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Niegan derecho al aborto
“Quiero volver a ser como antes”, fueron las palabras de una niña entrerriana de 11 años de edad cuando se enteró que estaba embarazada. Le dolía la panza y su madre la llevó al médico. Allí le confirmaron que estaba culminando el primer trimestre de embarazo.
La niña, que proviene de una familia muy humilde, fue abusada por un joven de 17 años de edad cuando fue a visitar a su abuelo, en la localidad de San Salvador, a 16 kilómetros de su pueblo, General Campos, Entre Ríos.
El director del hospital, Juan Augusto Arletaz, radicó la denuncia por abuso sexual pero ningún médico quiso realizarle el aborto correspondiente, tal como lo solicitó la familia. Este caso se encuadra como el derecho al aborto no punible (artículo 86 del Código Penal) por dos motivos: es el embarazo producto de un abuso sexual, pues la niña tiene 11 años y no está en condiciones de consentir una relación sexual; y es un caso de aborto terapéutico, ya que peligra la vida de la niña. Por eso, no debería ser llevado a la justicia. Además, el flamante Protocolo de Atención Integral de Personas Víctimas de Violación Sexual, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, establece puntualmente que los servicios hospitalarios deben ofrecer la alternativa de un aborto no punible en casos de embarazo causado por una violación o abuso sexual.
Al mismo tiempo, la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles establece que no se debe exigir autorización judicial para llevar adelante la práctica. Pero nuevamente la justicia y el poder político se ponen del lado de la Iglesia. El propio ministro de Salud de la provincia declaró recientemente que, aunque la niña no quiera ser madre, su cuerpo está preparado para ello desde la primera menstruación. Es decir, no importa la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo sobre su deseo de maternidad y hace oídos sordos a quienes afirman que el cuerpo de la niña no está desarrollado para sostener un embarazo.
Este caso demuestra, una vez más, que se hace indispensable conseguir definitivamente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La impunidad de la justicia, los gobiernos de turno y los sectores médicos que se apoyan en la Iglesia para impedir el aborto son los responsables de la condena a esta niña y de la muerte de miles de mujeres trabajadoras y pobres en todo el país.
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