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Pablo Delverde

Anótese en la estatal…y algo más

El pasado jueves 12 se abrió el período que se extiende hasta el 31 de diciembre para cambiar del régimen jubilatorio de capitalización (AFJP) al régimen estatal de reparto. En los primeros 5 días más de 100 mil trabajadores han optado por anotarse en la jubilación estatal luego de 13 años en los que este traspaso les estuvo prohibido. Igualmente el robo de las AFJP’s sigue en pie y las jubilaciones tanto estatales como privadas están lejísimas del 82% móvil.

No hay derecho para que los jubilados, que trabajaron toda su vida, tengan ingresos miserables

No hay derecho para que los jubilados, que trabajaron toda su vida, tengan ingresos miserables

Esta masividad en el nivel de traspaso preanuncia, según distintas estimaciones oficiales, que entre un millón y medio y 5 millones de trabajadores cambiarán de régimen previsional en lo que resta del año. Esto demuestra que el robo de la jubilación privada en nuestro país ha quedado al descubierto para el conjunto de los trabajadores, y que si estos permanecen en las AFJP’s, es porque durante más de una década han quedado presos de las mismas.

El mundo de fantasía que durante la primera mitad de los ´90 se prometía para quienes se jubilaran a través de las AFJP se desmoronó como un castillo de naipes. Estimaciones oficiales indican que un 54% de los trabajadores que actualmente están en actividad no llegaría a través del sistema de capitalización a tener garantizado el cobro de una jubilación mínima como se prometía inicialmente, por no tener una base de 30 años de aportes al momento de jubilarse, o porque en 10 años de aportes no han logrado realizar aportes por un mínimo de $20 mil. (Página/12, 15-4-07).

Pero lo que hoy presenta el gobierno como un gran paso adelante y una reparación con respecto a la estafa que significó la creación de la jubilación privada y las AFJP en 1994, es solo un pequeño paso que no termina con este régimen de robo a los trabajadores ni implica ningún tipo de castigo económico a los estafadores. Por ejemplo, en ninguno de los casos las AFJP se verán obligadas a devolverle a sus aportantes las cuantiosas comisiones que les cobraron durante meses y meses. Ni se proyectan modificaciones en las condiciones leoninas para quienes permanezcan en el régimen de capitalización, siendo que muchos trabajadores son obligados por sus patronales y la burocracia sindical a aportar a determinadas AFJP.

Por eso, con la posibilidad de volver al régimen de reparto, no culminan los problemas del calamitoso sistema previsional en nuestro país. Más de 3 millones de jubilaciones que paga el estado corresponden a la mínima, o sea miserables $530 (datos según ANSES-Enero 2007).

Y esto no es todo. Según ejemplos preparados por el propio organismo estatal los montos con los que se jubilaría un trabajador luego de aportar toda su vida no llegarían al 50% de su último sueldo. O sea, muy lejos del 82% móvil que rigió durante largos años previos a la modificación del sistema previsional y que hoy es materia de reclamo de muchos gremios combativos.

Los trabajadores debemos aprovechar esta oportunidad de volver a la jubilación estatal y al mismo tiempo luchar para que en nuestro país existan jubilaciones dignas reconquistando el 82% móvil y que ningún jubilado esté por debajo de la línea de la pobreza, en el camino de terminar con la jubilación privada y las AFJP.


¡Kirchner estaba en una AFJP!

Los anuncios sobre la posibilidad de volver a la jubilación estatal fueron rimbombantes como acostumbra hacer el gobierno nacional. La puesta en escena del anuncio incluyó la firma del formulario pidiendo el pase al sistema de reparto por parte del propio Néstor Kirchner. Sí, leyó bien, el mismo que se llena la boca hablando contra las políticas de los años 90 y las privatizaciones, había optado por la jubilación privada. Pero esto no es lo más patético sino las explicaciones que dieron desde el gobierno. El director de la Anses, Sergio Massa, sostuvo que “el presidente, como muchos argentinos, fue víctima de la trampa del artículo 30, que establecía que quienes no optaban antes de un determinado tiempo eran distribuidos entre las administradoras del sistema privado” (La Nación, 13-4). Quiere hacer creer que Kirchner, quien entonces era gobernador de Santa Cruz, estaba en una AFJP por olvido o por error. ¿Tal vez lo mismo argumenten sobre su esposa Cristina, Scioli o sobre el ministro de Trabajo Carlos Tomada que están en una privada?


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