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Escribe:
Malena Zetnik
El gobierno ¿a favor de la trata de personas?
las declaraciones que realizó el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la Cámara de Diputados la semana pasada, sorprendió la agresión a quienes se dedican a denunciar la trata de personas argumentando que “se dedica a hablar mal del país”.
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Marcha por la jóvens ecuestrada Marita Verón. Tucumán |
En un informe presentado a comienzos de septiembre en la Organización de Naciones Unidas, la nigeriana Ngozi Ezeilo señaló que en Argentina aumentó la trata laboral y sexual convirtiendo al país en destinatario, además de origen y de tránsito. Que el 80% de las personas secuestradas por las redes son mujeres, niñas y niños utilizados para la explotación sexual y que la impunidad de los tratantes se explica por la casi inexistencia de recursos del Estado para combatir a las redes. Y, por otro lado, la “corrupción” de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad que “están directamente involucrados en implementar medidas contra este delito, especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas y colaboran ilegalmente con tratantes”.
Es sabido que el negocio de la trata de personas se ha convertido en el tercer negocio ilegal más importante del mundo, luego del tráfico de armas y del tráfico de drogas. Según la Organización Internacional de Trabajo, sólo en el año 2005 llegó a facturar 32 mil millones de dólares para las redes delictivas. En nuestro país, el secuestro de mujeres para la explotación sexual ya lleva más de 600 denuncias de familiares en los últimos años como parte de la “trata dura”. Pero la “trata blanda”, la que explota a miles y miles de mujeres jóvenes pobres que son engañadas con promesas de trabajo en empleos domésticos y que luego terminan trabajando en prostíbulos, es la otra gran cara del problema. Mercedes Trimarco, madre de la joven secuestrada Marita Verón, viene denunciando desde hace años que la trata de personas está en crecimiento en el país y que estas jóvenes sólo son buscadas por familiares.
Para esta ley, la víctima es culpable
Que Aníbal Fernández, uno de los funcionarios más representativos de este gobierno, pretenda restarle interés al flagelo, es una muestra más de que el Estado es el principal proxeneta. De hecho, la ley 26.364 sobre trata de personas promulgada en el año 2008 bajo el gobierno de Cristina Kirchner, responsabiliza a las víctimas mayores de edad de su propia situación de explotación sexual. La ley dice que las mujeres mayores de edad tienen que demostrar ellas mismas que no consienten su propia explotación sexual para que se condene a los proxenetas. Además, como si fuera poco, la ley plantea una irrisoria pena para los tratantes: prisión de 3 a 6 años en los casos de mujeres mayores de edad, y de 4 a 10 en casos de mujeres menores de 18 años. Nada más absurdo para las miles de mujeres en esa situación de violencia y amenazas continuas. Las mujeres víctimas de la trata son secuestradas, engañadas, se les quita el documento, las encierran, las humillan, las lesionan, las torturan, las violan y las obligan a ser explotadas.
Por eso, todas las organizaciones que luchan contra la trata de personas dicen que esta ley favorece a los victimarios y condena a las mujeres.
Es imperioso que se derogue la ley, invirtiendo la carga de la prueba sobre el proxeneta: que sean ellos quienes demuestren que no son culpables, mientras se le garantice el derecho a la libertad a las mujeres, terminando con la impunidad de los proxenetas y garantizando la búsqueda por parte del Estado de todas las mujeres y el castigo a los responsables. Hasta que todo ello no ocurra, el gobierno de Cristina Fernández seguirá siendo el responsable de tan humillante delito y de la “mala imagen del país”, que tanto preocupa al Jefe de Gabinete.
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