El Senado y Cámara de Diputados...

Fuera Barrick Gold de Argentina y por la remediación de los daños causados.

ARTÍCULO 1°: A partir de la sanción de la presente ley se procede a declarar nula de nulidad absoluta la concesión otorgada a la multinacional Barrick Gold Corporation en Veladero, procediéndose al retiro de la misma de todo el territorio de San Juan y de todo el territorio argentino por los graves daños ambientales ocasionados. Lo mismo ocurrirá con las empresas que funcionan bajo otros nombres que responden a la mencionada multinacional canadiense.

ARTÍCULO 2°: Procédase a expropiar todos los activos económicos y financieros de Barrick Gold Corporation (la cual ha vendido el 50% de sus acciones en Argentina a la compañía de origen chino Shandong Gold) para que con esos fondos se inicie la remediación ambiental del daño que la multinacional ocasionó.

ARTÍCULO 3°: La quita de la concesión se llevará a cabo sin pago de indemnización alguna por parte del estado nacional y provincial argentino, quienes procederán de manera inmediata a embargar e incautar todos los activos de las empresas a fin de reparar el daño causado.

ARTÍCULO 4°: Créase una empresa 100% estatal a los fines de que se encargue del cierre de Veladero y de la remediación efectiva de los daños económicos y ambientales ocasionados por Barrick Gold, la cual será controlada, administrada y gestionada por los actuales trabajadores de la empresa conjuntamente con técnicos especializados y las asambleas de vecinos de las localidades afectadas. Los actuales operarios de Barrick Gold pasarán a prestar servicios en la nueva empresa con todos los derechos y salarios actuales, eliminando los contratos y cláusulas de precarización y flexibilización laboral que hubiere en contra de los mismos.

ARTÍCULO 5°: de forma.

Señor presidente:

El pasado 28 de marzo se produjo el tercer derrame en un año y medio de la mina Veladero, propiedad de la multinacional Barrick Gold. Frente a este nuevo episodio, las asambleas de vecinos de la provincia siguen exigiendo el inmediato cierre de la planta y la remediación de los daños ambientales ocasionados por dicha empresa.

A este reclamo se le suma la exigencia de expulsar a la Barrick de sus territorios, para impedir el desarrollo de sus otros proyectos metalíferos (Pascua y Lama). La cual fue adquirida en un 50% por la china Shandong Gold Group, fundada en 1996, con una capitalización actual de mercado de aproximadamente $9.600 millones.

Recordemos que Barrick es la multinacional dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, que en Argentina tiene a (Veladero) y el proyecto binacional Pascua-Lama (Argentina-Chile). Y Sudamérica es un área estratégica para su crecimiento, la cual es beneficiada con innumerables prerrogativas en beneficio de salvar sus fabulosas ganancias, mostrando que Argentina es una semi colonia al servicio de seguir regalándole a estas empresas nuestros minerales, el agua y nuestro suelo.

Frente a este justo reclamo de la comunidad afectada es que impulsamos este proyecto de ley que establece la inmediata expulsión de Barrick Gold Corporation de nuestro país y la expropiación de todos sus activos económicos para resolver el pasivo ambiental que dejó a su paso, como parte de la pelea por terminar con el saqueo de nuestros recursos naturales en manos de multinacionales depredadoras.

Desde la izquierda tenemos una visión opuesta al plan que lanzaría Barrick y la nueva empresa china a la cual se asoció, Shandong Gold Group. “Nuestro anhelo es hacer de Barrick una empresa líder del siglo 21 en cualquier industria y jurisdicción lo cual, por definición, significa crear una distintiva y duradera relación basada en la verdad con China y las mejores compañías de China. Este acuerdo nos sumerge en ese camino. Shandong es un socio ideal para ayudarnos a desbloquear la riqueza mineral inexplorada del Cinturón El Indio a largo plazo, mientras que hoy trabaja con nosotros para generar más valor de la mina Veladero”, mencionó John L. Thornton, Presidente Ejecutivo. Es decir, una sociedad “estratégica” para seguir con el saqueo y ganancias siderales.

