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Miguel Lamas

Uribe declara el estado de emergencia

Solidaridad con las huelgas en Colombia

El gobierno de Alvaro Uribe decretó el “Estado de Conmoción Interior” ante la huelga de todos los trabajadores judiciales, unos 45.000, incluidos los jueces. También están en huelga desde hace 43 días 18.000 cortadores de caña de azúcar. Las centrales obreras convocaron a una huelga general para el 23 de octubre.

El decreto presidencial tiene un inocultable objetivo represivo, intentado quebrar la huelga judicial y también la de los cañeros. El argumento utilizado oficialmente de “proteger” la justicia, es risible viniendo de un gobierno que se caracteriza por constantes ataques a la Corte Suprema, que impuso todo tipo de trabas al Poder Judicial para garantizar la impunidad para sus aliados paramilitares (los que secuestran y matan desde hace décadas, a campesinos, sindicalistas o izquierdistas). El Estado de emergencia faculta al gobierno a sancionar a los huelguistas e incluso a despedirlos.

Judiciales y cañeros

La coincidencia en el tiempo de dos huelgas tan largas y duras de sectores tan dispares, que abarcan desde superexplotados cortadores de caña hasta jueces, muestra el descontento social que crece en Colombia y que está deteriorando la fuerza política del uribismo.

Los empleados judiciales reclaman un aumento salarial que está contemplado en la ley. Están agrupados en el sindicato Asonal, que es parte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Hicieron durante seis semanas un paro ejemplar, muy unido, e incluso votaron seguir el paro, luego de que el jueves a la noche Uribe decretó el estado de emergencia. Sin embargo, y ante la firmeza de los trabajadores y la creciente solidaridad con los huelguistas, al cierre de esta edición el gobierno había hecho una nueva oferta y se abrió una negociación. El gobierno ofrece un aumento pequeño, seguir negociando, no descontar días de paros ni sancionar, y aceptó dar dos días para que los trabajadores hagan asambleas de base.

Los cortadores de caña de azúcar son de los trabajadores más superexplotados del país. Por una ley neoliberal perdieron su contrato colectivo y debieron formar cooperativas de trabajo. Ellos mismos se pagan sus herramientas y se tienen que hacer cargo, mediante un descuento del salario, de sus gastos médicos. Trabajan jornadas de 12 horas cuando hay trabajo y cuando no hay no cobran nada. Ganan a veces menos que el sueldo mínimo legal. Reclaman que se les aplique la legislación laboral y la Constitución Nacional (contratación directa, estabilidad laboral, salarios dignos, seguridad social, educación, salud, vivienda, recreación, entre otros). Piden, por ejemplo, que la seguridad social se haga cargo de los 300 trabajadores que quedaron lisiados por el durísimo trabajo. La respuesta oficial a la huelga, lanzada el 15 de septiembre, fue de amedrentamiento y terror contra los obreros; enviaron al ejército que los atacó varias veces, causándoles 33 heridos, destrucción de sus pertenencias y robo de sus documentos. Por su parte, la burocracia sindical de los sindicatos de obreros que sí están contratados por los ingenios azucareros, en vez de solidarizarse con los macheteros huelguistas, los acusa de “impedir trabajar al resto de los obreros”.

¿El tiro por la culata?

La declaración de estado de emergencia despertó muchas más protestas y no frenó a las que estaban en curso. De hecho, hasta ahora no lo pudo aplicar contra los huelguistas judiciales.

La Federación Colombiana de Educadores, Fecode, anuncia un cese de labores que iniciaría la próxima semana. Las dos razones fundamentales que aducen los maestros para ir a la huelga son la falta de un giro de recursos del gobierno para cubrir a tiempo prestaciones sociales (cesantías parciales o definitivas) y que se quedan sin servicio de salud. También señalaron el apoyo a los trabajadores judiciales, corteros de caña y repudio al estado de conmoción interior.

También hubo grandes movilizaciones de los indígenas del Cauca que chocaron con los policías. Los indígenas de los pueblos ese lugar, Embera Chami, Eperaras Siapidaras, Nasa y Wannan, se unieron a la Minga de Resistencia Indígena y Popular con los corteros de caña en huelga y campesinos que llegaron allí. La María -Piendamó-, departamento del Cauca, donde desde ayer se encuentran reunidos más de 12 mil indígenas, continúan arribando miembros de los ocho pueblos que habitan en esta región (coconucos, nasas, guambianos, eperaras, yanaconas, guanaca, ingas), para expresar toda su inconformidad con los constantes atropellos que vienen siendo objeto y exigir una solución inmediata a los problemas de tierras (SIEC, Actualidad Etnica, 14/10).

Por su parte, los camioneros amenazan con una nueva huelga por el altísimo precio de la nafta. La CUT y otras centrales sindicales tomaron, aunque con mucho retraso, los reclamos de judiciales, corteros y maestros y convocaron a una huelga general para el 23 de octubre. Los trabajadores colombianos se unen al torrente de luchas que recorre América Latina contra las políticas económicas proimperialistas. Enfrentan la miseria salarial y a un régimen represivo y corrupto.

Llamamos a la solidaridad de los trabajadores de Argentina, en particular a los judiciales, en apoyo a esta heroica lucha.


Buenos Aires: Protesta frente a la Embajada de Colombia

Izquierda Socialista, junto a la UST y Opinión Socialista, realizará una protesta este miércoles 15, a las 17.30. “Vamos a exigir que se levante el estado de emergencia, se respete el derecho de huelga y se satisfaga las justas demandas de los que reclaman”, expresó Juan Carlos Giordano.

Ya se han pronunciado centenares de dirigentes, entre ellos la diputada Liliana Olivero y Rubén “Pollo” Sobrero de Argentina, Orlando Chirino de Venezuela, entre otros. La Unidad Internacional de Trabajadores (Cuarta Internacional) convocó a una campaña internacional para apoyar a los trabajadores colombianos. Enviar adhesiones a presidencia@cut.org.co


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