Dec 08, 2021 Last Updated 2:00 AM, Dec 8, 2021

WhatsApp Image 2017 10 12 at 12.25.41 PMRESOLUCIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a

 

Artículo 1.: No adherir al decreto 908, llamado Cobertura Universal de Salud (CUS) por:

1) Sentar las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. En consecuencia, el Estado se correrá de su responsabilidad en el financiamiento del Sistema de Salud.

2) Ser una política que tiende a la privatización del sistema de salud y que favorece a las clínicas privadas.

3) Establecer una diferenciación entre quienes tienen cobertura de salud y quienes la carecen. Estos últimos, obtendrán un “credencial inteligente” que resulta estigmatizante. Esto habilitará las llamadas “canastas de servicios”, las cuáles varían se acuerdo a la capacidad de pago. Con esta credencial, las prestaciones de los hospitales públicos y alguna clínica privada que podría utilizarse, serán limitadas. Es decir, la posibilidad de acceso al derecho a la salud no será en base la situación de salud de cada uno, sino que se establecerá según el cupo de estas canastas de servicios.

4) Profundizar y consolidar la fragmentación e irracionalidad del sistema de Salud y generar mayor desigualdad e inequidad al establecer el “carnet de pobre” y las “canastas de servicios” de acuerdo a la capacidad de pago.

Artículo 2: Comuníquese.

 

FUNDAMENTOS

Es de público conocimiento que el sistema de salud público padece una crisis creciente, evidenciada por los constantes y legítimos reclamos de la población y los trabajadores del sector. Desde la transferencia de los hospitales y principales efectores de salud de nuestro país a las provincias en la década del 90 se pasó de una inversión anual como gasto consolidado nacional de 4,95% del PBI a 2,65% en 2014 según  datos del Banco Mundial. Solo en el último año, el presupuesto nacional para salud fue la tercera parte de lo que se dedicó a pago de intereses de la deuda externa. El proceso ha sido de creciente desentendimiento del estado nacional del financiamiento de la salud con el consecuente deterioro de las condiciones sanitarias de nuestra población. Pero mientras el hospital público está cada vez más desmantelado para atender a millones, crece el negocio de la  medicina privada (prepagas y obras sociales, por la cuales hay que pagar).

           

El Decreto 908/2016 de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, bajo el título de “Cobertura universal de salud” (CUS), ha sido presentado como un ambicioso proyecto cuyo objeto sería hacer llegar los beneficios de la salud a toda la población resolviendo las carencias actuales del sistema sanitario. Una lectura atenta de sus considerandos y articulado,  permite ver objetivos más modestos: por un lado, la devolución de fondos de las obras sociales que arbitrariamente retenía el gobierno nacional, hecho que en estas circunstancias es prenda de negociación de la reforma laboral. Y por otro lado, la asignación de parte de esos fondos, unos $8.000 millones de pesos, “por única vez” destinada “a la financiación de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud”. El Decreto establece que esta importante suma quedará bajo el control compartido del gobierno nacional y los dirigentes sindicales de la CGT. A tal efecto se creará un Fideicomiso de Administración cuya Unidad Ejecutora estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, dos de la Superintendencia de Salud y dos de la CGT.

Por su parte, el presidente Mauricio Macri en una carta abierta publicada por el diario El Tribuno de Salta (7/8/2016) dijo con claridad a qué actividad se dedicará esta multimillonaria suma. Anunció el Presidente que se van a “destinar $8000 millones a los hospitales y vamos a mejorar el sistema para que puedan cobrarles a las obras sociales de una manera rápida y fácil”.

En este mismo sentido, el ministro de Salud de la Nación, Dr. Jorge Lemus en declaraciones recogidas por el diario La Nación de Buenos Aires el 4/8/16, afirmó que para que el sistema de Cobertura Universal de Salud tenga éxito “es absolutamente necesario” complementarlo con dos herramientas de las que el Estado carece. La primera es que el sistema de atención pública sea capaz de facturar sus prestaciones. Con el carnet de la obra social, en el caso de los que tienen cobertura y la credencial inteligente que se propicia para los carentes de cobertura. La segunda herramienta, será un organismo designado por el Poder Ejecutivo que defina los tratamientos y procedimientos médicos para determinar su utilidad y la relación entre el costo y la efectividad y si ingresan o no a la CUS. De cumplirse lo preconizado por el Ministro Lemus, el Decreto 908/2016 consolidaría la desigualdad en el goce del derecho a la salud al establecer la identificación de la población carente –con el estigmatizante “carnet de pobre”- y habilitaría el establecimiento de las llamadas “canastas de servicios”, las cuales varían de acuerdo a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios.