Los anteriores derrames de la mina Veladero ocurrieron en septiembre de 2015 y en septiembre de 2016, en los que se vertieron grandes cantidades de agua contaminada con solución cianurada en cinco ríos del departamento de Jáchal e Iglesia, al norte de la provincia de San Juan, ocasionando graves daños ambientales. Por el primer derrame se le cobró una multa a la empresa de 145 millones de pesos, “un vuelto” para las arcas de la multinacional, y por el segundo, todavía nada.

Frente al tercer derrame, la multinacional firmó un comunicado desde Toronto subestimando los hechos y diciendo que no había que preocuparse, al igual que en los dos derrames anteriores. Lo mismo hicieron los funcionarios y el gobierno, que ocultaron información y minimizaron los daños ambientales. La complicidad entre la multinacional, los funcionarios provinciales, el gobierno de Sergio Uñac del PJ y el gobierno de Mauricio Macri del PRO-UCR, es total. En vez de cuidar el ambiente y echar a las megamineras contaminantes como lo pide el pueblo de Jáachal, las premia con la quita de retenciones, para que sigan enriqueciéndose a costa del saqueo y la depredación del ambiente.

A su vez, el camino a las minas atraviesa dos glaciares, el glaciar Brown Inferior, que ya desapareció, y otros dos están retrocediendo. Dos informes de la minera Barrick Gold Corporation reconocen que el yacimiento Veladero y el proyecto Pascua Lama están asentados en un ambiente glaciar y periglaciar, en la Reserva de Biósfera San Guillermo de la provincia de San Juan, pese a que la ley nacional lo prohíbe.

La Ley Nacional de Protección de Glaciares (N° 26.639), en su artículo 1° señala: “La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público”. Y el artículo 6 prescribe: “Actividades Prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes (…); c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera; d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales (…)”.

Hasta la propia ley nº 24585 (Código de Minería), en su artículo 18 fija la responsabilidad de las empresas sobre los daños ambientales que produzcan, y en el artículo 19 establece sanciones por los mismos, llegando en el inciso “e) a resolver el cierre del establecimiento al 3° incidente grave”, lo que a nuestro juicio corresponde con los derrames que se hicieron públicos y que luego fueron reconocidos por la empresa.

Entendemos que este proyecto de ley debe ser una primera medida y urgente, en el camino de echar a todas las multinacionales imperialistas y depredadoras que saquean nuestros recursos naturales, bajo falsos discursos de activación económica y generación de puestos de trabajo, que no se confirmaron en San Juan después de 14 años de asentada la Barrick. Ni se concretaron las promesas de cuidado del medio ambiente y activación económica en la tercera provincia más pobre de la Argentina, según lo indican el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Atento a ello es que la presente ley dispone la creación de una empresa estatal que absorberá a los actuales operarios y profesionales de Barrick, a fin de que lleven adelante todos los estudios necesarios y las medidas que correspondan para remediar el daño ocasionado al pueblo sanjuanino y del resto del país, el cual, según los profesionales, puede demandar hasta 10 o 20 años.

Por otra parte, sostenemos que hay que derogar todas las leyes mineras vigentes que avalan la megaminería y prohibir esta metodología por saqueadora y contaminante.

Por todas estas consideraciones, solicito a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de Ley.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su apoyo a las medidas de fuerza que están llevando adelante las operadoras y los choferes de la ciudad de Córdoba en reclamo de aumento salarial digno, contra el 8% que firmó inconsultamente la UTA nacional, el desconocimiento del convenio colectivo especial que rige para las operadoras y los choferes cordobeses, contra los despidos, la militarización del transporte público y la intervención nacional del sindicato local. Desde el lunes 5 de junio están de paro por tiempo indeterminado culpa de las patronales, el gobierno municipal y provincial, con la complicidad del gobierno nacional.

Repudiamos cualquier intento de considerar al transporte público de pasajeros como “servicio esencial” con el único objetivo de seguir atacando el legítimo derecho de huelga de los trabajadores y sus conquistas laborales.

Señor presidente:

Desde el lunes 5 de junio las operadoras y los choferes de la ciudad de Córdoba llevan adelante un paro por tiempo indeterminado en reclamo de aumento salarial y contra los despidos. Los trabajadores exigen que el acuerdo firmado en la paritaria nacional para 2017 y 2018 sea en un pago y sobre el sueldo bruto del convenio de Córdoba.

