La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiamos la detención arbitraria del líder mapuche, “Lonko”, Facundo Jones Huala en la provincia de Río Negro el día 27 de junio de 2017 y exigimos su inmediata libertad. Huala es un preso político, por lo cual no hay razones para que siga detenido por el solo hecho de encabezar la lucha del pueblo mapuche por sus tierras y en contra de las multinacionales y terratenientes usurpadores. Huala está en huelga de hambre reclamando por su libertad, por lo cual hacemos responsable al gobierno nacional, provincial y a la justicia que lo encarceló por su integridad física.

Señor presidente:

El Lonko Weichafe, Francisco Facundo Jones Huala, es un preso político por luchar por tierra para su pueblo mapuche, denunciando la usurpación de los Benetton y Lewis y tantos otros terratenientes. Este 27 de junio lo detuvieron en un puesto de control de Gendarmería en la Ruta 40, Bariloche, fue demorado por averiguación de antecedentes y terminó detenido en un cuartel de Gendarmería. Quedó a disposición del Juzgado Federal de Bariloche, a cargo del juez subrogante Gustavo Villanueva y el fiscal Jorge Bagur Creta.

Quieren justificar su detención con el pedido de captura de INTERPOL que fue emitido por una solicitud del gobierno chileno para extraditarlo. Pero ese mismo pedido de extradición ya fue tratado en juicio en el año 2016 y concluyó en su libertad y no extradición por parte del juez Guido Otranto. Cabe recordar que el juicio anterior fue declarado nulo por una serie de irregularidades, que van desde el espionaje ilegal por un agente de la AFI hasta la tortura a un miembro de una comunidad mapuche por la policía de Chubut. La fiscal Ávila y posteriormente el subprocurador Casal le pidieron a la Corte suprema de Justicia de la Nación que revoque la nulidad y que conceda la extradición de Facundo a Chile. Luego la defensa presentó un informe ante la Corte, y desde fines de año 2016 el caso está pendiente de resolución. Esto quiere decir que Facundo fue detenido dos veces por la misma causa, que ya fue anulada por irregularidades en un juzgado federal. Esta doble persecución es ilegal e inconstitucional.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda repudiamos su nueva detención, que responde a los intereses de los grandes terratenientes que en Argentina y Chile se apropian de las tierras y desplazan a las poblaciones originarias a sectores empobrecidos de las ciudades.

No es casual que el gobernador Das Neves (PJ) haya encabezado una feroz campaña de desprestigio público y exigencia de destitución al juez Otranto cuando liberó el año pasado a Facundo. Y mucho menos que realicen este operativo pocas horas después de la reunión entre Macri y la presidente chilena Bachelet, donde discutieron la extradición del Lonko.

En un comunicado público tras su detención, Jones Huala advierte que el gobierno de Macri, con el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich a la cabeza, se declaró enemigo de la nación mapuche, porque la lucha por su tierra y contra las multinacionales representan “un problema real para las inversiones capitalistas y las oligarquías”. El Lonko afirma que “La ley de extradición dice que lo único que no es extraditable son los delitos políticos o la persecución por motivos raciales, religiosos, ideológicos, o lo que causare conflictividad social en el país; todas estas condiciones se dan en este caso”. A Huala lo mantienen aislado, en una celda de castigo, padeciendo una situación denigrante y discriminatoria y sin que se brinde información sobre las condiciones de su detención. Contra todo esto comenzó una huelga de hambre. Responsabilizamos a Macri, al gobernador y a la justicia por su integridad física.

Por tratarse de una detención arbitraria e ilegal, que solo se justifica con la persecución política a los pueblos originarios y como parte de la criminalización de la protesta social por el gobierno de Macri y los gobernadores, puesta al servicio de los grandes terratenientes y multinacionales como Benetton y Lewis, exigimos la inmediata libertad del Lonko Weichafe Francisco Facundo Jones Huala.

Por estos motivos, solicito a los señores diputados que acompañen este proyecto de resolución.

El Senado y Cámara de Diputados...

Ley de emergencia laboral: prohibición de despidos y suspensiones; estatización de toda fábrica que cierre y reparto de las horas de trabajo con igual salario.

 

ARTÍCULO 1º: Prohíbanse los despidos y suspensiones contra cualquier trabajador en relación de dependencia -tanto en el ámbito público como privado-, sean registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios, monotributistas o bajo cualquiera otra forma contractual. Caso contrario, el despido o suspensión será declarado nulo de nulidad absoluta, debiendo el empleador proceder a la reincorporación inmediata del trabajador en su puesto normal y habitual bajo la fuerza pública.

ARTICULO 2º: Toda empresa o establecimiento que cierre o despida pasará a la órbita del estado nacional y con los fondos necesarios estatales y bajo control de sus trabajadores, comenzará nuevamente la producción o actividad, poniendo la misma al servicio de satisfacer las urgentes necesidades populares.