En el Anexo I del presente Decreto se enumeran las múltiples acciones que eventualmente se realizarán con esta suma. El primer lugar lo ocupa la “Identificación, nominalización y documentación de beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud”. La lista es muy ambiciosa: se habla desde “Mejoramiento de los condicionantes sociales de salud” hasta “Acciones de Atención Primaria en Salud” pasando por “Fortalecimiento y modernización del sector público de salud” y tantos otros ítems que uno se pregunta: ¿cómo podrán resolverlos con tan magra suma?

Este decreto revela todo su sentido cuando se lo considera en conjunto con la Ley 17.102/66 llamada Ley SAMIC. Promulgada por el Dictador Onganía en 1966, esta ley sienta las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. Esa ley, que ningún gobierno constitucional derogó, habilita, en combinación con el Decreto 908, la privatización del sistema público de salud.

Quienes impulsan esta política privatista esconden al pueblo que en aquellos países en que logró aplicarse, como Chile o Colombia, llevó a un deterioro nunca visto del sistema de salud. Pero sobre todo eluden mencionar el ejemplo paradigmático de esta política: los EE.UU. Hoy mismo, en el país más poderoso del planeta, donde esta política se generó, planificó y aplicó, se cuentan por decenas de millones los que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud.

Desde el Frente de izquierda creemos que la salida para superar la crisis actual en el sistema de salud sólo podrá solucionarse por medio de la creación de un Sistema Nacional Único de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que reúna la totalidad de los establecimientos sanitarios estatales, incluyendo los provinciales y municipales, los cuales pasarán a la órbita del estado nacional. Esta medida deberá incluir las instalaciones, recursos físicos y tecnológicos. Lo mismo será para todo el personal que presta servicios en estas dependencias que pasarán a ser empleados de planta permanente del Estado Nacional. Esta propuesta permitirá preservar el derecho del pueblo a tener una atención sanitaria universal, gratuita y de excelencia para todos mediante un sistema nacional de salud igual para todos, con consultas tratamientos y medicamentos gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y profesionales del sector.

Por todo lo expuesto, este proyecto de resolución insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad a no adherir al Decreto 908 del Poder Ejecutivo Nacional ya que se aleja de una solución integral de los problemas de nuestro sistema de salud.  En realidad, profundiza y consolida su fragmentación e irracionalidad y genera mayor desigualdad e inequidad al establecer el “carnet de pobre” y las “canastas de servicios” de acuerdo a la capacidad de pago. Es deber del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazar la llamada Cobertura Universal de Salud que propicia el Poder Ejecutivo Nacional.

Por los motivos expuestos, se pide la aprobación de este proyecto de resolución.

Escribe Laura Marrone Legisladora porteña de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires

Cambiemos quiere hacernos creer que garantiza el acceso a la salud para todos, cuando se trata justamente de lo contrario: una virtual liquidación del sistema público universal de salud.

Escribe Laura Marrone, Legisladora Izquierda Socialista Frente de Izquierda Ciudad de Buenos Aires

El macrismo viene gobernando la Ciudad de Buenos Aires al servicio de hundir la salud y la educación públicas, privatizar las tierras y facilitar la especulación inmobiliaria a las grandes empresas para que se hagan de fabulosas ganancias.

DLzBZ0 W0AEY13gLos días 14, 15 y 16 de octubre se realizará en Chaco el 32° Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), un evento único en el mundo que reúne a miles de participantes de todo el país. Las diputadas de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda viajarán a Chaco a participar del mismo.

images 3El gobierno planea bajar la edad de imputabilidad luego de las elecciones. El Ministro de Justicia, Germán Garavano anunció que luego del 22 de octubre enviará al Congreso la reforma del régimen penal juvenil.

