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Escribe:
José Castillo
Están vaciando Aerolíneas
Desde la reestatización en 2009, el gobierno kirchnerista, de la mano de La Cámpora, ha llevado el desmanejo y vaciamiento de la empresa hasta su virtual desaparición. Es necesaria una nueva gestión bajo control de sus trabajadores.
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Aerolíneas Argentinas, nuestra vieja aerolínea de bandera, sigue sufriendo. Después de su privatización en 1989, pasó por las manos de varias administraciones españolas. Ahí la vaciaron al extremo: perdió rutas, aviones, oficinas en el mundo. En 2001 estuvo a punto de desaparecer, quebrada y fue salvada por una inmensa movilización de sus propios trabajadores que impusieron un plan de rescate. La etapa “post-2001” fue la de la gestión Marsans: la empresa siguió hundiéndose hasta llegar a la reestatización de 2009. Como dijimos en aquel momento, habría que haber exigido a los españoles que se hicieran cargo de la deuda de la empresa. No sólo no se hizo, sino que hoy, a dos años, todavía el Estado argentino tiene que afrontar un juicio en Ciadi por la discusión del valor de la “expropiación de la compañía”.
Muchos compañeros habrán pensado entonces: “de acuerdo, la reestatización no se hizo como correspondía, pero al menos recuperamos la empresa, y ahora la podremos poner al servicio del desarrollo nacional y de que el viajar en avión, en un país de las dimensiones de Argentina, deje de ser un lujo para ricos”. Nadie iba a pensar que la nueva administración iba a funcionar como lo está haciendo. El gobierno de Cristina le “entregó” Aerolíneas a la agrupación juvenil en la que milita su hijo Máximo, “La Cámpora (ver nota en esta misma página). A partir de ahí cundió el desmanejo, las prebendas, las coimas y el virtual vaciamiento.
Rápidamente aparecieron las críticas y las denuncias. Muchas de ellas motorizadas por burócratas sindicales cuyos dirigentes hasta no hace mucho figuraban como kirchneristas. Es el caso de Jorge Pérez Tamayo, ex piloto del avión presidencial y dirigente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), aliado de hierro de Hugo Moyano. O el de Ricardo Cirielli, titular de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), alineado con la CGT “Azul y Blanca” de Luis Barrionuevo, ex subsecretario de Transporte Aerocomercial entre 2003 y 2007. Ambos evidentemente motorizan las denuncias porque fueron “desplazados” del control de la empresa.
Tamayo hizo graves imputaciones contra el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde: “tal como sucedió a lo largo de la gestión Marsans, en los últimos meses se han comercializado pasajes en base a una programación de vuelos inviable con el único objetivo de hacer caja” (Clarín, 9/11). También denunció que se dejaron de utilizar los Jumbo de 400 pasajeros, reemplazándolos por los Boeing 340 (de apenas 250 pasajeros), cuando lo que se necesita es sumar más aviones y capacidad de transporte. Mientras se “desactivan aviones”, se subalquilan dos B-737-500 a razón de 300.000 dólares mensuales, afirmó Tamayo.
Cirielli aportó las suyas:”se inauguró como nueva obra un hangar que en realidad había sido construido hace 25 años por la desaparecida compañía CATA y cuyo única “inversión” ha sido pintarlo. Las inversiones serias están totalmente paralizadas: un banco electrónico de pruebas con un costo total de 6 millones de pesos está parado, y a cambio se pagan equipos en el exterior que salen 70 dólares la hora hombre. Los compromisos de inversión para mantenimiento están incumplidos en un 90%. De los 10 aviones de fuselaje ancho (los que se utilizan para los vuelos transcontinentales), cinco están fuera de servicio: hay dos Airbus parados por tener el tren de aterrizaje vencido, otro que quedó descompuesto en Roma y otras dos aeronaves (otro Airbus y un Boeing 747) que no vuelan por haber entrado en una inspección programada. Se compraron 20 aviones Embraer a Brasil, habiendo serias sospechas de que cada uno de ellos cargó un “sobreprecio” de cuatro millones de dólares y hoy esos aviones están paralizados en diversos aeropuertos del interior porque no hay pilotos entrenados para manejarlos”, sostuvo.
Más allá de las intenciones de Tamayo y Cirielli, sus denuncias no son inventos. El funcionamiento de la empresa lo puede ver cualquiera que haya sufrido los avatares de intentar viajar por Aerolíneas. Sólo en septiembre, la empresa canceló 400 vuelos. Más del 10% de los 3.000 viajes que hace la empresa tienen algún tipo de problemas.
Lo concreto es que, en tres años, desde que la empresa volvió al Estado en 2008, el gobierno de Cristina lleva subsidiando a Aerolíneas por 2.100 millones de dólares. La gestión Recalde dice que esto es por la necesidad de sostener los destinos menos rentables. ¡Mentira! Apenas el 5% de ese monto fue para esos fines. El resto bancó el desmanejo general o los altísimos costos de vuelos cancelados a otros países o destinos turísticos como Bariloche o Iguazú. Todo este desmadre terminó resultando en beneficios para la multinacional LAN, que se va quedando con todas las rutas rentables del negocio de cabotaje,
La recuperación de una Aerolíneas Argentinas, estatal, al servicio de la integración territorial y el desarrollo del país, con tarifas que le permitan viajar a la familia trabajadora y a los sectores populares, nunca podrá venir de la mano de agrupaciones como La Cámpora, que sólo la quieren como botín de guerra para incrementar sus cajas, ni de ningún otro burócrata de turno. Deberá ser el producto de la administración de sus trabajadores (técnicos, pilotos, personal de tierra y de a bordo), esos que ponen diariamente la cara y su esfuerzo para sacar adelante a nuestra vapuleada aerolínea de bandera.