ARTÍCULO 3º: Procédase al reparto equitativo de las horas de trabajo entre toda la demanda de mano de obra disponible, estableciéndose la reducción de la jornada laboral con igual salario, hasta alcanzar el valor de la canasta familiar.

ARTÍCULO 4º: De forma.

Señor presidente:

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda presenta este proyecto que ataca de raíz el flagelo de la desocupación y frena las arbitrariedades de las patronales que siguen haciendo fabulosas ganancias a costa de los despidos y suspensiones. Todo con la complicidad del gobierno y del Ministerio de Trabajo, los dirigentes sindicales vendidos y los políticos de la oposición patronal que dejan correr estas políticas anti obreras. Junto a Macri, el Frente Renovador, el PJ, el FpV y el resto de los políticos patronales se niegan sistemáticamente a tratar este tipo de proyectos porque están a favor que se ataquen los derechos laborales en pos de seguir engordando las ganancias de las patronales.

Estamos ante una ola de despidos. Solo en la última semana fueron 2.000 los nuevos despidos que se sumaron a la ya larga lista de meses atrás. Lidera el ranking la multinacional estadounidense Pepsico, que acaba de dejar en la calle a 600 trabajadoras y trabajadores. Se suman los 51 despedidos de Walmart en Sarandí; 637 operarios de Atucha por parte de la empresa Nucleoeléctrica Argentina; el cierre de Atanor en Baradero dejó a 60 trabajadores en la calle; Carboclor a unos 150 e Ingredion a 186 entre las plantas de Baradero y Chacabuco; hay posibles despidos en Argensun (Luján), etcétera. Esto se suma a la larga lista de suspensiones en automotrices y autopartistas, entre otros lugares de trabajo, y a los despidos que las patronales en complicidad con los gobiernos ejecutan ante luchas justas, como la reciente de las trabajadoras y choferes de la UTA Córdoba donde decenas fueron despedidos por enfrentar el 8% de aumento para 2017 que firmó la burocracia central. Esto sin contar los despidos y precarización en el ámbito estatal.

A pocas semanas de la visita al país de la canciller alemana Angela Merkel, quien celebró la “apertura de la economía al mundo” de Mauricio Macri y diagnosticó “condiciones más favorables” para la llegada de inversiones al país, la alemana Lanxess anunció el cierre de su planta en la localidad bonaerense de Zárate y despidió a 170 trabajadores.

De acuerdo a los datos oficiales del Indec, para el primer trimestre del año 1.7 millones de personas no tiene trabajo y la tasa de desempleo ascendió a 9.2%, siendo mucho mayor el porcentaje cuando se trata de mujeres y jóvenes. Hay 48.706 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre de 2015 y marzo de 2017. Con el denominado “Plan de reconversión industrial” basado en una mayor productividad (léase súper explotación laboral) peligran 364.000 puestos de trabajo, ya que en determinadas industrias se pretenderá reducir el 50% del personal. Según un sondeo de Sel Consultores sobre 1.400 firmas, el 62% de las grandes y el 50% de las Pymes “ajustó sus costos laborales” con rebaja de horas extras, despidos y suspensiones de personal (Clarín, 3/7). A su vez, la cifra del empleo en negro se mantiene en un 33.3%. Esto significa que 4 millones de asalariados no cuentan con aportes jubilatorios ni acceso a la seguridad social. El kirchnerismo ya había dejado allanado el camino a Macri con un 30% de trabajadores tercerizados y un 40% de trabajadores en negro cuando dejó el gobierno.

Esto se suma al escandaloso robo salarial. Las últimas estadísticas oficiales señalan que el promedio salarial es de $12.695 (mucho menos de la canasta familiar que asciende a $25.000); la mitad de los trabajadores percibe $9.700 promedio y quienes lo hacen en negro, $6.919 (el 27% de estos últimos perciben menos de $3.600), mientras se calcula que con las medidas oficiales desde que asumió este gobierno hubo una transferencia de 16.000 millones de dólares desde los trabajadores y sectores populares a las grandes patronales, petroleras, mega mineras y bancos. Esto ha llevado a que el 10% más rico tenga ingresos 22 veces superiores al 10% más pobre, acrecentándose la desigualdad social y por ende la miseria y pobreza.

Esta ley, en primer lugar, tiende a tomar medidas urgentes y de emergencia para frenar la ola de despidos y suspensiones. No puede ser que las mismas empresas que hicieron ganancias en todos estos años, ahora, ante la no reactivación de la economía y alegando “una crisis”, usen de variable de ajuste a los trabajadores. Prohibir por ley los despidos y suspensiones es una medida ultra necesaria para evitar que se siga adelante con la desocupación.

