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Escribe:
José Castillo
Las nuevas medidas económicas
Preparan el tarifazo
El gobierno “reconoció” que se le están acabando las cajas: salió a intentar poner límites a la fuga de capitales y anunció que empezará a reducir los subsidios a las tarifas de servicios. ¿Quién terminará pagando la crisis?
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Desde hace varios meses se viene dando una persistente fuga de capitales: a razón de 2.000 millones de dólares por mes, las reservas del Banco Central bajaron de 53.000 millones de dólares a 43.000 (el gobierno con algunos “dibujos contables” presenta como que estuvieran en 48.000). Tras negar durante toda la campaña electoral que esto fuera un problema, el gobierno salió furiosamente con un paquete de medidas. Por un lado, lanzó un ejército de inspectores y puso innumerables trabas para la compra de divisas en las casas de cambio (¡cómo si la fuga de capitales dependiera del pequeño ahorrista que sale a comprar 100 dólares para preservarse de la inflación, mientras las grandes empresas fugan de a millonadas por otros carriles!). Junto con eso le empezó a exigir a las petroleras y a las mineras que deben reingresar al país los dólares que exportan. Los trabajadores ahora descubren por la boca de los propios funcionarios del ministerio de Economía el fraude que se venía cometiendo durante toda la era kirchnerista: esos pulpos multinacionales ni siquiera tenían la obligación de liquidar en el país las ventas de las riquezas que nos saquean (ver nota en esta misma página). Claro que la medida es como hacerle cosquillas al león: el estado argentino, a lo sumo, se hará de 1.300 millones de dólares más (menos que la fuga de un mes), mientras que mineras y petroleras tendrán otros mecanismos para sacar sus divisas del país (por ejemplo la “repatriación” -a sus casas matricesde utilidades). Es obvio que con estas medidas no se evitará la fuga de capitales ni la caída de reservas. Si ante la crisis mundial en curso se quiere evitar seguir despilfarrando dólares, la única política seria es la nacionalización de la banca y el comercio exterior, terminando con el negocio de los pulpos que especulan con las divisas. Lejos, muy lejos, de lo que acaba de decidir el gobierno.
Subsidios para la ganancia empresaria
A los pocos días, el gobierno nos “sorprendió” con otro anuncio: la reducción de los subsidios a los servicios públicos. Nuevamente: nosotros veníamos denunciando desde hace años que, para garantizarle las ganancias a las privatizadas y sus amigos, se estaban pagando dinerales (cada vez mayores) en concepto de subsidios. Ya se había llegado a 80.000 millones de pesos en el actual presupuesto: después del pago de deuda externa era, sin duda, la partida más grande. El gobierno siempre sostuvo que esos subsidios eran imprescindibles para garantizar que se mantuvieran congeladas las tarifas (gas, luz, agua, transporte). Ahora reconoce que ya no puede seguir sosteniéndolos.
Pero también nos enteramos a quién se estuvo subsidiando: durante todos estos años tenían consumo subsidiado -en gas, luz y agua- los bancos, los casinos y bingos, las empresas de telefonía celular, las mineras y las petroleras, entre otras, a las que “ahora” se les reduciría el privilegio. Además se crearía una comisión para estudiar aumentos “selectivos” de tarifas a los usuarios residenciales. En concreto, a cambio de sacarle un privilegio el gobierno va de nuevo por aquello que no pudo implementar en 2009 ante el repudio popular: el aumento de tarifas a los sectores populares. Por eso se empieza a hablar de aumentos en los boletos de tren, colectivo y subte (ver nota sobre este último).
Reestatizar los servicios públicos
El gobierno nos quiere meter en una falsa disyuntiva: o siguen los subsidios que le garantizan millonadas a las privatizadas a cambio de un servicio paupérrimo, o hay que aumentar las tarifas, lo que tarde o temprano, por más “segmentación” que haya, termina siendo pagado por el bolsillo de los trabajadores. Pero en todos los casos, lo que se deja sin tocar son las superganancias de las empresas de servicios públicos privatizados.
El tren, el agua, la luz, el gas, no pueden ser mercancías que sirvan para enriquecer a algunos pulpos: son servicios esenciales, que obviamente deben estar subsidiados para los trabajadores y demás sectores populares, pero con el objeto de que se pueda brindar así un servicio al alcance de todos y de calidad. Para ello hay que reestatizar bajo control de los trabajadores y usuarios a todas estas empresas. De esta forma la millonada de dinero que hoy el gobierno usa para subsidiar las ganancias de TBA, Edenor, Roggio (subte), se usaría el 100 % para mantener un servicio de tarifas bajas y al servicio del pueblo.
Las primeras medidas del gobierno tras las elecciones reconocieron lo que venían negando en los meses previos: la existencia de “luces amarillas” sobre la economía argentina. Los trabajadores tendremos que pelear en los próximos meses para que el ajuste que se viene lo paguen las mineras, las petroleras, las empresas de servicios públicos privatizados y demás transnacionales, en vez de nosotros.
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