Escribe Claudio Funes
El proyecto de impuesto a la riqueza del peronismo viene “flojo de papeles” desde el inicio. Con una alícuota bajísima, solo afectaba a los patrimonios personales y no a las superganancias de las empresas, por lo que todas las multinacionales que operan en el país quedarían fuera del pago del tributo.
Pero ahora se conocieron más detalles, solo harán el pago por única vez las personas físicas y sucesiones indivisas con domicilio legal en el país. Con esto quedan eximidos supermillonarios argentinos como Alejandro Bulgheroni (Panamerican Energy), Hugo Sigman (laboratorios Sigman) y Marcos Galperín (Mercado Libre), con domicilios en el exterior.
Para favorecer a los capitalistas se modificó además la fecha de la declaración jurada a partir de la cual se cobrará el impuesto. No será al 31/12/19, como estaba previsto, sino a la fecha de la promulgación de la ley, lo que les permitirá hacer maniobras para reducir su exposición patrimonial.
Esto no es todo, el presidente Fernández invitó a Olivos, para anunciarles más beneficios, a las grandes patronales. Entre otros, a Miguel Acevedo (UIA), Roberto Urquía (Aceitera General Deheza), Luis Betnaza (Grupo Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar). No satisfechos con los anuncios del presidente, cuestionaron el impuesto a la riqueza. Consideran que “discrimina a empresarios locales y beneficia a las multinacionales”. Por supuesto que su propuesta no es cobrarle también a los extranjeros. Ellos también quieren ser eximidos. El lobby continúa y no sería raro que lo que se termine aprobando, o después reglamentando, les permita a estas patronales salvarse de tener que realizar cualquier pago sustantivo.
Frente al doble discurso del gobierno con el impuesto a la riqueza, el Frente de Izquierda Unidad propone cobrar el impuesto no solo a algunos millonarios, sino también a empresas, bancos y multinacionales que se vienen enriqueciendo hace décadas.
Como la industria farmacéutica, con Bayer, Pfizer, Abbot y Merck Sharp & Dohm, que en 2019 facturó 59.764,2 millones de pesos, 70,7% más que en 2018. O Telecom, que durante el primer trimestre de 2020 alcanzó una utilidad 39,5% mayor que el año anterior pese al congelamiento de tarifas. O los bancos, que en 2019, mientras el PBI descendió 2,2%, obtuvieron una utilidad neta 51% más grande que en 2018. Entre ellos están los extranjeros Citibank, HSBC, ICBC o Santander, además de los locales Galicia y Macro.
Con nuestra propuesta se podrán recaudar 15.000 millones de dólares, cinco veces más que los 3.000 millones que propone el gobierno, y se cobrará anualmente y no “por única vez” como propone el proyecto oficialista. Junto con el no pago de la deuda externa, se podría impulsar un plan económico obrero y popular que comience a dar soluciones a las necesidades del pueblo trabajador.