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Julio Poblesec 

Cómo combatir el tráfico de drogas

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la criminalización de la tenencia de drogas para consumo personal. El gobierno impulsa la despenalización y dice que combate el narcotráfico. Pero deja el terreno libre a los narcos y ni siquiera garantiza mínimamente la atención médica de los adictos.

El fallo de la Corte no hace más que impedir la persecución penal a quienes tienen o consumen marihuana sin perjudicar a terceros, reconociendo el derecho de la libertad individual. El juez Zaffaroni afirmó en su alegato que, en todos estos años, se han distraído recursos judiciales y policiales persiguiendo a los pequeños consumidores y que “sólo una de cada diez causas iniciadas por infracción a la Ley de Estupefacientes fue por tráfico” (Página 12, 26/08).

El gobierno ha usado la medida judicial para posar de ´progresista´, cuando, en realidad, Argentina es uno de los últimos países latinoamericanos en incorporarse a esta tendencia mundial de despenalizar a los consumidores. Ahora, los Kirchner y sus funcionarios prometen “una guerra encarnizada contra el narcotráfico”, cuando durante sus seis años de gobierno no sólo no han hecho nada, sino por el contrario, permitieron que Argentina dejara de ser un lugar de tránsito de drogas y se convirtiera en país productor, dando lugar a la propagación del “paco” que se fabrica con los desechos tóxicos de los laboratorios ilegales que procesan cocaína. La Argentina de los años kirchneristas se ha constituido en país de preferencia de los carteles mexicanos de la efedrina -entre otros-, y ha aumentado notablemente su población drogadicta. Un informe de las Naciones Unidas señala que aquí “hay indicios de producción local de cocaína, con record latinoamericano en el consumo de pasta base (“paco”), incrementos en el consumo de éxtasis, opio, marihuana, anfetaminas y tranquilizantes sin prescripción” (Página 12, 26/08). El gobierno miente cuando manifiesta su intención de combatir este flagelo. O deja actuar a los narcos o, al menos, ya ha demostrado su incompetencia para combatirlos. Ni siquiera se ha ocupado de hacer campañas preventivas de educación contra la drogadicción. Peor aún, tampoco garantiza la atención médica de los adictos. Estimaciones oficiales dan cuenta que 50.000 personas por año, de las que concurren a instituciones públicas en busca de tratamiento, son rechazadas por falta de instalaciones (fuente: Clarín, 30/08).

Además de combatir al narcotráfico (ver nota abajo), urge llevar a la práctica una política sistemática integral contra la drogadicción, basada en el concepto de que se trata de una problemática social de salud pública que el gobierno y el Estado deben tomar a su cargo y resolver. Política que abarque las numerosas facetas del problema, comenzando por campañas eficientes de educación para la prevención en las escuelas y medios masivos de comunicación, que incluyan la preparación, a estos efectos, del personal docente y no docente. Continuando con el destino de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la atención médica gratuita de los adictos, construyendo y equipando nuevas instituciones médicas adecuadas para este fin, con profesionales y auxiliares médicos suficientes e idóneos. Finalmente, obligando a las obras sociales a cubrir el 100% de los costos de internación y tratamiento para la cura de adicciones y preventivos de la reincidencia, impidiendo por ley cualquier tipo de discriminación laboral hacia las personas adictas y facilitando su tratamiento sin que esto afecte sus salarios -en los casos en que éste requiera internación- y asegurando a su regreso la continuidad laboral en igualdad de condiciones.


Debate: ¿prohibición o legalización?

Portada de la revista The Economist, 7/3/2009.

Portada de la revista The Economist, 7/3/2009. Titula “Cómo frenar la guerra de las drogas” y se pronuncia por la legalización

En su edición del día 7 de marzo, el semanario inglés The Economist publicó una nota titulada “Cómo frenar la guerra de las drogas”. En la misma, después de realizar un extenso y documentado recorrido por la historia de la lucha contra el narcotráfico, concluye que “La prohibición ha fracasado. La legalización es la solución menos mala”, asegurando que la misma “no sólo expulsará a los delincuentes, sino que sería transformar el tema de las drogas de un problema de ley y orden en uno de salud pública, que es como debe ser tratado”. En otro de sus párrafos agrega que “lejos de reducir el delito, la prohibición ha fomentado la delincuencia en una escala que el mundo nunca había conocido antes”.

