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Liliana Olivero
Escribe:
Liliana Olivero
Legisladora Izquierda Socialista - Córdoba

El pacto K-Monsanto

El plan de instalar una nueva fábrica de Monsanto en Córdoba, aprobada por Cristina Kirchner, desnuda que el gobierno justicialista es “nacional y popular” solo para los días de fiesta. El kirchnerismo, apoyado en este caso por su colega peronista De la Sota, finalmente pactó con la multinacional norteamericana para que siga saqueando al país.

Ejecutivos de Monsanto reunidos con la Presidenta en Nueva York, anunciando la planta a radicarse en Córdoba: Jesús Madrazo, líder del Negocio Internacional de cultivos de la compañía; Bernardo Calvo, presidente de Monsanto Latinoamérica Sur, y Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto Latinoamérica Sur. Foto: Télam. 2012

Ejecutivos de Monsanto reunidos con la Presidenta en Nueva York, anunciando la planta a radicarse en Córdoba: Jesús Madrazo, líder del Negocio Internacional de cultivos de la compañía; Bernardo Calvo, presidente de Monsanto Latinoamérica Sur, y Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto Latinoamérica Sur. Foto: Télam. 2012

La autorización del gobierno nacional y provincial a instalar esta fábrica de Monsanto no solo plantea los peligros ambientales que esta puede producir, sino que da otro paso en la legalización del saqueo y robo que hacen estas multinacionales al país.

Esta empresa yanqui es gran productor mundial de semillas modificadas genéticamente. Monsanto impone su dominio, como cualquier transnacional, no solo monopolizando la venta de sus productos, sino imponiendo sus patentes y cobrando las regalías. De esta forma privatizan las actividades de investigación, producción y desarrollo científico en sus manos, trabando todo progreso para la humanidad, poniendo el centro en sus ganancias. Esta es la consecuencia del sistema capitalista-imperialista que hace que por su rapacidad, se ponga la ganancia por encima de la salud de la gente y de la superación del hambre mundial.

Cristina Kirchner se saca la careta

La presidenta justicialista, que aburre con sus cadenas despotricando contra el “imperio” y las “corporaciones”, mostró que solo se trata de una pose para la “tribuna”, ya que su verdadera política es favorecer a las multinacionales.

En julio del año pasado, muy silenciosamente, el gobierno cedió a las exigencias de la estadounidense, luego de años de una disputa legal internacional de Argentina contra Monsanto por el cobro de regalías sobre la producción y ventas de soja y maíz. En el 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desechó el reclamo de la compañía estadounidense para cobrar regalías por las exportaciones de harina de soja desde la Argentina. Es un pleito que empezó en 2006 y que llegó a frenar envíos. Monsanto quería cobrar regalías -entre 15 y 18 dólares la toneladapor la harina producida en el país, a pesar de no contar con una patente para ello.

Aquí Monsanto no podía cobrar porque no había patentado su RR1 y miles de productores grandes y chicos seguían usando las semillas sin pagarle a Monsanto sus regalías. Esta pelea legal también la llevaron adelante cinco millones de productores de Brasil y miles de Paraguay, países donde existe el mismo problema.

La maniobra de Monsanto

Como Monsanto veía que no podía asegurarse en los marcos legales patronales el cobro de sus regalías, decidió concretar la maniobra de “crear” nuevas semillas como la RR Maiz 2 o la soja Bt RR2Y y las patentó para ahora sí cobrar “legalmente” sus regalías. Este fue el pacto gobierno K-Monsanto. No solo les aceptó patentarlas, sino que hasta les aprobó instalar una nueva fábrica en Malvinas Argentinas, municipio de Córdoba. Con este pacto se favorece el saqueo de esta transnacional del país y perjudica, en especial, a los pequeños y a los medianos productores.

Esta claudicación al imperialismo y a esta multinacional muestra a quién favorece el gobierno. Ratifica con este pacto la continuidad de Monsanto y demás empresas multinacionales instaladas en el país, que también producen semillas modificadas genéticamente como Syngenta, Dow, Pioneer (Dupont), Nidera o Bayer.

