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Liliana Olivero
Escribe:
Liliana Olivero
Legisladora - Córdoba

Nada nuevo bajo el Agua

El gobierno de De la Sota sigue empeñado en mantener el agua en manos privadas. El proceso de re-negociación del contrato con Aguas Cordobesas Suez – Roggio, va siguiendo una serie de pasos puramente cosméticos como la Audiencia Pública y la visita del ministro y su gabinete por un lado y los empresarios por el otro. Ya que el acuerdo está sellado y marcha inexorablemente la aprobación de la Ley en la Unicameral Cordobesa gracias a los diputados del “bloque de yeso” del oficialismo Unión por Córdoba.

El contrato es escandaloso por donde se lo mire. Concebido con una perversidad digna de maquiavelo, se trata de un tarifazo encubierto, ya que durante 2006 y 2007 los usuarios de la ciudad no recibirán el ajuste del 500%, que tiramos en marzo con la movilización popular, pero pagaremos todos los cordobeses de la provincia con los millonarios subsidios que le garantizarán enormes ganancias al grupo empresario.

De la Sota le perdona a la empresa una deuda de 40 millones de pesos en concepto de canon, le pagará un subsidio de 10 millones de pesos por lo que queda del 2006 y otro de 13 millones durante el 2007 en dos cuotas. Le exime del canon por el uso del recurso hídrico hasta el fin de la concesión y suspende hasta el 2013 el canon por transporte. Pero además, a partir de 2008, se sumará un aumento del 12% a la tarifa (al 15% actual) y un reajuste de la misma cada 6 meses por inflación.

Todo lo que sea inversiones, quedará a cargo del Estado. Todo se explica por que para el gobierno el agua es un “negocio”, muy lejos de nuestra posición de declararla “derecho humano, no sujeta a las reglas del mercado”.

Del gobernador no nos sorprende nada. Sigue siendo su lema “cuanto más ganan las empresas, mejor estarán los trabajadores”. Así viene entregando millonarias sumas en subsidios a los grandes grupos económicos: Intel, Motorola, Call Centres, Avex, Roggio, etcétera.

¿Qué dice el Frente Nuevo de Juez?

El problema del agua está en discusión desde finales del año pasado, y el intendente Juez transitó un camino gris, sin definiciones claras pero lleno de chicanas, comentarios graciosos y descalificantes al gobierno, pero sin aportar una posición política definida.

Hoy ante los hechos consumados, tiene la original idea de llamar a una consulta popular para que el pueblo de Córdoba decida si el agua tiene que estar en manos del Estado o en manos privadas. Mas allá de lo razonable de esta iniciativa, la misma no es vinculante, llegará cuando la ley esté sancionada y pagados 10 millones de pesos. Se lanzarán en una época de difícil motorización (fiestas y vacaciones). No es más que un golpe efectista y un oportunismo electoral.

La empresa Roggio, que se hará cargo del agua, es la misma que maneja la recolección de residuos en la ciudad, cuyo contrato renegocio el intendente reconociéndole prácticamente todo lo que pedía. ¿Esto no se parece a un doble discurso?

Por eso seguiremos luchando por una empresa Estatal de Saneamiento, con control de trabajadores y usuarios, tal cual lo plantea la única propuesta alternativa en la Provincia de Córdoba.


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