En esta provincia convivimos cotidianamente con peligros extremos. Son miles los que pelean para sacar de sus patios traseros emprendimientos que ponen sus vidas en riesgo. A sólo 3 cuadras del lugar de la explosión se encuentra Dioxitek, que produce dióxido de uranio para las plantas nucleares del país. En el barrio San Antonio funciona la alcoholera Porta que produce bioetanol; los vecinos de Bouwer conviven con la basura depositada por casi 30 años y pelean junto a habitantes de Juárez Celman para que no instalen nuevos basurales.

Los gobiernos provincial (De la Sota-PJ) y municipal (Mestre-UCR) son los responsables. Anuncian ahora de manera demagógica e insuficiente exenciones impositivas por 6 meses, préstamos para damnificados y la clausura de Dioxitek. Mientras a los empresarios les otorgan subsidios no reintegrables, quienes deben reconstruir sus hogares y hacer frente a tratamientos médicos, deben conformarse con “préstamos a tasa cero” de hasta $20.000 ¡Una burla! Toman estas medidas tras años de complicidad y de mirar al costado, priorizando los negocios sobre la salud de la población. Los vecinos indignados se organizan en asambleas para enfrentarlos y estamos participando.

Los gobiernos deben hacerse cargo de la atención de las víctimas, la reconstrucción de los hogares y comercios destruidos. Además, vamos a exigir justicia, que todos los responsables que permitieron el funcionamiento de la química en el lugar, paguen las consecuencias. Debemos terminar con los riesgos, no pueden existir más estos emprendimientos que ponen en peligro la vida de la población.