APTA: ¡No al quite de su personería!
El gobierno de Cristina, a través del Ministerio de Trabajo, ha solicitado a la justicia laboral la suspensión o quita de personería a la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), cuyo Secretario General es Ricardo Cirielli, en el medio de los conflictos cruzados entre este gremio y la conducción de la empresa.
Nosotros estamos en las antípodas del modelo sindical del burócrata Cirielli, alineado en la CGT de Barrionuevo. Pero tenemos que señalar que quitarle la personería gremial a un sindicato es un hecho gravísimo, sin precedentes en democracia. El único intento fue en el año 2001, cuando justamente en medio de un conflicto por el vaciamiento de Aerolíneas por parte de sus entonces dueños españoles, la ministro de trabajo de De la Rua, Patricia Bullrich (hoy diputada de la Coalición Cívica), amenazó con sacarle la personería a ese mismo gremio. No casualmente, los argumentos del escrito fueron realizados por Noemí Rial, que ya trabajaba en el ministerio y hoy es viceministra de Tomada.
La medida que intenta llevar adelante el gobierno tiene un origen clarísimo: Cirielli fue “mimado” mientras era funcionario kirchnerista. Ahora las peleas internas lo alejaron del poder y aparece enfrentado a La Cámpora. Justamente por haber asumido un perfil opositor se lanza este ataque contra APTA.
El intento de quitar la personería gremial (que mereció el rechazo de Hugo Moyano de la CGT) está en la misma línea de las amenazas a los trabajadores que ya ha realizado varias veces este año la presidenta Cristina. Y en idéntica dirección de cómo ha respondido el gobierno ante conflictos como el de los petroleros o los docentes de Santa Cruz. O el ataque al Pollo Sobrero y el cuerpo de delegados de TBA Sarmiento. Es la misma lógica que ha llevado a que hoy se judicialice la protesta social y haya más de 5.000 luchadores populares procesados.
Los socialistas estamos en contra de cualquier intervención del Estado en la vida interna de los sindicatos, mucho más de un ataque de esta naturaleza. Los sindicatos son organizaciones que deben ser gestionadas por sus propios trabajadores, en forma absolutamente autónoma del estado y de cualquier gobierno de turno. De ahí nuestro más absoluto repudio a cualquier intento de quite o suspensión de personería gremial o intervención a APTA o a cualquier otro sindicato.
J.C.
La Cámpora: ¿Juventud militante o juventud “patronal”?
La Cámpora ha copado las gerencias, el call center y las oficinas de Aeroparque. Ya hay ubicados unos 20 de sus militantes cobrando sueldos de varias decenas de miles de pesos por mes. Ninguno de ellos conoce en absoluto el negocio aeronáutico.
Desde la designación de su dirigente Mariano Recalde al frente de Aerolíneas Argentinas en julio de 2009, tomaron la empresa como “propiedad privada de La Cámpora”. Hubo escándalos para todos los gustos, como cuando en octubre de 2009 llevaron a 47 amigos (entre ellos el propio Recalde y sus compañeros Juan Cabandié y Andrés Larroque) en un chárter a ver a la Selección que jugaba en Uruguay. Para esto utilizaron un avión con capacidad de 144 asientos. Pocos meses después, en enero de 2010, Recalde se “pagó” un viaje en Business a Punta Cana (con escala en Miami) por sólo 124 dólares.
Aerolíneas es, sin duda, la “caja de financiamiento” de La Cámpora. Pero no es el único lugar en donde han desembarcado estos jóvenes que responden a Máximo Kirchner. Suelen aparecer en cuanto puesto bien pago haya en la administración pública. Muy lejos del relato que nos quieren hacer creer, que son “jóvenes militantes de base”. La estructura de La Cámpora se basa en cuadros rentados que, muy rápidamente, se acostumbraron a vivir de las prebendas del Estado.
J.C.
La aviación civil vuelve al control militar
En el año 2009, el control de la aviación comercial había pasado de la órbita de la Fuerza Aérea al control de la administración civil. Era una deuda pendiente viejísima que venía de la época de la dictadura. Como sucede en todos los países del mundo, la aeronavegación civil y comercial está estrictamente separada de la militar: el manejo de los aeropuertos y el control de los vuelos es realizado por personal civil idóneo. En ese momento, el gobierno de Cristina aprovechó esa medida para lanzar una de sus clásicas declamaciones: “histórico”, “gran paso adelante”, “hemos terminado con una rémora de la dictadura”.
Ahora, en medio del conflicto que envuelve a los gremios de técnicos y pilotos con la conducción de Aerolíneas Argentinas, el gobierno da marcha atrás, y vuelve a colocar todo bajo el control militar. Más aún, aduciendo el decreto de Videla 1674/76, se le restituye a la Fuerza Aérea el financiamiento por esta tarea. O sea que las tasas aeronáuticas (un negocio de 160 millones de pesos) van como premio al bolsillo de los brigadieres. Pero eso no es todo: la vuelta al control militar implica, también, la prohibición del personal de controladores aéreos de agremiarse. A partir de ahora deberán responder con “disciplina militar”. Contradictoria medida para un gobierno que se dice “de los derechos humanos”.
J.C.
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