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Socialista es una publicación de Izquierda Socialista
Escribe:
María Yesca
¿De mal en peor?
Manotazo del gobierno por la inseguridad
Los pésimos resultados electorales del 11 de agosto han motorizado una serie de medidas que supuestamente servirían para mejorar la seguridad de la castigada población bonaerense. Presentadas con el conocido doble discurso, son una mezcla de improvisación electoral con un manotazo hacia la “mano dura”, que no apuntan a ninguna solución. Las propuestas de Izquierda Socialista son totalmente distintas
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Trasladar gendarmes no es solución. Nombrar a Granados, tampoco. |
Sin duda, aquello que el secretario de Seguridad Sergio Berni o el verborrágico senador Aníbal Fernández tildaban de “sensación de inseguridad”, provocada por las “campañas de los medios”, pasó a ser tema de preocupación gubernamental. Varios intendentes del Gran Buenos Aires han insistido en que la reciente derrota electoral del Frente para la Victoria tiene que ver con el flagelo de la inseguridad. En la campaña de las PASO este fue uno de los principales temas de denuncia del peronista opositor Sergio Massa. Buscando revertir la pérdida de votos, el gobierno tomó como prioridad hacer anuncios y cambios que prometen mejorar la indefensión ante el delito de los sectores populares. Cada una de estas decisiones ya provoca nuevos problemas y cuestionamientos, incluso en sectores del kirchnerismo que han alertado sobre un giro hacia las medidas de derecha o centro derecha.
Ineficiencia y mano dura
En la desesperación por recuperar votos, el gobierno dispuso trasladar 4.500 gendarmes desde sus puestos de frontera al conurbano bonaerense. El primer problema que provocó con esta medida es que el ejército tendría que ocuparse de las tareas que estos cubrían, y una ley nacional les impide actuar contra el delito dentro del territorio nacional. Esto quiere decir que una vez más se verán beneficiados los narcotraficantes, que van y vienen por cielo y tierra en medio de una impunidad que crece desde hace años. Al mismo tiempo, es muy cuestionado que estos miles de gendarmes sirvan de algo, cuando desconocen el medio social y geográfico y todo apunta a que se volverán a sus destinos habituales luego de la votación del 27 de octubre. Para completar el desquicio, ya hay todo tipo de denuncias sobre las malas condiciones de trabajo y vivienda de estos efectivos, que los harán aun más ineficientes ante los delincuentes grandes y pequeños.
La segunda medida fue la creación de un ministerio de Seguridad bonaerense, al frente del cual se nombró al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, fiel defensor de la “mano dura” y la corrupción policial. Si como muestra basta un botón, recordemos el asesinato del adolescente Diego Peralta, ahogado en una tosquera por policías de Ezeiza, lo que llevó a que se denunciase la existencia de escuadrones de la muerte en ese municipio.
Isaurralde viene impulsando personalmente la tercera medida, ya debatida desde hace años: bajar la edad de imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años. Esta fue hace años una bandera del ahora alicaído diputado peronista opositor De Narváez, y antes de Blumberg, al mejor estilo Macri. Toda la experiencia nacional y de otros países ha probado largamente su inutilidad. Hasta ahora el gobierno la había rechazado. Personajes del riñón K como Aníbal Fernández y Kunkel han declarado que están en contra.
Nuestras propuestas
El problema de fondo para que aumente la inseguridad es que cada vez hay más pobreza y marginalidad, y que nada se hace contra la corrupción de las fuerzas policiales. Sergio Berni declaró que en todo delito casi siempre hay menores involucrados. Lo que nunca dirá es que en todo delito siempre hay involucrados comisarios y otros funcionarios policiales, jueces y políticos patronales. Por eso siempre hemos rechazado que con más policías o más patrulleros haya soluciones.
Los pasos que ha dado el gobierno no solucionarán el flagelo de la inseguridad, donde los trabajadores y los más pobres somos quienes más lo sufrimos. Tampoco sirven las falsas promesas de Massa. El “modelo” de esta década perdida es el caldo de cultivo de la violencia en las calles y la delincuencia. Es urgente lograr salarios dignos y trabajo para todos. Y combatir la protección que le dan las corruptas cúpulas policiales, judiciales y los políticos patronales a las mafias del crimen organizado, los desarmaderos y el narcotráfico. Exijamos la elección popular de los comisarios, el control popular del accionar policial y el desmantelamiento del aparato represivo. Y comencemos la autoorganización de los vecinos para disuadir el delito.
Córdoba: Se destapó la olla del negocio y la corrupción policial
Una investigación periodística publicó vinculaciones entre los máximos responsables de la División de Lucha contra el Narcotráfico de la policía provincial y un grupo de reconocidos narcos. El informe periodístico demostró que compartían las ganancias de los decomisos de la droga y el dinero de la venta de los mismos. A esto se suma el “suicidio” de un agente investigado por el tema y el apartamiento de los jefes de la División de Drogas Peligrosas.
Los narcos tienen vía libre para sus negocios, igual que en todo el país. Nada para envidiar a la policía del Frente Progresista de la provincia de Santa Fe. A esta policía el gobernador le “confía” la seguridad de los ciudadanos. En medio del fuego en nuestra provincia, se le suma otro incendio al gobernador De La Sota. Exigimos inmediatamente el desmantelamiento del aparato represivo cordobés.
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