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Atilio Salusso

Prefectos y gendarmes contra la rebaja salarial

“El sueldo no se toca”

Prefectos y gendarmes estallaron al cobrar sus sueldos con rebajas del 30 al 70%, y en su gran mayoría en negro. Presentaron un petitorio exigiendo que le devuelvan lo descontado y un salario de 7.000 pesos. El gobierno dijo que es imposible. Ante las sanciones y presiones, al cierre de esta edición, la protesta había bajado. Más allá si continúa o no, deja muchas lecciones y debates. Entre ellos: ¿fue un reclamo legítimo o un intento de golpe como dice el kirchnerismo?

Como todos los gobiernos, este también usa las fuerzas represivas contra los que luchan, como hizo recientemente enviando la Gendarmería a Chubut para enfrentar a los petroleros, hace poco reprimiendo a quienes cortaban la Panamericana o espiando a luchadores con el denominado Proyecto X. ¿A qué se debe entonces que les haya tenido que recortar abruptamente los salarios? Muy sencillo. Porque está aplicando un ajuste que incluye a sus propias fuerzas represivas. En cualquier país del mundo ante un ataque similar la respuesta es la lucha.

¿No era que Cristina “no ajustaba”?

Cristina aplicó un recorte directo al mejor estilo de gobiernos anteriores. ¿No era que la presidenta no rebajaba directamente los salarios como en el Primer Mundo? El reclamo estalló contra la aplicación de un decreto firmado por la propia presidenta, Abal Medina, la ministra Garré y el de Economía, Lorenzino. Semanas antes, Scioli había aplicado un ajuste idéntico contra los estatales de la Educación en Provincia de Buenos Aires obligándolos a tomar el ministerio.

El básico de un gendarme es de $ 400, y el sueldo de cabos o subalternos rondan los 2.700 a 3.000 pesos. ¿Con eso se puede mantener una familia? Encima el 70% de lo que cobran es no remunerativo, es decir, no se computa para el cálculo del aguinaldo, jubilaciones y vacaciones.

El gobierno ante el masivo repudio, al principio, retrocedió con los descuentos y la ministra Garré relevó a la cúpula diciendo “el conflicto está terminado”. Pero el reclamo siguió, exigiendo un salario básico de 7.000 pesos, la no aplicación de sanciones, cobertura social y que sean reconocidos para negociar.

El gobierno estiró la respuesta al petitorio hasta este martes jugándose al desgaste. Y finalmente dijo que no tiene plata para el aumento. No afloja porque detrás de ello vendrían reclamos similares de miles de trabajadores estatales que también cobran salarios miserables y en negro. Y sancionó a varios representantes de quienes reclaman, provocando que la protesta ceda. Por eso señalamos que los sectores bajos de las fuerzas de seguridad tengan el derecho a sindicalizarse, para defender sus derechos sin represalias, con el compromiso de que no repriman las protestas populares (ver sindicalización).

Intento de golpe: una cortina de humo.

El gobierno tildó al reclamo de “desestabilizador” y que se está preparando “un golpe”. Así lo dijeron sus ministros, contando como siempre con el apoyo de Hebe de Bonafini. Diputados y senadores del gobierno y de la oposición patronal instaron desde el Congreso a subordinarse “a las autoridades legalmente constituidas”. Texto que fue firmado por parlamentarios del Frente para la Victoria, el Partido Socialista; Victoria Donda (Libres del Sur); Ricardo Gil Lavedra (UCR); Carlos Heller (Nuevo Encuentro); Federico Pinedo (PRO); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Alfonso Prat Gay (CC-ARI); Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Norma Matarazzo (Frente Cívico de Santiago del Estero). También se pronunció en ese sentido una jueza de la Corte.

La campaña es una cortina de humo para confundir, ya que no existe ninguna posibilidad de golpe. “No somos golpistas, no nos estamos levantando contra el gobierno, queremos sueldos que sean en blanco”, dijo Maza, el vocero de los gendarmes pasado ahora a disponibilidad.

De ser cierta alguna posibilidad de golpe ¿por qué el gobierno no llamó a movilizar para enfrentarlo? Si de verdad existiera algún peligro de golpe, los socialistas revolucionarios no tendríamos ninguna duda en llamar a los trabajadores y al pueblo a movilizarse para evitarlo. Lo mismo haríamos ante reclamos similares al que protagonizaron los carapintadas en 1987 cuando, encabezados por Aldo Rico, se amotinaron reclamando impunidad para los genocidas de la dictadura. Pero los hechos de hoy son muy distintos.

