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José Castillo

Por una YPF 100% estatal

El “modelo” petrolero kirchnerista hace agua por los cuatro costados. Ahora Cristina va “contra” Repsol. Pero todas sus salidas mantienen la lógica del saqueo

Hay que echar a Repsol y al resto de las petroleras para que el Estado vuelva a tener el control del petróleo y el gas

Hay que echar a Repsol y al resto de las petroleras para que el Estado vuelva a tener el control del petróleo y el gas

Desde enero pasado llueven las denuncias desde el gobierno sobre la multinacional española, amplificadas y desarrolladas por los medios de comunicación oficialistas. En las dos últimas semanas, los gobernadores de las provincias petroleras empezaron a quitarle concesiones a Repsol (hoy estaría perdiendo 15 de las 60 zonas de explotación). Esto ha provocado un “derrumbe” en las cotizaciones de la compañía, que, de valer aproximadamente 18.000 millones de dólares hace 6 meses, estarían cotizando en la mitad. Se habla que el gobierno de Cristina querría tomar el control, comprando las acciones necesarias para tener mayoría. Operación que se haría utilizando dinero del Anses o bien fondos del Banco Central.

¿Por qué el gobierno ataca a Repsol?

Hace un par de años que nuestro país ya perdió el autoabastecimiento. Pero esto no es otra cosa que la resultante de la continuidad de una política de privatización y negociados que comenzó con el menemismo y se profundizó durante los gobiernos kirchneristas. En 1992 Menem remató YPF a 6.700 millones de dólares, cuando la empresa, como mínimo, valía el doble. Así se llevaron una empresa con reservas comprobadas a 30 años. Los Kirchner, entonces gobernantes en Santa Cruz, fueron parte principal para garantizar esa privatización (ver recuadro).

Todo esto se profundizó a partir de 1999, con la llegada de los españoles de Repsol, que se quedaron no sólo con el negocio petrolero, sino también con el del gas. En ese mercado desregulado, apto para el saqueo más descarado, detrás de Repsol entraron los otros “jugadores”: PanamericanEnergy (Bulgheroni), Tecpetrol (Techint), Petrobras, la francesa Total y, por supuesto, las transnacionales “históricas” Esso y Shell. Durante el kirchnerismo se otorgaron yacimientos de gas y petróleo prorrogando escandalosamente concesiones a 30 y 40 años, con la única condición de que se le hiciera “un lugarcito” en el negocio a sus empresarios amigos, Lázaro Báez, Cristóbal López y Eskenazi.

Desde la privatización, el eje del saqueo fue extraer todo el petróleo posible y exportarlo, maximizando las ganancias de corto plazo, prácticamente abandonando la exploración. Así, mientras el promedio de pozos de exploración en la década del 80 cuando YPF era estatal fue de 117 por año, en el decenio kirchnerista se redujo a apenas 46, mientras que por el contrario, los de extracción, que eran 709 en 1988, crecieron a 1145 en 2010. Los resultados fueron que hoy, dramáticamente, estamos a menos de 10 años de quedarnos sin ambos recursos. También fue un escándalo que las exportaciones de petróleo se hicieran permitiendo que el 70% de las divisas ni siquiera tuvieran que ser reinvertidas en el país. Y que las retenciones (impuestos) fueran las más bajas de América Latina. No estamos hablando de un tema menor: YPF Repsol es la empresa de mayor facturación de la Argentina (65.000 millones de pesos en 2011) y la renta petrolera anual se calcula en 12.000 millones de dólares.

Así, se llegó al punto de que, primero, no se pudo cubrir las necesidades de gas. Y, hace un par de años, tuvo que empezar a importarse nafta, a un costo anual de 9.000 millones de dólares. Las “salidas” del gobierno, intentando resguardarle los negocios a Repsol, fracasaron todas: desde la creación de una empresa “de papel” como Enarsa, hasta la llamada “argentinización”, haciendo entrar como socio en YPF a su amigo Eskenazi (que compró el 25% de las acciones sin poner un peso, financiado con las ganancias futuras de la empresa).

Las propuestas en danza, ¿cambian algo?

Hoy Cristina “descubre” que nos estamos quedando sin combustible y, por sobre todo, que se va creando un “agujero” impagable en el presupuesto por la necesidad de importarlo. Pero todos los planteos de salida que se escuchan terminan garantizando los negocios de los pulpos. No hay nada de “nacional y popular” en su embestida contra Repsol más que los problemas de caja.