Por todo esto, debemos denunciar este pacto, exigir el no pago de regalías a Monsanto y a las demás multinacionales; ratificar la lucha para que se vaya Monsanto de Córdoba y de Argentina y que haya producción e investigación estatal de las semillas necesarias, dirigidas o controladas por el INTA o SENASA y con consulta a los pequeños productores y a los vecinos para evitar problemas ambientales (en la producción y en la aplicación) que afecten la salud de las personas.


El FIT presentó proyecto de ley: ¡Fuera Monsanto!

La diputada Olivero con dirigentes del FIT y vecinos de Malvinas Argentinas al momento de presentar el proyecto de ley

Desde el año pasado en que se conoció la noticia de la instalación de una planta de Monsanto para el procesamiento y acopio de semillas en la ciudad de Malvinas Argentinas, los vecinos empezaron a organizarse para ver de qué se trataba. El anuncio se dio cuando el juicio contra las fumigaciones en barrio Ituzaingó cobraba mayor importancia en la provincia y en el país.

El rechazo de los vecinos reunidos en asamblea estaba centrado no solo en la contaminación, polución ambiental, utilización de tóxicos y grandes cantidades de agua, sino por los enormes negocios que se esconden tras estas empresas transnacionales y los gobiernos locales, prometiendo progreso y 400 puestos de trabajo.

Elegir Malvinas Argentinas no fue una casualidad. El alto índice de desocupación y muchas hectáreas de campo lo convertían en un lugar propicio para el negocio empresario. Es así que se conforma la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida que, junto a organizaciones socioambientales, políticas y de derechos humanos, realizó cortes de ruta y marchas, no solo en la pequeña ciudad de 14.000 habitantes, sino en la ciudad capital, a 15 kilómetros de distancia, firmando petitorios y haciendo festivales bajo la consigna “Fuera Monsanto”.

La asamblea de vecinos realizó además un recorrido por los pasillos de la municipalidad exigiendo que se realice una consulta popular, propuesta desechada por el Concejo Deliberante, como así también medidas cautelares en la justicia provincial, además de la exigencia al gobierno de De la Sota de realizar los estudios de impacto ambiental, quien violando leyes nacionales de ambiente autorizó, junto al radical Arzani, la construcción de la planta, lo que muestra claramente el negocio entre la multinacional, el gobierno provincial y el Intendente de Malvinas.

Todas estas acciones fueron acompañadas por nuestro partido, y desde nuestra banca hicimos varios pedidos de informes y solicitud de entrevistas, tanto al ministro de Agua y Ambiente como a las autoridades municipales sin obtener respuesta alguna.

La semana pasada, después de la marcha por las calles del pueblo y junto con los vecinos, decidimos elaborar un proyecto de ley que prohíba la instalación y funcionamiento de la firma Monsanto en toda la provincia. El martes 5, con dirigentes del FIT y en compañía de los vecinos y ante más de una decena de medios, hicimos la presentación del proyecto en la legislatura cordobesa. Al día siguiente algunos legisladores del Frente Cívico pidieron acompañar la iniciativa.

El objetivo del proyecto es realizar una gran campaña para apoyar al pueblo de Malvinas, denunciando que la instalación de Monsanto, de la mano del gobierno nacional, De la Sota y Arzani, es parte del modelo kirchnerista de saqueo económico y degradación ambiental, que no generará trabajo ni bienestar a la población.

Como se planteó en la Asamblea de Vecinos en relación al proyecto de ley: “con esta herramienta podemos continuar nuestra lucha, nos instalaremos con mesitas de información y juntaremos firmas de apoyo en los barrios, escuelas, universidad…”

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda nos sumamos a esta campaña y seguiremos acompañando al pueblo de Malvinas Argentinas diciendo ¡Fuera Monsanto!

Liliana Olivero


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