El debate acerca de la bajar la edad de imputabilidad resurge ante cada hecho de inseguridad protagonizado por jóvenes. El gobierno y las distintas variantes patronales proponen que la solución a la inseguridad es meter presos a los jóvenes. Pero esto es una farsa. La realidad es que los porcentajes de delitos cometidos por jóvenes no acompañan el discurso punitivo. De acuerdo a estadísticas de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia de Buenos Aires, en 2010, de un total de 575  homicidios dolosos, sólo 11 fueron cometidos por menores de 18 años.

En lugar de combatir a las mafias policiales que utilizan a jóvenes para robar, como salió a la luz con el caso de Luciano Arruga, víctima de gatillo fácil porque se negó a robar para la policía, condenan y estigmatizan a los jóvenes pobres de la sociedad. Cambiemos ha definido avanzar con una medida anunciada por la propia Cristina Kirchner en su gobierno. No olvidemos las palabras del ex gobernador Scioli, quien declaró que "hay que acelerar algunos debates. En Uruguay, Ecuador, México, Paraguay, la imputabilidad de los menores es a partir de los 12" (22/10/2008-La Nación). Es decir, los mismos que permiten el incremento de la pobreza y la exclusión, son los que hoy reclaman por leyes más duras con los jóvenes.

El debate debe centrarse en el estado de vulneración y precarización de las condiciones de vida en general y en particular de los niños, niñas y adolescentes. Un estudio de Rosario mostró que casi la totalidad de jóvenes de 16 a 18 años encerrados en un instituto de “rehabilitación” pertenecían a barrios periféricos, y el 83% no habían terminado la escuela primaria. En nuestro país el 48% de la niñez es pobre, 3 millones de hogares carecen de vivienda digna, 50% de los adolescentes no termina la escuela secundaria. No hay programas deportivos ni culturales gratuitos para todos.

Los adolescentes que incurren en algún delito son recluidos en institutos en condiciones infrahumanas y de violencia. Entre 2004 y 2014 murieron 58 niños y adolescentes en institutos de menores, comisarías y otras instituciones de encierro en el país (colectivociajpp.wordpress.com). Sólo en 2015, en 20 días ocurrieron dos muertes en incendios. Muchos niños que sufren extrema vulneración de derechos son extraídos de su núcleo e internados en “centros abiertos”. Un alto porcentaje, desvinculado de núcleos socioafectivos y sin propuesta de inserción laboral, a los 18 años quedan en la calle expuestos al círculo del delito para sobrevivir.

La solución no pasa por meter presos a los jóvenes. Para que no delincan ni sean usados como mano de obra barata para cometer delitos, deben tener la posibilidad de estudiar y un empleo digno, cosa que este modelo ni el anterior, garantizan. En ciudad de Buenos Aires, miles de niñas y niños son excluidos del sistema escolar todos los años por la falta de vacantes en las escuelas públicas. Entonces, los políticos deberían ocuparse de garantizar los derechos de aquellos jóvenes que quieren encerrar. 

La respuesta al problema de la criminalidad pasa por derrotar las políticas de ajuste que aumentan la miseria; por exigir pleno empleo y salarios dignos; por combatir la corrupción policial y judicial que se asocia a las mafias criminales, por garantizar el acceso a la educación, a cloacas, agua potable, vivienda, salud, etc. 

La criminalización de la pobreza esconde la complicidad de todos los gobiernos con la policía y los jueces, los verdaderos responsables del narcotráfico y el crimen organizado. Los pibes, en todo caso, son víctimas de estas mafias como mano de obra, no victimarios. Como remarcamos siempre desde Izquierda Socialista, hay que combatir la protección que le brindan los gobiernos a las cúpulas policiales y judiciales que son verdaderas mafias delictivas que operan con el narcotráfico, los desarmaderos, el juego clandestino y el crimen organizado. Estamos a favor de promover la elección popular de los comisarios, el control popular del accionar policial y la autoorganización de los vecinos para disuadir el delito.

 

Laura Marrone

Licenciada en Ciencias de la Educación, Docente, Legisladora por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda. Candidata a Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el FIT.

Contacto:

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