El acuerdo, firmado entre Roberto Fernández (UTA) y el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, es de un 21% escalonado: 8% en junio, 7% en diciembre y el restante 6% en enero de 2018. Sin retroactivo y sin tener en cuenta del “Costo Córdoba” del 11.5% más, que es una antigua conquista.

Frente al justo reclamo que están llevando las operadoras y los choferes, el gobernador de la provincia, Juan Schiarette (PJ), el intendente de la ciudad, Ramón Mestre (UCR), el interventor de la UTA, Luis Arcando, y la Iglesia a través del arzobispo de Córdoba, Carlos Ñañez, se unieron en una cruzada contra los trabajadores en una fuerte campaña pública con todo tipo de amenazas, intimidaciones y hasta telegramas de despidos incluidos.

A su vez, repudiamos la política de militarización de la ciudad que está llevando adelante el intendente con el aval del gobernador que pusieron a funcionar un servicio paralelo de colectivos a cargo de gendarmes y policías. Así, los gobiernos montaron una feroz campaña para enfrentar a usuarios y trabajadores, tal cual hicieron a principio de año Macri y Vidal contra los docentes convocando a supuestos “voluntarios” para que les den clases a los chicos.

Señalamos que es una vergüenza que los mismos políticos patronales que pretenden que las operadoras y los choferes de Córdoba acepten un 8% de aumento, acaban de aceptar un aumento del 100% de los gastos de representación de sus dietas y que desde esta banca denunciamos.

Por otro lado, repudiamos los proyectos de ley que están impulsando diputados de la UCR con la venia del PRO y la Coalición Cívica (Cambiemos) en el Congreso Nacional. Tienen el objetivo de declarar “servicio esencial” al transporte público de pasajeros. Pero lo quieren declarar esencial no para mejorarlo, otorgarles salarios dignos a sus trabajadores (como el aumento que reclaman las operadoras y los choferes de la UTA Córdoba), mejores condiciones de trabajo y terminar con los negociados entre las empresas y los gobiernos de turno, sino para restringir el derecho de huelga. Los gobiernos que ponen el servicio de transporte para engordar las ganancias de las patronales brindando un pésimo servicio, cobrando el boleto más caro del país y pactan con la burocracia de la UTA salarios a la baja, son los mismos que ahora quieren responsabilizar del desastre al que lo llevaron, empujando a los trabajadores a defender sus salarios y condiciones laborales con medidas de fuerza a las cuales hoy quieren cercenar atacando el derecho de huelga.

Repudiamos la campaña que están llevando a cabo la intendencia de la UCR y el gobierno del PJ cordobés (junto al gobierno de Macri y al ministerio de Trabajo) de enfrentar a los trabajadores con los usuarios, cuando los trabajadores y usuarios son los que tienen que unirse para enfrentar a las patronales y a los gobiernos de turno que están llevando el transporte público, un servicio esencial, al desastre, solo en beneficio de las ganancias patronales.

Hacen campaña contra las operadoras y los choferes para encubrir que el origen de la huelga son los salarios miserables, el pacto con la burocracia de la UTA, el no respeto al convenio colectivo de trabajo y los despidos justificados tanto por el gobierno de Mestre (UCR), Schiaretti (PJ) y la burocracia de Roberto Fernández (UTA), cómplice del ajuste y las paritarias a la baja.

Repudiamos que se diga en uno de los fundamentos de esas leyes que “culpa de las medidas de fuerza se priva a los ciudadanos de los servicios esenciales”. No. La privación de los servicios esenciales viene de parte de las políticas privatistas y pro patronales. Al revés, son los trabajadores quienes defienden un servicio eficiente, a costa de tremendas enfermedades laborales (como las que sufren las operadoras y los choferes) y son las patronales quienes tienen unidades que muchas veces funcionan sin mantenimiento, ahorrando “costos”, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Los usuarios son “víctimas” no de los paros, sino de un servicio privatista pésimo y caro como el que se brinda en Córdoba y el resto del país.

