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Caso Fermín Ricardo Albareda

Primer juicio a la policía de Córdoba

Este martes 20 de octubre se inició en Córdoba el segundo juicio oral contra el represor y ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, con una particularidad: será la primera vez que se juzgue institucionalmente el accionar policial de la Provincia.

Fernando Albareda junto a la diputada Liliana Olivero

Fernando Albareda, flamante asesor deportivo del órgano fiduciario que rige los destinos del Club Atlético Talleres, se siente orgulloso de participar como querellante en el juicio oral que se inició ayer en los Tribunales Federales de Córdoba. En el mismo, se va a dilucidar qué ocurrió con el destino de su padre, Fermín Ricardo, un ex subcomisario desaparecido en el año 1979. Luego de 30 años, siente que la impunidad ha llegado a su fin y que su lucha por obtener justicia no ha sido en vano. Fernando fue entrevistado por El Socialista.

¿Nos puede relatar brevemente qué hechos se juzgan en esta causa donde está involucrado el represor Luciano Benjamín Menéndez, pero también ex policías del Departamento de Informaciones D2?

Los hechos que se van a ventilar son los relacionados al caso Fermín Ricardo Albareda -el secuestro, traslado, tortura y muerte de mi padre-, ocurrido la noche del 25 de septiembre del año 1979. Lo toman de rehén en la avenida Cruz Roja Argentina, frente al Hospital Militar de la Provincia de Córdoba, y es trasladado al lugar donde se comete el crimen, el Chalet de Hidráulica, un centro clandestino de detención que funcionaba en aquellos años manejado por la Policía de la Provincia. A raíz de la interna que generó su desaparición, dicho centro clandestino dejó de funcionar, se lo dio de baja. Creemos que el caso de mi papá fue uno de los últimos antes de cerrarse. Él era subcomisario de la Policía. Ingresó a ella por una fuerte vocación de servicio, le interesaba mucho el trabajo social y creía que estando en su interior podía lograrlo. Además, se recibió de Ingeniero en Telecomunicaciones y pasó a trabajar en el área de comunicaciones de la Casa de Gobierno, donde llegó a ser subdirector en la Red Presidencia que funcionaba en el barrio Nueva Córdoba. Desde ahí salió la noche del 25 y no volvió nunca más.

Su papá era también un militante popular…

Sí. Cuando mi viejo empezó a estudiar ingeniería, ya trabajando en la Policía, comenzó a reunirse con gente que militaba en política en la universidad -años ’70, ’71- y a contagiarse de la efervescencia que se vivía por aquellos tiempos, con la intención de mejorar la situación de un montón de gente que padecía de cuestiones primarias. Seducido por militar políticamente, se involucró con gente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

No es un dato menor el hecho que, por primera vez, se juzgue institucionalmente el accionar de la Policía de la Provincia de Córdoba. ¿Qué significa esto para usted?

Sin duda será un hecho que va a marcar lo que venimos diciendo desde hace tanto tiempo, junto al reclamo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, continuado luego por familiares de HIJOS y sectores de la sociedad que entendió de que acá hubo un genocidio, un Terrorismo de Estado. Y que, como tal, convivían en cada una de las provincias el aparato represivo militar con sus instituciones policiales. Casualmente, en el juzgamiento de los uniformados que presenciaron y cometieron el crimen de mi papá, (eso quedará develado en la audiencia) trataremos de demostrar, y quedará totalmente claro, que existía convivencia entre militares y la Policía de la Provincia. Este centro clandestino que funcionaba en las adyacencias del Dique San Roque, era manejado directamente por la Policía cordobesa. Lugar que no solamente usaban para este tipo de atrocidades: el morbo llegaba a tal punto que se juntaban a comer asados los fines de semana, festejar cumpleaños, se usaba como casa quinta. Creo que toda la sociedad aprenderá, después de este juicio, que la policía tuvo un alto grado de complicidad en la desaparición de tanta gente.

Teniendo en cuenta la promesa que le hizo a su padre, ¿qué se siente personalmente después de 30 años de impunidad el haber podido participar y ser querellante en este juicio oral?

Siento un profundo orgullo, una sensación de bienestar, de saber que la denuncia realizada por mi abuela en su momento en Madres de Plaza de Mayo no quedó en la nada. Orgulloso de tomar su bandera y continuarla. Creo que esa promesa se verá cristalizada en los próximos días. Básicamente, en mi nombre se va a representar a toda mi familia: hermanos, sus nietos y amigos, porque mi padre nos enseñó cuál era el camino a seguir, y todos, de alguna forma, fuimos víctimas de su muerte. Hoy me encuentro reivindicando su lucha, la de los 30 mil compañeros, las actuales luchas sociales, enarbolando bien alto las banderas de una sociedad más justa y equitativa para todo el mundo. Esa es la síntesis de lo que yo busco con este juicio: devolverle a él, con mi vida, un laburo social que nos comprometa a todos.

Carrió: Otra vez con los genocidas

La titular del ARI, Elisa Carrió, dijo la semana pasada que el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los exámenes de ADN para las personas que podrían ser hijos o hijas de desaparecidos: “no está dirigida a proteger los derechos humanos (…) tiene nombre y apellido, los hijos de la señora Herrera de Noble. Es fascismo puro (… ) Es una ley de persecución. Están violando los derechos humanos para una venganza personal”.

En su afán de buscar rédito político, Carrió sale a “enfrentar” una supuesta jugada oportunista de los K contra Clarín, dejando al desnudo sus retrógradas posturas sobre derechos humanos.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos denunciando la utilización que los Kirchner han hecho del tema derechos humanos. Y también que la falta de medidas políticas de fondo en este terreno es lo que ha permitido que continúe la impunidad para los genocidas y sus cómplices.

Precisamente, no han sido los Kirchner, sino las movilizaciones de miles y miles y la acción de organizaciones de derechos humanos y familiares, durante años, las que lograron imponer la anulación de la obediencia debida y el punto final. Esas mismas luchas y organismos consiguieron, en varios casos, que se tomase como válida la recolección de elementos o pertenencias de supuestos hijos de desaparecidos (cepillos de dientes, pelo o ropa interior que contengan células desprendidas de su cuerpo) para ser analizados y constatar su ADN, cuando estos se niegan a la extracción de sangre. Es así que nueve jóvenes pudieron recuperar su identidad en los últimos tiempos.

Aunque haya que terminar de conocer la letra de la ley presentada, lo que se estaría planteando ahora es un marco regulatorio para una medida que ya ha sido impuesta por la lucha, y que, al regularse, fortalecería la búsqueda de los más de 400 nietos aún sin encontrar.

La diputada electa por la Coalición Cívica-ARI, también alega que: “El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima…” ¿Por encima de qué o de quién? ¿De qué integridad y autonomía personal gozaron los desaparecidos? ¿Y las embarazadas asesinadas luego de parir? ¿Y los niños y bebés arrancados a esas madres y a quienes les robaron su identidad?

Con sus declaraciones, Carrió se pone del lado de la impunidad para genocidas y apropiadores y se opone a los derechos de las víctimas de la dictadura; el de los menores apropiados a recuperar su identidad y el de sus familias y seres queridos a encontrarlos.

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