El Ministerio de Trabajo es cómplice de los despidos y suspensiones. No solo deja correr los ataques laborales sino que los fomenta. Dice que son “conflictos entre privados” para dejar las manos libres a las patronales para despedir. Es el mismo ministerio que se entromete para frenar los aumentos en las paritarias cuando superan el techo salarial (bancarios) o iniciar juicios políticos a jueces cuando fallan para evitar los descuentos de los días de paro, como ocurrió con los docentes bonaerenses.

En segundo lugar, la presente ley dispone que toda fábrica que cierre o despida masivamente debe pasar a manos del estado, para seguir manteniendo las fuentes de trabajo y la producción. No puede ser que la trasnacional yanqui Pepsico, con el objetivo de desprenderse de sus empleados y de la comisión interna combativa, presentó un “Procedimiento Preventivo de Crisis” (protocolo que las patronales utilizan para despedir trabajadores a bajo costo), con el aval del gobierno y en acuerdo con la cúpula del sindicato. Una empresa que facturó en 2016, a nivel global, 10.000 millones de dólares y un ocho por ciento (800 millones de dólares) proviene de sus filiales latinoamericanas, donde la de Argentina es una de las estrellas en producción y ventas. Pepsico no tiene ninguna crisis como lo resaltan los trabajadores y todo esto es un fraude, avalado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en complicidad con el burócrata Rodolfo Daer.

El sindicato de la Alimentación, con Daer a la cabeza, decidió entregar los puestos de trabajo sin luchar, llamando a que los obreros acepten “indemnizaciones dignas”, desestimando el pedido de un paro general del gremio, un plan de lucha hasta reincorporar a los despedidos y el aporte solidario del 2% al fondo de lucha, mandato de la comisión interna. En lo que va del año, 7.000 trabajadores de la alimentación perdieron sus empleos, pero Daer les pide a los despedidos que no luchen y que expresen su bronca “en las urnas” mientras él apoya las listas del PJ de Randazzo. Acá no hubo nada de “preventivo (al otro día de la presentación judicial dejaron en la calle a 600 familias) ni de “crisis” (porque la multinacional yanqui tiene ganancias millonarias).

Lo mismo ocurrió con AGR-Clarín, donde se despidieron a todos los trabajadores (380 familias) sin que haya ninguna crisis, al revés, se trata de un multimedio que está haciendo fortunas. En estos casos, esas empresas deben pasar a manos del estado para que sigan produciendo (alimentos la primera, impresiones la segunda) para el pueblo trabajador.

En tercer lugar, para dar empleo a toda la mano de obra disponible, se hace necesario repartir las horas de trabajo entre todos los trabajadores en condiciones de prestar servicios. Terminando con la paradoja de que hay trabajadores con jornadas agotadoras y extenuantes y miles de trabajadores que están desocupados. Esta medida permitiría combatir inmediatamente el problema del empleo. Y llevaría necesariamente a la reducción de la jornada laboral, con igual salario.

Esto evitaría lo que ocurrió en General Motors, una empresa estadounidense que recibió préstamos y pago de parte de los salarios por parte del estado. Resulta que suspendió a 350 trabajadores (que serán despedidos dentro de poco) y los ritmos de producción aumentaron para la menor cantidad de trabajadores que sigue trabajando en la plata de Alvear-Rosario, quienes sufren, además, enormes accidentes laborales.

Las medidas que proponemos en el presente proyecto evitarían estos casos aberrantes como tantos otros que se dan bajo este plan de ajuste capitalista que aplica Macri de la mano de las patronales y de la burocracia sindical, a lo que se agregan los cambios en los convenios colectivos con quita de conquistas y mayor flexibilización laboral.

Las medidas de emergencia que proponemos en este proyecto las consideramos parte de un plan alternativo obrero y popular para combatir a las patronales capitalistas y sus planes de explotación de la mano de los gobiernos de turno y de la burocracia sindical. Y una contribución al apoyo a las luchas en curso contra los despidos y suspensiones y los atropellos patronales.

Por todas estas consideraciones, solicitamos a las diputadas y diputados que acompañen este proyecto de ley.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiamos la detención arbitraria del líder wichí Agustín Santillán en la provincia de Formosa el día 14 de abril de 2017 y exigimos su inmediata libertad. Santillán es un preso político, y no hay razones para que siga detenido por el solo hecho de encabezar la lucha del pueblo wichí por sus tierras, por agua, educación, salud y por el cumplimiento de los derechos indígenas. Santillán está en huelga de hambre reclamando por su libertad, por lo que hacemos responsables por su integridad física al gobierno nacional, provincial y a la justicia que lo encarceló.

 

Señor presidente:

Agustín Santillán es un referente de la lucha del pueblo wichí desde el año 2007, cuando siendo un docente bilingüe comenzó a reclamar la falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Participó en el acampe Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y luego de eso lo echaron de su trabajo en la escuela y comenzó a ser perseguido por el gobierno provincial de Gildo Insfrán (PJ). Por diferentes medios efectuó denuncias sobre las condiciones de vida de su pueblo: desde notas a los ministerios provinciales que no tuvieron respuesta hasta su participación en importantes medios de comunicación, denunciando las escuelas rancho y las violaciones de derechos humanos a la comunidad wichí.