Estas leyes vienen a profundizar el artículo 24 de la ley 25.877 (marzo 2004) dictada bajo el gobierno del peronismo kirchnerista, que declaró esencial a los “servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”, disponiendo la garantía de “servicios mínimos” para evitar la interrupción. Ahora se le agrega el transporte público de pasajeros (colectivos, trenes y subtes) con el objetivo de impedir la protesta en esos servicios, mientras se los siguen dejando bajo el lucro privado.

Las preguntas que nos hacemos es: si el estado subsidia el gasoil a las patronales del transporte y paga con fondos del estado los aumentos de salario de los trabajadores ¿por qué las empresas siguen siendo privadas? Por eso consideramos que un servicio esencial como es el transporte y más aún cuando hay despidos y ataques laborales de parte de empresarios inescrupulosos, esas empresas deberían pasar a manos del estado (nacional provincial o municipal) para que pasen a funcionar bajo control y gestión de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. La única manera de poder brindar un servicio eficiente y accesible para millones de trabajadores y sectores populares que lo necesitan.

Nuestra banca está al servicio de las luchas de los trabajadores, por eso junto al sindicalismo combativo realizamos un acto frente a la casa de la provincia de Córdoba en Capital Federal en apoyo a la huelga de las operadoras y los choferes de colectivos. En esa acción exigimos el paro provincial en Córdoba en apoyo a esta lucha contra las patronales, la burocracia de la UTA y los gobiernos de la UCR y el PJ. Y que la CGT abandone la tregua con Macri y junto a las CTA dispongan una medida nacional.

Por estas razones, solicitamos a los diputados a acompañar este proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rechazar todo intento del gobernador Alfredo Cornejo y el Poder Judicial de Mendoza de desaforar y procesar penalmente a los legisladores provinciales del Frente de Izquierda y los Trabajadores: Héctor Fresina, Víctor da Vila y Lautaro Jiménez, por haber participado de las concentraciones y movilizaciones de trabajadores en el marco del paro nacional del 6 de abril del corriente año, en un claro ejercicio del derecho a peticionar y participar de toda movilización social.

Señor presidente:

El 24 de mayo del corriente han sido notificados los diputados provinciales de Mendoza Héctor Fresina y Lautaro Jiménez y el senador provincial Víctor da Vila, pertenecientes al Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por la Fiscalía de Instrucción n°33 del Poder Judicial de Mendoza, sobre una causa abierta por “impedimento del normal funcionamiento de transportes por tierra”.

Cabe destacar que la imputación se notifica a un año de la represión a los trabajadores estatales donde la infantería golpeó y roció de gas al diputado Fresina, y los dirigentes sindicales Blas y Chávez (https://www.clarin.com/politica/mendoza-reprimen-desalojan-protesta-despidos_0_4ye8IOpG-.html).

En esta ocasión, se trata de la aplicación del art.194 del Código Penal, que proviene del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Esta imputación se aplicó también sobre miembros de la comisión directiva de ATE Mendoza: Raquel Blas y Jorge Chávez, sobre el Secretario General de CTA Autónoma: Guillermo Martínez Agüero, y otros activistas sindicales.

El hecho que les imputan es haber acompañado el pasado 6 de abril del corriente año, la concentración y movilización de trabajadores en el marco del Paro Nacional de las centrales obreras del país.

El gobernador Alfredo Cornejo dispuso para esa ocasión, una fuerte y desproporcional presencia policial para desarticular la concentración callejera y movilización en esa jornada, y fue gracias a la presencia de los legisladores que se evitó una represión sobre los manifestantes.

El mismo día, desde el gabinete del gobierno provincial declararon ante medios locales que procederían al desafuero de los legisladores de la izquierda para que avance la causa penal (http://www.mdzol.com/nota/727472-el-gobierno-pediria-el-desafuero-de-los-legisladores-del-fit-por-el-corte-en-el-centro/; http://www.losandes.com.ar/noticia/por-los-cortes-el-gobierno-busca-el-desafuero-del-fit; http://www.diariouno.com.ar/mendoza/el-gobierno-mendoza-pediria-el-desafuero-los-legisladores-del-fit-un-corte-calle-20170406-n1371596.html).

