdadero impuesto a las grandes fortunas y riquezas y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Estas son las medidas básicas para terminar con esta auténtica hemorragia por donde se va toda nuestra riqueza a manos de los pulpos especuladores. Así recuperaremos la independencia que perdimos y nos transformó en una semicolonia a la que el FMI le dicta la política económica. Y podremos, entonces, poner todos nuestros recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, para la salud y la pandemia, para trabajo, salario, vivienda y educación.