Vive en la localidad formoseña de Ingeniero Juárez, una de las más pobres del norte y territorio ancestral de los wichí. En diciembre de 2015 ganó la intendencia Rafael “Pachanga” Nacif, que dejó segundo a Cristino Mendoza (intendente durante doce años). Comenzó un enfrentamiento entre ambos en el que se valen de los jóvenes de comunidades wichí como fuerza de choque, aunque los dos están alineados con el gobernador Insfrán.

Desde el mes de marzo de 2017 Juárez padece inundaciones. Las comunidades indígenas denunciaron la falta de ayuda estatal y los reclamos fueron en ascenso. En ese contexto, se produjeron saqueos a viviendas y comercios. El 14 de abril Agustín fue detenido, acusado de participar en los saqueos, pero su esposa Gabriela Torres, que también fue encarcelada y ahora está libre por falta de mérito, afirma que no estuvo presente en ninguno de los mismos. Fue brutalmente golpeado, y lo trasladaron al penal de Las Lomitas, en donde permanece detenido en aislamiento. En una entrevista realizada telefónicamente por RNMA (Red Nacional de Medios Alternativos) durante su detención, Agustín explica que por motivo de las inundaciones mandaron cosas a Juárez y “el gobierno en lugar de repartir, guardaron en depósitos. Entonces la gente decidió ir a la municipalidad y encontraron mercaderías, colchones y frazadas. Algunas cosas ellos llevaron porque sabían que eran de ellos. Ahí me armaron la causa por robo en poblado y en banda”.

Su abogado defensor, el doctor Daniel Cabrera, también entrevistado por RNMA, explicó que “De las 28 causas que tiene, solo se ha investigado en una de ellas y se ha dictado la falta de mérito. En todas las otras no se ha investigado”. El expediente 752/17, en el que se dictó el procesamiento con prisión preventiva para Agustín Santillán y para Víctor Hugo Delgado, se recaratuló con el delito de robo agravado por el uso de armas de fuego, que se le imputó a Agustín Santillán y a 17 personas más. Sobre esto, el abogado aclara que el juez “no tiene probada la existencia de algún arma […] Inclusive (el delito) es agravado por arma de fuego, o sea hace una aclaración que no es solo el arma sino que es de fuego […] siendo que en el hecho en sí no existen constancias de que se haya secuestrado a alguno de todos los imputados o que se haya allanado en el domicilio de alguno de todos los imputados. Tampoco existe constancia de que se haya disparado algún tipo de arma de fuego […] Quieren ocultar el reclamo que venía realizando Agustín solo por el hecho de mantenerlo privado de su libertad buscando argumentos que carecen de lógica y de prueba”.

Agustín Santillán está preso por denunciar las condiciones de pobreza extrema en las que vive su pueblo. La comunidad wichí no tiene trabajo, agua, educación, salud ni viviendas, realidad que el gobernador peronista Gildo Insfrán y el gobierno de Macri quieren ocultar. Al momento de la presentación de este proyecto Santillán lleva más de dos semanas en huelga de hambre (su segunda huelga de hambre desde que está detenido), poniendo en peligro su vida para denunciar la injusticia de su detención. Exigimos su liberación inmediata, y hacemos responsables al gobierno de Cambiemos, a Insfrán, al intendente y a la justicia que lo encarceló por su integridad física.

Por estos motivos, solicito a los señores diputados que acompañen este proyecto de resolución.

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Reclamar la libertad y la absolución de Victoria Aguirre, joven misionera injustamente criminalizada y puesta presa desde hace más de dos años por el asesinato de su pequeña hija Selene, siendo ella víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y asesino de su hija.

Repudiar el accionar del Poder Judicial, la fiscalía y el Estado provincial que, en un juicio plagado de irregularidades, coloca en el banquillo de los acusados a la víctima junto con el victimario, Rolando Lovera (ex pareja de Victoria) quien sometió a golpes y amenazas a Victoria y terminó con la vida de la niña de dos años.

 

Señor presidente:

A partir de un pedido de recusación por parte de la defensa de Victoria Aguirre, se suspendió el juicio en el Tribunal Penal Número 1 de Oberá por la muerte de su hija, Selene Aguirre, una niña de poco más de dos años con retraso madurativo que murió tras ser brutalmente golpeada.

 

La defensa de Victoria, así como las organizaciones de mujeres, apuntan por el crimen a Rolando Lovera -ex pareja de Victoria- y denuncian que se trata de un femicidio vinculado.

 

En el banquillo de los acusados, sin embargo, están sentados tanto el victimario, Lovera, como una de las víctimas de su violencia, Victoria.

 

Se ha formado una mesa provincial de organizaciones que reclaman la libertad y absolución de Victoria. Se están desarrollando movilizaciones tanto en Oberá como la Ciudad de Buenos Aires.

