Escribe Adolfo Santos
Que la dirigencia sindical burocrática de la CGT está distanciada de sus bases todo el mundo lo sabe. Pero parece que en esta cuarentena esa distancia aumentó. Asistimos indignados al acuerdo alcanzado con los patrones, con el aval del gobierno, para reducir los salarios hasta 25 por ciento. No se les ha movido un pelo frente a los masivos despidos y las suspensiones y cierres de empresas, que dejan millares de trabajadores en la calle, como aconteció con Techint, el frigorífico Penta, o con Latam.
En estos días le han reclamado al gobierno más fondos para las obras sociales, una verdadera caja negra de donde salen ríos de dinero para mantener sus prebendas. No importa que los salarios se encuentran congelados o aquellos pocos que suben lo hacen por debajo de la inflación, los burócratas sindicales tienen una prioridad: aumentar los aportes de los trabajadores. Con ese propósito fueron al encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Asistieron los dos secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto con Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Uocra), Antonio Caló (UOM) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). No hubo un solo reclamo en favor de los trabajadores, solo se habló de cómo descontar sobre los miserables salarios.
No dudamos que en un país inflacionario como el nuestro, y con una brutal pérdida de puestos de trabajo, las obras sociales se tornen deficitarias. Sin embargo, no aceptamos que se adopte el camino más fácil para resolver este problema metiendo la mano en el bolsillo del trabajador. Rechazamos cualquier nuevo descuento sobre el salario. Que la dirigencia sindical organice la lucha para exigir mayores aportes a las patronales para cuidar la salud de los trabajadores. Que le exija al gobierno aumento del presupuesto para la salud pública para poder atender a las familias de los millones de desocupados.
Lamentablemente, la burocracia sindical hace todo lo contrario, se une al gobierno y la patronal para continuar desangrando a los trabajadores. Apoyaron abiertamente el plan del gobierno en la negociación con los usureros de la deuda conscientes de que ese dinero después iba a faltar para la salud pública, por eso también son responsables de la crisis de ese sector, del cual son parte las obras sociales. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud informan que desde enero hasta la fecha las obras sociales han recibido 44.900 millones de pesos. Nadie, además de los dirigentes sindicales, sabe cómo fue utilizado ese dinero y cuál fue su destino. No dudamos de las dificultades que están atravesando las obras sociales, pero no confiamos que saldrán de la crisis en manos de la corrupta burocracia sindical.
Exigimos transparencia, que se abran los libros de las obras sociales. Que los contratos con los prestadores sean revisados por comisiones de trabajadores elegidos por la base. Que las obras sociales sindicales no sean manejadas por los dirigentes sindicales burocráticos y sus allegados, o familiares. Mientras tanto, seguiremos luchando por un sistema de salud pública único, universal y gratuito. Para eso hay que poner fin a los subsidios a la salud privada y cortar el pago de la deuda externa para que haya el dinero suficiente.