Por todo el mundo resuenan afirmaciones en igual sentido. Recientemente se formó una Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, compuesta, entre otros, por ex presidentes de México, Colombia y Brasil, intelectuales y escritores como Vargas Llosa, Eloy Martínez, Paulo Coelho, jueces y muchos otros. En un documento titulado “Una guerra perdida”, esta Comisión reconoce que las políticas prohibicionistas “no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas”. También en Estados Unidos (país donde los consumidores se cuentan por millones), otra publicación burguesa, The Nation, explica que la guerra contra el narcotráfico “No ha reducido la exportación de narcóticos hacia los Estados Unidos, pero sí ha esparcido la violencia por Sudamérica a México, mientras afianzó el poder de los paramilitares en Colombia”. Le faltó decir que esta guerra es funcional a los propios intereses imperialistas en la región, ya que el presidente colombiano, Alvaro Uribe, la utiliza como argumento para justificar la instalación de bases yanquis en su país.

Desde su punto de vista, los economistas burgueses también han tenido que reconocer la ineludible necesidad de terminar con el prohibicionismo, y cómo éste beneficia a las más poderosas bandas de narcotraficantes. Uno de sus máximos referentes, Milton Friedman (Premio Nobel de Economía), afirmó en una entrevista en 1991, cuando se realizó el Foro Americano sobre Drogas, que “si se observa la guerra contra las drogas desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno (de Estados Unidos) es proteger al cartel de las drogas”. Y explicó: “En un libre mercado normal hay miles de importadores y exportadores. Cualquiera puede entrar en el negocio. Pero es muy difícil que un pequeño empresario pueda dedicarse al negocio de importación de drogas, porque nuestros esfuerzos por impedirlo, esencialmente, lo hacen enormemente costoso. Así que la única gente que puede sobrevivir en ese negocio es ese tipo de gente como el cartel de Medellín, que tiene suficiente dinero como para tener flotas de aviones, métodos sofisticados y cosas así” (Página 12, 29/08).

Sin duda, para acabar con las devastadoras mafias del narcotráfico, la solución pasa por la legalización de toda la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo de drogas. Vale decir, por quitarles todas las ventajas que les genera su condición de ilegalidad, transformándola en una actividad más dentro de las reglas del mercado capitalista. Esto implica que paguen fuertes impuestos, su sometimiento a controles de salud pública, el empleo de sus trabajadores en blanco con salarios dignos, condiciones de trabajo adecuadas a las características de su labor, su derecho a la sindicalización, etcétera. Y que los impuestos que el Estado perciba por esta actividad, más las gigantescas sumas de dinero malgastado anteriormente en inútiles aparatos represivos creados para combatir a los narcos -dentro de cuyas filas se encuentran sus principales cómplices-, se destinen exclusivamente a campañas de educación para la prevención y al tratamiento adecuado de los adictos.


El “paco” mueve $1.300 millones anuales

El “paco” o PBC (pasta base de cocaína) se fabrica con desechos de esta planta macerados con solventes como parafina, bencina, éter o ácido sulfúrico. Fumarlo produce consecuencias devastadoras para la salud mental y física.

Argentina es el país de América Latina dónde más se ha difundido. Comenzó siendo usado por jóvenes para paliar su situación de miseria y hoy, entre sus 180.000 consumidores, se cuenta a gente de clase media, transformándose en un negocio de $1300 millones anuales (Clarín 15/06/2009). Su propagación es la prueba irrefutable de que hemos “ascendido” de la categoría de país de tránsito, pasando a ser territorio de producción, con gran cantidad de laboratorios clandestinos. Si la producción de cocaína fuera legal, regulada y controlada, no resultaría difícil evitar que se comercie impunemente con sus desechos tóxicos.

J.P.


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