 

El pedido de recusación, por "manifiesta parcialidad", tuvo lugar después de dos jornadas de intenso debate, en donde quedó de manifiesto lo que veníamos advirtiendo desde un principio: la fiscalía y el tribunal ya habían condenado a Victoria desde un principio y la atacaban con saña.

 

Además, obstruyeron el desarrollo de la declaración del psiquiatra Oscar Krimer, quien realizó el informe psicológico que deja constancia de la relación violenta en la que se vio envuelta Victoria y el estado en que esa relación la hundió. En su declaración, fue hostigado y censurado por la fiscalía, que lo reprendía para que se abstuviera de explayarse sobre un informe que el Tribunal decidió rechazar como prueba, por lo que su declaración es lo único que quedó como tal.

 

Otro punto importante en que se basa la recusación es en las pericias de las cámaras de seguridad de la arenera, donde trabajaba de sereno Lovera, y donde sucedió la muerte de Selene. El sub oficial que declaró en la segunda jornada se negó a confirmar si Victoria había ingresado sola allí, porque la orden que había recibido era revisar las imágenes donde aparecía la niña y no antes. Dejó en claro que hay una secuencia de video donde se ve que Lovera ingresa con Selene a una habitación de la arenera y sale con ella minutos después con la niña en brazos. Cuando el abogado de Victoria intentó indagar al sub oficial sobre ese hecho, la fiscal y el tribunal lo llamaron a callar y no le permitieron proseguir con el interrogatorio.

 

Tema aparte son los ataques terribles por parte de algunos medios locales hacia este caso, publicando titulares tendenciosos que apuntan a condenar a Victoria sin miramientos, incluso hasta sacando de contexto los alegatos de los testigos.

 

A pesar de la suspensión del juicio, todavía el Tribunal tiene que rechazar o aceptar esta recusación en 48 horas y realizar una audiencia oral junto a un tribunal independiente. Cualquiera sea el resultado, el juicio se reanudaría luego de la feria.

 

Este juicio constituye un grave caso de criminalización y revictimización de una joven que fue desamparada y agraviada por un Estado clasista y misógino. La saña que se evidencia contra Victoria es la misma que sufrieron Belén en Tucuman o Higui en la provincia de Buenos Aires, y tantas otras como ellas en todo el país. Hay un trasfondo común, que es la acción de un Estado que busca aleccionar a las mujeres pobres y trabajadoras sobre el rol social de sumisión y somentimiento al que esperan que nos sometamos.

La respuesta del movimiento de mujeres es la movilización y este proyecto pretende ser un punto de apoyo en esa lucha contra la criminalización de las mujeres pobres y trabajadoras.

Por todos estos motivos, solicitamos a los señores diputados el acompañamiento de este proyecto de resolución.

El Senado y Cámara de Diputados...

ARTICULO 1° - El Estado Nacional reconoce una indemnización a favor de los ex agentes de la empresa pública, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) - o a sus derechohabientes -, que estuvieran en relación de dependencia con la empresa al 16 de enero de 1992. Este reconocimiento es en base al derecho adquirido en virtud de la Ley N° 23.696 que instituyó el régimen del Programa de Propiedad Participada para todo el personal de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas "sujeta a privatización".

ARTÍCULO 2° - Se fija la indemnización en la suma de NOVECIENTOS VEINTE MIL pesos ($920.000) o el equivalente en pesos a SESENTA mil dólares (U$S 60.000), el importe que resultare más favorable al trabajador. La compensación será pagadera en efectivo, en pesos y al cambio del día del cobro de la misma. Una vez publicada en el boletín oficial, si el importe más favorable al trabajador fuere la suma de NOVECIENTOS VEINTE MIL pesos ($920.000), la misma se ajustará según el índice combinado IPC y salarios privados del INDEC.

ARTICULO 3° - La indemnización no podrá ser gravada con ningún tipo de impuesto y es inembargable.

ARTICULO 4° - En el plazo de sesenta (60) días corridos de la sanción de esta ley, el Ministerio de Hacienda de la Nación, deberá reglamentar la ley y notificar a los ex agentes de SEGBA, incluidos en el Artículo 1° de la presente ley, las liquidaciones y el pago cancelatorio que les correspondan, teniendo en cuenta las pautas indicadas en el artículo 2° de la presente ley. El pago de la indemnización no deberá exceder los 180 días corridos de la sanción de esta ley.

