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Coimas en el Senado

¡Anulación de todas las leyes flexibilizadoras!

Kirchner y Moyano no quieren echar atrás las leyes de los ´90

Kirchner y Moyano no quieren echar atrás las leyes de los ´90

La investigación por las coimas en el Senado se ha transformado en un verdadero escándalo nacional. Mediante un pacto entre el PJ y la UCR, celebrado en plena Casa Rosada cuando gobernaba De la Rúa, a cambio de 5 millones de dólares se prestaron favores para votar una norma exigida por el FMI: la ley laboral flexibilizadora.

El justicialismo planteó que “necesitaba otras” cosas para votarla. Dicen que De la Rúa contestó: “Eso arréglenlo con De Santibañes”, entonces jefe de la SIDE. “Para los senadores tengo la Banelco”, dijo el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, aportado a la Alianza por el ex presidente de la Nación Carlos “Chacho” Alvarez. Así salió la maleta repleta para los políticos que levantaron la mano enyesada para vulnerar conquistas fundamentales del movimiento obrero.

Al día de hoy hay nueve procesados -menos De la Rúa-, pero ningún preso. Premio que tiene reservado esta Justicia para los ricos, a aquellos corruptos que prestan servicios para que las grandes patronales hagan jugosas ganancias a costa de la superexplotación de los trabajadores.

 

Posteriormente, y al calor de las cenizas que dejó el Argentinazo, la llamada “Ley Banelco” se derogó. Patricia Walsh, entonces diputada de Izquierda Unida, planteó claramente que dicha ley debía anularse. Ya estaba el antecedente de la nulidad de la Obediencia Debida y el Punto Final. La diferencia parece sutil pero no lo es. Entre derogar una ley (para el futuro) y anularla (desde y para siempre), hay un abismo. Sólo derogarla permitió mantener el andamiaje jurídico que sostiene normas de esclavitud laboral (ver recuadro). Anularla hubiera obligado a volver todo al estado anterior.

En reemplazo de la ley coimera se aprobó otra que desde nuestro partido bautizamos “Banelco II”. Teníamos razón. A dos años de su aprobación, lo que se decía que iba a corregir, se sigue manteniendo como un verdadero flagelo para los trabajadores: la mitad de los que trabajan está en negro (cuando decían que la nueva ley iba a blanquear las relaciones laborales) y la flexibilización laboral, la continúan sufriendo millones en nuestro país. En tanto otorga enormes beneficios a los grandes empresarios. Basta un solo dato: por las rebajas de los aportes patronales implementadas desde 1994 y extendidas en el 2000 con la famosa “Banelco”, el Estado dejó de recaudar 80.000 millones de pesos, deducciones que ya suman en lo que va del año cuatro veces más de lo que la ANSES paga por seguro de desempleo.

 

Es cierto que uno mira con indignación lo ocurrido en gobiernos anteriores. Pero hay que detenerse en el presente. ¿Qué ha hecho el presidente Kirchner para corregir semejante política antiobrera, coimera y explotadora? Volvemos a repetir. No sólo que derogó y no anuló la ley votada mediante coimas, sino que mantiene un sistema de normas que vienen sometiendo a jornadas laborales esclavizantes.

Kirchner (quien dice combatir la vieja política), acaba de pactar una concertación con los llamados radicales K, que fueron parte del gobierno coimero de De la Rúa. Asimismo, es el propio presidente quien también viene pactando con viejos dirigentes del PJ, del mismo palo que los que recibieron las coimas a cambio de levantar la mano para votar esa ley antiobrera, pacto que se vio reflejado con el acto del 25 de mayo en la Plaza.

A su vez, Hugo Moyano, que denunció correctamente en su momento “la Banelco”, no hizo nada cuando se derogó. Y ahora pactó con las patronales y el gobierno un techo salarial del 19% cuando se necesita mucho más para acortar distancias con la inflación y poder contar con salarios dignos. La reciente visita del presidente de la Nación para inaugurar un edificio sindical en Mar del Plata junto con el líder de la CGT -degustando salmón rosado y champagne Baron B-, muestra que los acuerdos de cúpulas siguen vigentes en la Argentina 2006 gobernada por el kirchnerismo.

 

Mientras reclamamos que vayan presos todos los políticos coimeros, exigimos que se anule la Banelco y todas las leyes laborales antiobreras. Ya el gobierno y la CGT -a través de su diputado Recalde-, retrocedieron en algunos proyectos legislativos que tendían a modificar la negrera legislación de los ’90. Cedieron ante un reclamo de la UIA y las patronales. No puede ser que sigan existiendo resabios de leyes votadas en el gobierno menemista y en el de la Alianza, por estrictas exigencias del FMI.

Luchar por la nulidad de todas las leyes antiobreras, contra el techo del 19%, el trabajo en negro y tercerizado, y un aumento de salario de acuerdo a la canasta familiar es la tarea de la hora.


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IS

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