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Juan Rivera

Caso Bergara

“Eran todos policías”

Luego de 33 días en cautiverio, el empresario Leonardo Bergara fue liberado el sábado, tras el pago de 200 mil dólares como rescate. Según las investigaciones y las propias declaraciones del empresario, la banda responsable del secuestro estaría integrada por policías en actividad y ex integrantes de la fuerza de las localidades de Quilmes y Berazategui.

La Bonaerense es una usina de inseguridad

La Bonaerense es una usina de inseguridad

Hasta el momento se encuentran detenidos tres miembros de la Policía Bonaerense, otros tres están prófugos, y se estima que habría más policías involucrados en el caso. Según sus declaraciones, Bergara estuvo detenido durante el secuestro en ocho lugares distintos, todos ellos dentro de la jurisdicción de Berazategui, lo cual difícilmente hubiera pasado inadvertido para la policía de la zona de no haber sido ésta misma responsable del secuestro. Incluso la casa en la que finalmente fue hallado el empresario pertenecía a Jorge López, un policía con veinte años de actividad en la fuerza, y estaba ubicada en una zona que había sido rastrillada el día anterior a su aparición, aunque casualmente no había sido tocada por la policía.

Además, no es el secuestro el único hecho que involucra a la Bonaerense. Se cree que éste habría estado motivado por una deuda que el hermano del empresario mantenía con una banda de contrabandistas de productos electrónicos ligada a la policía provincial.

Una institución al servicio del delito

La participación policial en casos como éste no es novedosa. Todos los hechos delictivos de esta magnitud suelen contar con la complicidad o la participación activa de las cúpulas policiales, sin las cuales sería imposible montar tamaño operativo y sostenerlo a lo largo de tantos días sin ser descubierto. Una banda con una capacidad operativa y de logística como la que actuó en el caso Bergara, inevitablemente necesita de la complicidad policial. Numerosos casos dan muestra de que la policía, más que preventora del delito, es una de sus principales causantes, una usina de delincuentes amparados por los políticos de turno.

Sin embargo, las cúpulas policiales no están solas en esta cruzada delictiva. Casos como los que involucraban a la célebre “maldita policía” duhaldista o, más cerca en el tiempo, aquellos como el del tráfico de efedrina, en el que también se comprobó la participación de funcionarios públicos, muestran la connivencia de estas bandas mafiosas con los políticos de turno.

Ahora Scioli pretende salir del paso declarando que quiere a todos los miembros de la banda presos, pero señaló que este no es un caso de inseguridad. Es que para los políticos patronales la inseguridad es generada por aquellos que, arrastrados por la pobreza y la marginación, terminan delinquiendo. Por eso es que cuando se trata de combatir la inseguridad sus propuestas son el endurecimiento de las penas para los “ladrones de gallinas” o la baja de edad en la imputabilidad de los menores, tal como pretende el gobernador bonaerense. Nada dicen de alterar las condiciones sociales que los llevan a delinquir y mucho menos se proponen desmantelar al crimen organizado y a las grandes redes delictivas, principales causantes de la inseguridad. Sus propuestas no sólo no atacan a la real inseguridad, sino que la ocultan al no señalar como tales a los verdaderos responsables.

Son necesarias medidas de fondo

El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, pretende ahora “solucionar” el problema con una reestructuración de las departamentales policiales involucradas en el caso, medida que cuenta con la aprobación del gobernador. Sin embargo, el cinismo de Scioli no tiene límites. Durante su gestión, todas aquellas medidas parciales que se proponían “limpiar” a la Bonaerense fueron desandadas: se frenaron las purgas, se reinstauraron los jefes zonales intermedios devolviéndoles sus grados y jerarquías tradicionales y aún hoy se baraja la idea de reinstalar la figura de jefe.

Aún así, está claro que el pase a retiro de los policías imputados o las purgas jamás han sido solución a un problema estructural de las fuerzas policiales. El caso Bergara evidencia que esos mismos policías que hoy están fuera de actividad por haber cometido distintos delitos, continúan operando en complicidad con las actuales cúpulas policiales. Para terminar con el delito, además de combatir sus causas sociales, es necesario el desmantelamiento absoluto de las cúpulas policiales y la elección directa de los comisarios por parte de los vecinos y policías rasos, con mandatos revocables. Así como también es necesaria la existencia de derechos sindicales para que aquellos policías que no son parte de las cúpulas policiales puedan denunciar a sus superiores por casos de delincuencia o corrupción y no ser obligados a reprimir, entre otras medidas, como la autoorganización de los vecinos en los barrios.


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