ARTICULO 5°_ La presente ley comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 6°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

La privatización menemista de la empresa pública Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) provocó catástrofes sociales de todo orden: cesantearon a más de 16.000 trabajadores, se desmanteló la infraestructura de distribución de electricidad, en la zona respectiva: Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y en La Plata, la tarifa eléctrica se elevó y dolarizó, se introdujo la tercerización laboral, los convenios por empresa, los cortes de luz se dieron año tras año, accidentes tanto laborales como en la vía pública, totalmente evitables. La propia entrega de Segba fue un desfalco al Estado en beneficio de las empresas privatizadas. Luego del período menemista, estas empresas fueron rescatadas una y otra vez por los diferentes gobiernos, y renovados los grupos empresarios gracias a los favores de los funcionarios y el Estado. Se les otorgaron aumentos de tarifas, reducción del costo laboral, no se les exigió inversiones, se las premió con bonos y se les absorbieron sus deudas.

Esto, en contraste con las deudas contraídas con los trabajadores, los cuales no sólo sufrieron las consecuencias sociales del despido sino que además no se les pagó el derecho adquirido a través del Programa de Propiedad Participada (PPP). El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos instrumentó dichos Programas en las sociedades comerciales surgidas de la privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (SEGBA SA.). Dentro de dicho proceso de instrumentación se incluyó a Edesur S.A., Edenor S.A., Edelapp S.A., Central Puerto S. A., Central Costanera S.A. y Central Dock Sud S.A. En la propia ley de reforma del Estado (ley 23696/89) se estableció este programa, como una forma de neutralizar cualquier oposición a las privatizaciones y presentarlas como un proceso que traería eficiencia y ganancias, que llegarían a los trabajadores. El PPP otorga el 10% del capital accionario a los trabajadores que se encontraban en relación de dependencia al momento de la privatización de la empresa. Por el Decreto 265/94, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó la instrumentación realizada, adjudicando a los empleados de dichas sociedades que se hubieran adherido al Programa de Propiedad Participada, el 10 % del paquete accionario reservado para el mismo, en acciones ordinarias –Clase “C”, fijando los siguientes valores por acción: Edesur $ 0,95; Edenor $ 0,92; Edelap $ 1; Central Puerto $ 1,83; Central Costanera $ 1,12 y Central Dock Sud $ 1,46. Lejos de cumplir la ley, junto con el vaciamiento del sistema eléctrico de SEGBA, no se le pagó a los ex trabajadores el PPP, que se vieron obligados a hacer todo tipo de reclamos. La dirección del sindicato de Luz y Fuerza, con Adrián Lezcano a la cabeza, no sólo no convocaron a ningún tipo de medidas para impedir esto, sino que fueron cómplices en el desfalco de las PPP.

Las medidas tomadas con los servicios eléctricos en el país son una espiral de protección estatal sistemática a los grupos económicos y a la colocación del peso de este rescate sobre las espaldas de los trabajadores y la población:

Durante la dictadura videlista se estatizó la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), - uno de sus dueños fue el ministro de Rafael Videla, Martínez de Hoz - absorbiendo su deuda, incorporándola a Segba. Esta medida provocó un vaciamiento.

La deuda que absorbió el Estado fue de 1.480 millones de dólares, el valor de los activos de CIAE, transferidos a SEGBA fueron sólo por 330 millones de dólares.

A mediados de los 80, un estudio técnico de SEGBA estableció que la mayor parte de los equipos que habían pertenecido a la ex-CIAE estaban amortizados, o sea que habían superado ampliamente su vida útil: seccionadores instalados a principios de los años treinta, turbinas obsoletas y cables con cincuenta años de antigüedad que SEGBA se vería obligada a reemplazar con créditos del Banco Mundial y el BID. La Central Puerto Nuevo se convirtió en un monumento al óxido y a la infamia. El Estado había pagado casi 400 millones de dólares por unos bienes que en poco tiempo se convertirían en chatarra.

Esta situación desembocó en la grave crisis de abastecimiento de 1988/1989, caracterizada por significativos cortes programados en todo el Sistema Interconectado Nacional por una magnitud superior a los 1.000.000 MWh/año. El gobierno de Carlos Menem, privatizó SEGBA, que fue disuelta y sus tareas quedaron divididas. La distribución de electricidad se dividió en tres áreas, controladas por EDENOR, EDESUR y EDELAP. En junio de 1993 SEGBA transfirió sin cargo, a la empresa TRANSENER las líneas de 500 kV y varias subestaciones. El 1º de septiembre de 1992 comenzó a operar EDESUR dentro del área de concesión. Los apagones afectaron seriamente a la ciudad y el Gran Bs.As., desencadenando sanciones, protestas masivas y cortes de calles por parte de los usuarios afectados.

Para reducir el precio de las empresas públicas y facilitar su venta las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes apuntaron a que quedaran en la presentación los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. El Poder Ejecutivo Nacional adjudicó el 51 % de las acciones a la oferta presentada por el Consorcio Distrilec Inversora S. A. (DISTRILEC), integrado por Perez Companc, Chilectra, Enersis, Endesa de Chile, PSI y TAICO. La Empresa Nacional de Electricidad S. A. (ENDESA) y J. P. Morgan International Capital Corporation, se organizó para presentarse como oferente para la venta de las acciones clase "C" de EDENOR S. A. El 10 de septiembre de 1992 se realizó la toma de posesión, iniciándose las operaciones de la Sociedad. EDENOR tenía por objetivo la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de la zona norte de la Capital Federal y varios partidos de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP S. la ex unidad de negocios La Plata de SEGBA fue entregada en concesión al consorcio COINLE.