Consideramos que esta imputación que efectivizan los fiscales del Poder Judicial de Mendoza, no es una simple decisión judicial, sino una decisión política del gobierno.

Se trata de un “salto en calidad” represivo; es una declaración de guerra contra las libertades democráticas. El gobierno pretende que la acción política de los senadores y diputados de la izquierda se limite a las cuatro paredes de la legislatura, es por esto que no es casual que se avance contra los legisladores que estuvieron acompañando cada una de las luchas populares en la provincia y expresándolas al interior del recinto, y que denunciaron los actos de corrupción de funcionarios y legisladores -como el actual ministro de Economía Martín Kerchner (http://www.mdzol.com/nota/555743-piden-investigar-penalmente-a-los-que-viajaron-a-macedonia/)

Si esta medida prospera, la legislatura deberá revocar los fueros de los parlamentarios consumando un régimen de “excepción jurídica” a criterio de gobierno. Ya son violados los fueros, pues se está imputando a quienes ejercen una acción política consecuente con las plataformas electorales por las que fueron votados.

Al mismo momento de la notificación, expresaron su rechazo distintas organizaciones sociales y personalidades políticas. Buscamos que esta cámara de diputados se exprese en la defensa de las libertades democráticas, por el cese de la persecución política a las minorías dentro de la legislatura provincial.

Por estos motivos solicitamos a los señores Diputados que acompañen este proyecto de resolución.

El Senado y Cámara de Diputados...

Ley para que se paguen todas las pensiones no contributivas.

ARTÍCULO 1°: Anúlense todos los decretos, leyes y disposiciones administrativas del ministerio de Desarrollo Social que atacan el pago de las pensiones no contributivas.

ARTÍCULO 2°: Devuélvase con carácter urgente todas las pensiones que se dieron de baja desde la asunción del actual gobierno, junto con la cobertura de la obra social y provisión de medicamentos.

ARTÍCULO 3°: Elévense al valor de la canasta familiar los actuales montos que se pagan por pensiones no contributivas, ampliándose de oficio a todas aquellas personas que deban y tengan que percibirlas.

ARTÍCULO 4°: Por el estricto cumplimiento del cupo laboral en todas las reparticiones estatales; pase a planta permanente de todo empleado con discapacidad; plena accesibilidad física y comunicacional en todos los edificios estatales y accesibilidad y gratuidad de todos los transportes públicos de pasajeros, entre otros reclamos de las organizaciones que defienden a los discapacitados.

ARTÍCULO 5°: Destínense las partidas presupuestarias a tal fin en base a la suspensión inmediata de los pagos de la fraudulenta deuda externa.

ARTÍCULO 6°: de forma.

Señor presidente:

Desde el Frente de Izquierda repudiamos el desprecio y ensañamiento para con los discapacitados por parte de Mauricio Macri y su funcionaria Stanley. Valiéndose de un decreto del gobierno peronista de Carlos Menem de 1997, recortó miles de ayudas, hecho que tildamos de escandaloso.

Macri les quita pensiones a 170.000 personas por 800 millones de pesos para seguir entregando ese dinero a los pagos de la deuda externa. El mismo gobierno que autorizó un “dietazo” a los diputados del PRO, la UCR, el FpV y el PJ ahora se ensaña quitándoles lo mínimo e indispensable a personas que no se pueden valer por sus propios medios. Le dicen a los afectados que llamen a un 0800 para ver si “revisan” la medida. Una barbaridad.

Macri desprecia a los niños con síndrome de down, a quienes sus funcionarios mandaron a trabajar. También actúa contra aquellos que tienen enfermedades incurables, parálisis cerebral o no cuentan con un brazo o una pierna, entre tantas otras desgracias. Decir que sacan una pensión de $4000 porque un discapacitado tiene un auto usado o su cónyuge gana una jubilación mínima de $6.394 es propio de un gobierno de gerentes y Ceos que desprecian la vida de los más humildes.

