Escribe Lautaro, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista y estudiante procesado

El día 10 de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los recursos presentados por las defensas de lxs veintisiete estudiantes procesadxs por la ocupación pacífica del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Confirman así el procesamiento dictado por el juez Hugo Vaca Narvaja y la ex fiscal Graciela López de Filoñuk y la decisión política de ir al juicio oral. La causa de “usurpación por despojo” se inició con el gobierno de Macri en 2018 y continúa bajo el gobierno de Fernández con la complicidad de las autoridades universitarias y el rectorado de Juri y Yanzi Ferreira a la cabeza. Es necesaria la más amplia unidad para rechazar este nuevo intento de criminalizar la protesta.

Atacan el derecho a la organización y a la lucha estudiantil

Para estudiantes y trabajadores de la educación universitaria 2018 no fue un año más. Luego de años de pasividad, docentes y estudiantes entramos en la escena de la lucha nacional con un conflicto que recorrió todas las universidades del país.

Entrado el segundo semestre, el gobierno de Macri impulsó un brutal ajuste a la educación que desató la bronca del conjunto de la docencia. Como nunca, todos los gremios docentes universitarios se vieron obligados a impulsar un paro que llevó a un cese total de actividades durante cinco semanas.

En ese marco, el movimiento estudiantil se plegó apoyando masivamente el reclamo docente y sumando reivindicaciones propias. Se produjeron movilizaciones nacionales con hasta 80.000 personas en el centro de Córdoba. La masividad dio pie a una fuerte radicalización del movimiento estudiantil, que ocupó pacíficamente edificios en más de cincuenta universidades del país.

La ocupación del Pabellón Argentina, por la que ahora se nos acusa de “delincuentes”, fue una más de ese enorme proceso. Nuestro procesamiento expresa la decisión política y persecutoria de imponer una medida ejemplificadora para amedrentar y disciplinar a quienes se atrevan a enfrentar las políticas de ajuste de los gobiernos. Esto se suma a la ofensiva contra estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Río Negro a quienes también les elevaron la causa a juicio oral y vienen padeciendo sanciones académicas, como la exoneración del ámbito universitario por las ocupaciones del rectorado en la ciudad de Roca.

En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, el argumento del tribunal encabezado por el juez Vaca Narvaja, supuesto defensor de los derechos humanos, fue que la protesta resultó “excesiva” y “desproporcionada en relación con el fin perseguido, e incluso se mantuvo cuando el conflicto había sido ya resuelto” (La Voz, 11/9/2020). Es decir, la Justicia se adjudica el derecho de definir y resolver sobre una lucha estudiantil cuyas decisiones fueron votadas democráticamente por masivas asambleas. Este conflicto no fue solo por salario docente, sino también por más presupuesto, becas, condiciones dignas de cursado, etcétera. Situación que en pandemia, y como consecuencia del congelamiento presupuestario, lejos está de resolverse. Por el contrario, la virtualización forzosa acentúa la precarización docente y no docente y la falta de oportunidades reflejada en cifras récord de abandono estudiantil por falta de insumos y herramientas para cursar en la virtualidad.

Amplia unidad contra la criminalización de la protesta. Las conducciones estudiantiles deben ponerse a la cabeza de la lucha

Ante la crisis y miseria crecientes los gobiernos, en lugar de atender las necesidades más urgentes del pueblo trabajador, priorizan salvar al empresariado, las multinacionales y los bonistas, al tiempo que fortalecen el aparato represivo y avanzan con la criminalización de la protesta.

Solo la organización unitaria y la lucha pueden impedir este nuevo atropello contra el derecho a la protesta. Las movilizaciones en Córdoba y en el resto del país el 16 de septiembre, en un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, deben ser el primer paso en este sentido. Necesitamos la más amplia unidad para impulsar una fuerte campaña de exigencia a la FUA, la FUC y demás conducciones estudiantiles para que se pongan a la cabeza de rechazar este enjuiciamiento. Desde la Juventud de Izquierda Socialista llamamos a que abandonen su inmovilismo, se pronuncien contra la criminalización de los estudiantes y convoquen a espacios de debate y organización para resolver un plan de lucha y su coordinación en todo el país para derrotar esta política represiva, logrando el desprocesamiento ya de todxs lxs estudiantes.