El gobernador Buzzi de Chubut dijo que todas las zonas que se le sacan a Repsol van a volver a concesionarse a los privados. PanamericanEnergy, donde participa Bulgheroni, aparece como el niño mimado para quedarse con la parte del león. Y por supuesto, ya se anotan todas las otras multinacionales. La propia Repsol no estaría tan descontenta si la Argentina, por el mecanismo que sea, le “compra” el 50% de YPF, y le da en efectivo 10.000 millones de dólares, ya que sus intereses futuros están fuera de la Argentina.

La única salida para revertir esta situación de desastre pasa por rescindir todos los contratos, tanto los de Repsol como los del resto de las petroleras, y expropiar las refinerías de YPF, Shell y Esso. Todo sin pagar un peso. No es solución crear un nuevo “engendro” bajo la forma de una empresa mixta: es necesaria la recreación de una YPF 100% estatal, eficiente, gestionada por sus trabajadores y técnicos. Así, una empresa integrada, que combine racionalmente exploración con extracción y refinación, que garantice el abastecimiento interno y exporte el remanente, que vuelva a servir para el desarrollo regional, podrá, efectivamente, ser un puntal para nuestra segunda y definitiva independencia.


Volvió Dromi

Dromi

El gobierno de Cristina sumó un nuevo “consultor” -experto en el tema privatizadas- para que le brinde asesoramiento sobre qué hacer con YPF. Es nada más ni nada menos que Roberto Dromi. Su currículum es de lo más variado. Fue intendente de la Ciudad de Mendoza desde junio de 1981 a enero del 82, es decir, en la dictadura. En los 90, mano derecha de Carlos Menem y arquitecto de las privatizaciones, cuando se desempeñaba como ministro de Obras y Servicios Públicos. Entre sus “logros” se encuentra la entrega de Aerolíneas Argentinas a Iberia y la privatización de los caminos mediante el cobro de peaje. Ahora, devenido kirchnerista, trabaja junto a De Vido para decidir qué hacer con la petrolera. Más allá del resultado final de los servicios que preste Dromi para la operación -también famoso por la frase “nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”- hay que recordar que obró en los hechos como empleado de Repsol, y no es extraño que lo haga ahora.

Cristina ahora critica las políticas menemistas pero, ¡oh casualidad!, contrató a uno de los mejores defensores del saqueo neoliberal de los 90.


Escribe:
Carlos Bach

Los Kirchner apoyaron la privatización

Néstor Kirchner con Menem. El santacruceño junto a Cristina enviaron desde Santa Cruz en el avión de la gobernación al entonces diputado Flores, con la pierna enyesada, para que votara a favor del proyecto de ley en el Congreso

Néstor Kirchner con Menem. El santacruceño junto a Cristina enviaron desde Santa Cruz en el avión de la gobernación al entonces diputado Flores, con la pierna enyesada, para que votara a favor del proyecto de ley en el Congreso

Durante estas semanas se pudo escuchar a Cristina criticando la falta de inversiones de la empresa española Repsol -a cargo de YPF-. Estimado lector, le proponemos hacer un poco de historia y ver si la presidenta “algo habrá hecho” para que la petrolera de bandera pase a manos españolas. Veamos. El 17 de septiembre de 1992, en Río Gallegos, la por entonces diputada provincial por Santa Cruz, encabezó un reclamo para que sus colegas “posibiliten” la privatización de YPF. Es decir, junto al menemismo, fue impulsora de la venta de la petrolera de bandera. Su proyecto declarativo tomó estado parlamentario ese mismo día y -una semana después- el Congreso Nacional aprobó vender la última parte de YPF en manos del Estado.

El reclamo, que encabezaba junto a otros cinco diputados, pedía a la legislatura provincial que se expida, exigiendo a los diputados nacionales del distrito, que posibiliten el tratamiento del proyecto de ley de la Nación. Junto con su marido -el ex presidente Néstor Kirchner- se encargó de presionar a los restantes legisladores de su bloque para que voten a favor de la declarativa. Entre las razones que esgrimía Cristina, sobre la que más hacía hincapié era la económica, argumentando que “del dictado de esa ley depende hoy el envío de los 480 millones de dólares y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada” (Clarin, 04/05), además de pedirles a los diputados nacionales “aptitud moral” porque estaba en juego el futuro económico de la provincia, junto con su prestigio.

Hoy en día Cristina no hace otra cosa que renegar del peronismo menemista, es decir, de su propio pasado, al que le echa la culpa de todos los “males” que está sufriendo su gobierno y arengando que es el gran enemigo a derrotar. Por supuesto que esto forma parte de su doble discurso al que ya nos tiene acostumbrados, y que solo hace falta ir hasta el archivo -cada vez más extenso- y verificar con la realidad que el núcleo de lo que hoy llamamos “kirchnerismo” no fue otra cosa que una parte importante de las políticas privatistas y entreguistas llevadas a cabo durante la década del 90.


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