Además, le quitan la obra social y los medicamentos; no cumplen con el cupo laboral; los mantienen precarizados y no tienen accesibilidad en oficinas ni transporte público. Esto se suma a la quita de medicamentos del PAMI o el recorte a los comedores escolares. Macri aplica un violento ajuste que impacta contra millones de trabajadores y sectores populares con despidos y robo salarial, mientras destina la plata para pagar la deuda externa, subsidia a las privatizadas y petroleras y exime de impuestos a las mega mineras y oligarcas del campo. Llamamos a movilizarnos para que retroceda esta repudiable medida. Y con el presente proyecto de ley pedimos la nulidad del decreto menemista usado por el gobierno de Macri en contra de los discapacitados; planteamos que se deben aumentar las pensiones no contributivas de que se trata en base a la suspensión de los pagos de la deuda externa. Responsabilizamos al gobierno de Cambiemos y a los anteriores del peronismo y la UCR que han destinado el dinero para beneficiar a los de arriba en vez de usarlo para combatir los graves problemas estructurales y sociales.

Por todas estas consideraciones, solicito a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de Ley.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su apoyo al reclamo que están llevando adelante las trabajadoras de limpieza de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue que luchan por la reincorporación a sus puestos de trabajo en las instalaciones de la FADECS.

Exigimos a las autoridades del rectorado y del decanato que contraten en forma directa a las trabajadoras de limpieza, que pasen a ser parte de la planta permanente y que las tareas que realicen sean bajo el convenio colectivo de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional del Comahue.

Repudiamos la respuesta del rector de la Universidad del Comahue, Gustavo Crisafulli, quien realizó una denuncia penal contra las trabajadoras que reclaman por su fuente laboral generando las condiciones para la intervención policial o el intento de desalojo violento por parte de fuerzas políticas afines a la gestión.

Señor presidente:

Las trabajadoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue vienen desarrollando una fuerte lucha en defensa de sus puestos de trabajo y en contra de la política de tercerización laboral que vienen sufriendo hace dos años. El conflicto actual comenzó a principios de año cuando las autoridades despidieron a doce trabajadoras, rescidiéndole el contrato a la cooperativa que las empleaba como parte de la política de tercerización que viene aplicando el rectorado de la universidad del Comahue, encabezado por el Kirchnerista Gustavo Crisafulli.

Las despedidas lanzaron un plan de lucha progresivo, ocupando la sede del Decanato y del rectorado, apoyadas por un sector importante del estudiantado, sindicatos combativos y agrupaciones estudiantiles de izquierda. Han sufrido todo tipo de ataques, amenazas, visitas policiales y presiones por parte de las autoridades de la universidad y del gobierno provincial del MPN, aliado del macrismo.

La historia de lucha de las trabajadoras de limpieza de FADECS-Comahue viene desde el año 2015 cuando ingresaron a trabajar en relación de dependencia con la empresa Litoral Cleaning S.R.L, empresa que sistemáticamente violó los derechos laborales, no pagando los aportes jubilatorios y no garantizando las condiciones de trabajo.

En el año 2016, luego de finalizadas las vacaciones, las trabajadoras se encuentran con la noticia de estar despedidas y la empresa vuelve a tomar represalias. Las trabajadoras con su lucha logran ser reincorporadas, pero bajo la figura de cooperativa. Si bien la figura de cooperativa permitió mantener los puestos de trabajo, también es cierto que mantuvo una fuerte precarización de las condiciones de trabajo, sin estabilidad, sin obra social, aportes jubilatorios y con una carga de polifuncionalidad.

Al momento de la presentación de este proyecto, las trabajadoras llevan varios meses de lucha, reclamando la reincorporación a sus puestos de trabajo, estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo. Y resistiendo todo tipo de ataques a la integridad física y psicológica. El ingreso de la Policía Federal al predio, la privación de servicios básicos para vivir, amenazas telefónicas han sido uno de los tantos atropellos que han debido soportar.

Repudiamos enérgicamente la salida represiva del rector de la Universidad del Comahue, Gustavo Crisafulli, quien realizó una denuncia penal contra las trabajadoras y exigimos la inmediata reincorporación de las trabajadoras y que pasen a formar parte de la planta permanente de la Universidad Nacional del Comahue.

Por estas razones, solicitamos a los diputados a acompañar este proyecto de resolución.