Fue una gran estafa: el Estado, bajo el gobierno menemista transfirió 330 millones a las empresas adjudicatarias y cobró 194 millones por la privatización, con lo que no llegó a cubrir con ese precio ni siquiera el valor de las deudas. Se vendieron las centrales térmicas, las hidroeléctricas, y las líneas de alta y baja tensión. Se redujo drásticamente la cantidad de trabajadores, con una baja de cerca de 16.000 empleados entre 1990 y 1991. La reducción del personal acompañó una estrategia de flexibilización que dio sustento a nuevas formas precarias y flexibles de contratación. A fines de la década del 90 las empresas privatizadas, pese a las altas tarifas, redujeron la inversión y el mantenimiento, con el consecuentemente deterioro del desempeño técnico. Esta situación influyó sobre la calidad de los servicios.

El efecto de las privatizaciones sobre los trabajadores del Sector Eléctrico fue brutal:

Despidos masivos, que en las empresas de distribución llegaron al 30% del personal, en las centrales térmicas superó el 45% y en el área del transporte fue cercana al 25%.

Los retiros voluntarios fueron la formulación para los despidos, se inducía a los trabajadores a tomarlo con acciones persecutorias o discriminatorias. Se impuso la tercerización de varios sectores de la producción, esto permitió a las empresas reducir los costos laborales y debilitar la unidad de los trabajadores. Los trabajadores contratados en estas empresas son generalmente trabajadores precarios, con condiciones de trabajo mucho más desfavorables y salarios menores.

Por otro lado, no se pagó el Programa de Propiedad Participada: dichos programas intentaron, por un lado, contener la resistencia de los trabajadores y sus organizaciones a las privatizaciones y, por otro lado, formó parte de una estrategia de cooptación de los trabajadores, (ahora "adquirientes"), para obtener de ellos mayor colaboración en los procesos productivos con el propósito de asegurarse el aumento de la productividad.

En este cuadro, impusieron los Convenios Colectivos de Trabajo por Empresa, que avanzaron en condiciones flexibles de trabajo. La jornada de trabajo quedó establecida en 41,5 horas semanales en turnos rotativos, aplicando la flexibilidad horaria. Se aceptó la polivalencia y se destruyó el sistema de categorías fijándose seis categorías que absorben las doce que establecía el Convenio anterior de las dos distribuidoras. Se estableció un salario básico muy bajo (500 dólares), adicionales por productividad y modificaron el régimen nocturno para pagar menos horas extras. Se estableció un período de prueba para los trabajadores nuevos de hasta seis meses, sin aportes jubilatorios, y sin derecho a indemnización, en caso de despido, avanzando de este modo en la Flexibilidad Contractual. Dentro de esto mismo, se habilitó a la empresa a contratar hasta un 20% del plantel total, con contratos de tres meses renovables hasta dos años. Este tipo de contratos se está extendiendo dentro de la actividad al resto de las empresas.

La Ley 23696, en su Art. 22º determinó que podrán ser sujetos adquirentes en un Programa de Propiedad Participada, los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia. Si bien no fijó una “fecha de corte”, ésta, según la propia ley, se establece al momento de la privatización de los entes; en el caso de Edesur S.A. se tomó posesión 1º de Septiembre de 1992. La Empresa SEGBA S.A. finalizó su actuación el 31 de Agosto de 1992.

A los ex agentes de la ex empresa SEGBA S.A., que habían dejado de pertenecer a la Empresa antes de liquidarse el Programa, el Estado no les reconoció el derecho a percibir las acciones, alegando esta circunstancia. Pero la Corte Suprema de Justicia falló en contra de esta posición, en las actuaciones caratuladas Antonucci Roberto c/ YPF y otros/ part. accionario Obrero A 530 XXXV, sosteniendo que la Ley 23696 establece que el capital accionario de las empresas podría ser adquirido, en todo o en parte, de un PPP, y que los empleados de un ente a privatizar se encuentran entre los sujetos adquirentes. También señaló que el sistema instituido en dicha Ley no revestía de carácter imperativo y que la literalidad de los textos reguladores del marco del PPP, previstos en el Art. 22º de la misma, hacen permanente referencia al empleado adquirente del Ente a privatizar y no al que reúne tal condición en un Ente ya privatizado, como resultaría de adoptarse el criterio de la apelante, Estado Nacional. Es decir, que el ex empleado no debía permanecer en actividad a una determinada fecha, sino que estuviera en relación de dependencia antes de la privatización de la Empresa.

