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Escribe:
Julio Poblesec 
Cárcel común a todos los genocidas y sus cómplices
Veinticinco años después de la caída de la dictadura se siguen concretando, aunque parcialmente, algunos anhelos de la lucha popular. Debemos quebrar las trampas del gobierno, para que la mayoría de los genocidas y sus cómplices civiles no queden impunes y vayan a cárceles comunes.
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Hay que unificar todas las causas contra los genocidas. |
Tuvimos que transitar tres décadas de innumerables movilizaciones, y otras tantas batallas contra las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida”, para empezar a ver los frutos de esta lucha.
Primero fue la condena a perpetua de Etchecolatz, enlutada por la desaparición de Julio López, triste prueba de que hay bandas de genocidas que siguen activas desde las entrañas de las fuerzas represivas. Más recientemente, la de Menéndez, lográndose por primera vez que un genocida vaya a una cárcel común, no como otros de sus pares a prisión domiciliaria o cárcel de lujo. Y ahora Bussi -y otra para Menéndez-, para quienes el fiscal Alfredo Terraf también pidió perpetua y cárcel común. Comenzó también el juicio a ocho militares que regenteaban el centro de detención “La Escuelita” en Neuquén, y el de otros militares de la Brigada Aérea de Morón, bajo cuyas alas se hallaba el centro clandestino “Mansión Seré”.
Cada uno de estos juicios es un logro muy importante. Y a su vez, todos demuestran que, de haber mediado voluntad política del gobierno, hace mucho se podría haber acabado con la impunidad de estos monstruos asesinos.
La ausencia de esta política, oculta tras el criterio de dejar que se ocupe la justicia del tema, es la que provoca que sólo unos pocos genocidas que aún viven terminen sus días en la cárcel. Los juicios son individuales, con diferentes resultados, en lugar de unificar las causas y juzgar de conjunto a todos los que cometieron genocidio. Se impone así un ritmo que vuelve imposible juzgar y condenarlos a todos antes de que se mueran de viejos, o se fuguen como lo intentó Corres. Se dilapidan pruebas, se pone en riesgo a los testigos (como a Julio López), o lo que es más grave, dan lugar a que jueces como Marcelo Bailaque de Rosario, o el fiscal general Claudio Palacín, efectúen dictámenes en los cuales siguen sosteniendo la teoría de los dos demonios (ver nota en esta página). Argumento ampliamente superado, pero funcional a las justificaciones de los genocidas sometidos a juicio, que hablan de una “guerra”, negando que el “proceso” fue una masacre sistemática ejecutada por el Estado.
Esto no es simplemente un error del gobierno o una limitación del sistema judicial. Es la trampa con la que el kirchnerismo articula su propia versión del “Punto Final”, pretendiendo dar por terminado el asunto a corto plazo. Por todo esto, la lucha debe seguir, hasta que todos los genocidas que aún viven, sin excepción, y los políticos, burócratas sindicales, curas o civiles que fueron sus cómplices, vayan a cárceles comunes por los días de vida que les quedan.
Otra hija de desaparecidos recuperada
Las Abuelas de Plaza de Mayo confirmaron la identidad de otra hija de desaparecidos, que nació en febrero de 1978 durante el cautiverio de sus padres en Rawson, Chubut. La joven había acudido por propia iniciativa a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para realizarse las pruebas de ADN, que resultaron positivas en un 97%.
Con ella, suman 93 las personas nacidas en cautiverio que recuperaron su identidad. Según los organismos de derechos humanos, serían 500 los hijos robados a sus padres y familias durante la dictadura. Es urgente e imprescindible que se promulgue una ley que permita recuperarlos a todos. Que ordene la obligatoriedad del análisis de ADN para todos los jóvenes nacidos durante la dictadura. Para que la recuperación no quede librada al azar, a la sospecha de la víctima, a su iniciativa, y a la tediosa e interminable búsqueda por parte de sus familiares. Además, para terminar de una vez con esta aberración, castigar a tiempo a los apropiadores, y así devolverle sus nietos a las abuelas y abuelos que han pasado más de 30 años de sus vidas en su búsqueda.
J.P.
Acciones de la guerrilla: ¿Delitos de lesa humanidad?
El 20 de agosto, el juez federal Marcelo Bailaque, rechazó los pedidos de nulidad presentados por dos fiscales de Rosario, contra un dictamen del fiscal general Claudio Palacín, en el que declaraba el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP el 23 de agosto de 1975, como “un delito de lesa humanidad en el marco de un conflicto armado”. Un fallo bochornoso.
En primer lugar, porque pone un signo igual entre los crímenes cometidos por los militares genocidas que se apropiaron del poder del Estado en el ´76, con las acciones -a nuestro juicio erradas-, de luchadores que emprendieron el camino de la guerrilla como método para pelear contra el sistema. Y en segundo lugar -y esto fue debidamente reconocido por la justicia internacional-, porque sólo pueden considerarse crímenes de lesa humanidad aquellos que comete el Estado contra los ciudadanos que debería proteger. Se denomina así a los crímenes masivos de dictaduras como el nazismo, y en nuestro caso, el “Proceso”. A nadie se le ocurriría acusar de crímenes de lesa humanidad a quienes enfrentaron a la barbarie nazi con distintos métodos de resistencia. Los que quieren aplicar este absurdo concepto en Argentina, pretendiendo que se juzgue a los guerrilleros del mismo modo que a los genocidas, no tienen en cuenta que ya fueron “juzgados”: los hicieron desaparecer, los torturaron, los tiraron vivos al Río de la Plata y, en muchos casos, se apropiaron de sus casas o de sus hijos.
No hubo “dos demonios” como siguen proclamando algunos. El único “demonio” que hubo aquí fue un Estado criminal, cuya mano ejecutora fue la de los genocidas y sus cómplices.
J.P.
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