Cien años después del asesinato colectivo, viajamos a cumplir una deuda histórica con los Derechos Humanos: señalizar el sitio histórico del paraje de Zainuco y colocar una escultura del artista Ricardo Coniglio. Una hilera de autos, camionetas con herramientas de construcción y dos camiones recorrimos la ruta 13 en búsqueda de este lugar inhóspito. La iniciativa que nos llevó a esta travesía se enmarca en un ciclo de actividades que se organizan colectivamente entre la organización Zainuco y docentes de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, para reflexionar sobre la violencia estatal y la memoria.

Allí levantamos la escultura (ver foto) que recuerda a los asesinados y repudia a los asesinos. El estado ha garantizado durante un siglo la impunidad a sus responsables materiales y políticos. No sólo eso, sino que el primer defensor de Derechos Humanos de la provincia, el periodista Abel Chaneton quien en aquel entonces encabezó la denuncia por estos hechos, terminó también asesinado por la policía meses después del suceso.

El comisario Adalberto Staub, el sargento Vivot y los comisarios Blanco y García Ponte y el subcomisario Fornaguera participaron en la masacre. Los cuerpos de estos ocho presos quedaron en el olvido de muchos, enterrados en una única fosa, en aquel lejano paraje de la provincia. Blanco, por orden de Staub, le disparó en la cabeza a cada uno de ellos, salvo al joven Cancino, preso por haber robado tres mulas, a quien le reventaron la cabeza a culatazos. Pero la masacre y la tortura no quedaron en el olvido, sino que quedaron en la identidad de la institución policial de la provincia. Staub fue premiado con el cargo de jefe de la policía y hoy la escuela de cadetes lleva su nombre.

Hace 100 años en nuestra provincia se premiaban los asesinatos policiales y se condenaba a esos presos a un violento olvido. Pero desde hoy, ese sitio podrá ser visibilizado por cualquier habitante que recorra esta zona patagónica. En la actualidad la Asociación Zainuco se constituye en querellante en las denuncias de apremios ilegales que sufren los presos como modo de luchar contra la creciente impunidad policial.