En consecuencia, se les debe reconocer una indemnización económica a los ex agentes de la Empresa SEGBA, encuadrados en el mencionado Art. 22º., que no se hubieran acogido al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en su instrumentación, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. Ello por hallarse en las mismas condiciones y por haber sido excluidos por similares motivos que los ex trabajadores de YPF, a pesar de hallarse en actividad en las Empresas al momento de sus privatizaciones. Dicho reconocimiento sería un acto de justicia y de equidad, y también de reparación histórica, dado el tiempo transcurrido, y considerando que la exclusión a que fueron sometidos fue arbitraria e improcedente.

Conforme a lo expuesto se considera que la exclusión a la que fueron sometidos los ex trabajadores de la ex empresa SEGBA S.A., al aprobarse la Cancelación anticipada de las acciones del PPP de Edesur S.A. por la Resolución No. 735/1999, del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, no correspondía. Ello es así, ya que al argumentarse ante el reclamo de los ex trabajadores que no les asistía ningún derecho sobre las acciones, salvo las canceladas con los dividendos al momento del cese, por haber dejado de pertenecer a la Empresa. El argumento mencionado, como quedó dicho, fue refutado por la Resolución de la Suprema Corte de Justicia.

Junto con las prebendas a las privatizadas y el hundimiento de los trabajadores se dispararon los grandes apagones. Estos apagones, como el apagón de Febrero de 1999 de EDESUR, provocaron grandes movilizaciones en su contra. Por otro lado, los accidentes en la vía pública aumentaron y también los accidentes laborales. En diciembre de 1994 un hombre cayó en un pozo abierto por una contratista de Edesur y murió por electrocución. Edesur no cumplió con las normas elementales de seguridad.

En 1995, dos obreros de una empresa contratista de Edesur sufrieron una descarga de 13.200 VOLTIOS lo que les provocó graves quemaduras. Edesur destacó que se trató de un error humano. En mayo de 1998, una joven de 22 años murió inmediatamente al atender el teléfono de su casa y recibir una descarga eléctrica de 13.200 voltios. Tanto Edesur como Telefónica negaron cualquier tipo de vinculación con el accidente alegando que "por las líneas telefónicas no circula corriente". Y así, se pueden seguir con los ejemplos.

Al mismo tiempo, la privatización eléctrica de los 90 –apoyado por todos los partidos gobernantes- fue un gigantesco operativo de endeudamiento externo, sustentado en generosas tarifas en dólares. Cuando este esquema se fundió, junto a la quiebra y la devaluación del 2001, Duhalde-Lavagna-Kirchner pesificaron las tarifas y el gobierno le consintió a las eléctricas una verdadera huelga de inversiones. Pero al mismo tiempo, los compensaron con subsidios crecientes. Como ocurrió con los Cirigliano en el ferrocarril, esos recursos fueron utilizados para financiar un proceso de concentración empresaria, mientras Edenor y Edesur eran vaciadas. El grupo Pampa, controlante de Edesur y perteneciente al empresario K Midlin, compró subsidiarias de energía en todo el país. Luego, fabricó “deudas” de Edenor en favor de ellas, un artilugio para impedir que las ganancias de Edenor financiaran inversiones. Las maniobras de desinversión fueron también frecuentes en Edesur, donde participó accionariamente el empresario Nicolás Caputo.

El caso más claro de monopolización es el del grupo Pampa Energía (Midlin), el cual acaparó a la principal transportadora de energía del país -Transener- y a Edenor por un precio irrisorio, para pasar a controlar luego seis centrales eléctricas y varias distribuidoras del interior. Cuando Pampa Holding sale, en 2007, a cotizar en bolsa, había aumentado su valor en 10 veces y su participación en la transportadora Transener era más del doble de lo que había pagado. Todo eso, mientras el sistema eléctrico del país se derrumbaba. Las ganancias que obtuvo Midlin le permitieron comprar Petrobras Argentina por 1.200 millones de dólares.

Sin ninguna investigación sobre lo que hicieron las empresas con los subsidios, el gobierno les ha otorgado un aumento de tarifas sistemático. Además, introdujeron en el Presupuesto 2017 un verdadero regalo a las empresas de electricidad. Se trata, nada más y nada menos, de condonar la deuda de 19.000 millones de pesos que éstas tienen con Cammesa, la empresa mayorista de electricidad controlada por el Estado.

Frente a esta estafa y entrega del patrimonio nacional, frente al fracaso de las privatizaciones y el incumplimiento del pago del PPP, los trabajadores de SEGBA reclaman que se les pague esta deuda por dicho programa, establecido en la ley Nº 23.696 de Reforma del Estado. Todos los agentes que tenían relación de dependencia al momento de privatizarse la empresa – 16 de enero de 1992, con la vigencia de la ley N° 24.065-, tienen derecho a recibir una indemnización en iguales condiciones en que recibieron los pagos correspondientes los trabajadores de las privatizadas que no fueron despedidos.