El gobierno usa el fantasma del golpe, igual que lo hace contra cualquiera que reclame. Ante el paro de la CGT Moyano del pasado 27 de junio había dicho que “ponía en peligro la democracia” y que el cacerolazo fue de la “derecha”. Lo hace para encubrir que con su “modelo” hay salarios de pobreza, jubilaciones de indigencia, saqueo de los recursos naturales, ganancias fabulosas para banqueros, multinacionales y grandes empresarios, y pacto con los Gordos de la CGT oficial.

Ante la presión del gobierno, al cierre de esta edición y según los medios, la protesta habría cedido casi totalmente. “Nosotros recién a fin de mes vamos a tener posibilidad de confirmar cuál es el monto que nos pusieron en blanco y cuáles los ítems (beneficios que cobran en negro) que nos mantuvieron”, aseguró a los medios Raúl Maza, uno de los líderes de la protesta de Gendarmería. Los prefectos decidieron levantar la presencia frente al edificio Guardacostas después que recibieran amenazas de sanciones disciplinarias. Habría sumarios administrativos internos y denuncias penales.

Más allá de ello, lo que queda claro ante estos hechos es que, en nuestra opinión, los sectores bajos de las fuerzas de seguridad tienen todo el derecho a defender sus salarios sin que sean sancionados.


Por el derecho a la sindicalización

Prefectos y gendarmes se rebelaron contra sus jefes y el gobierno. El reclamo surgió bien de abajo. Se hicieron asambleas, eligieron representantes para las negociaciones, se puso a consideración el petitorio a reclamar y se consultó permanentemente en asamblea los pasos a seguir. Algo inédito en el sector.

Se quebró “la cadena de mandos”. Algo prohibido para todas las fuerzas armadas que impide cuestionar una orden superior. Quiere decir, que cuando viene una rebaja salarial o una orden para reprimir una lucha obrera, hay que obedecer sí o sí. Pero no hubo ley que impidiera el reclamo.

Un periodista graficó muy bien la composición de quienes protestan: “La base está compuesta por jóvenes con muy poca tradición dentro de las fuerzas, poco acostumbramiento a la disciplina y cierto relajamiento en las costumbres”. Semejante “peligro” fue advertido por el kirchnerismo y la oposición patronal.

Medios oficialistas y opositores esta vez dijeron lo mismo. “Es muy grave la ruptura de la verticalidad en organizaciones armadas que requieren de una cadena de mandos incuestionable”, señaló Julio Blanck (Clarín, 5/10). La periodista Sandra Russo (columnista de 6,7,8) escribió en Página 12 el 7/10: “La ruptura de la cadena de mandos es en sí misma un acto que desestabiliza al sistema democrático”.

Estas muestras de rebeldía de la tropa contra las decisiones de sus jefes debilitan la función de las fuerzas represivas como sostenes de este sistema capitalista. Los trabajadores y la izquierda tienen que tener una política para actuar ante estos hechos, a fin de ayudar a neutralizarlas, apoyándose en los sectores que se rebelan. Planteando que acompañamos sus reclamos y que tienen que tener el derecho a sindicalizarse, para defender su salario y evitar que sean sancionados. Y como son parte del aparato represivo, llamamos a su base y a los cuadros medios a que reclamen que haya una ley que les impida reprimir las luchas obreras y populares. Esa es la forma, además, para que puedan contar con el apoyo del movimiento obrero y poder enfrentar al gobierno y a sus jefes. Sectores de la izquierda sectaria no ven esto, por eso repudian el reclamo salarial y niegan el derecho a la sindicalización, poniéndose en los hechos del lado del gobierno.

El ministerio de Trabajo no le ha otorgado personería gremial a ninguna fuerza de seguridad porque, según dice, “la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de sus objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías” (La Nación, 7/10). Está claro por qué entonces hay que estar a favor de sindicalizar a suboficiales, cabos y al personal subalterno de estas fuerzas, igual que para la policía, con estricta prohibición de que no repriman las luchas de los trabajadores y el pueblo. Moyano de la CGT y De Gennaro salieron a respaldar la sindicalización. Tienen que poner sus organizaciones sindicales a disposición para enfrentar las represalias y los pases a disponibilidad, y dar pasos para lograr ese derecho.

A.S.


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