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Daniel Campos
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Daniel Campos

El currículum de Alfonsín

Punto Final, Semana Santa y Obediencia Debida

Raúl Alfonsín trató por todos los medios de limitar el alcance del juicio a los genocidas. Sancionó el Punto Final y la Obediencia Debida, aberraciones jurídicas para consagrar la impunidad. Se terminó rindiendo ante los carapintadas en Semana Santa de 1987.

Alfonsín y Cafiero se rindieron ante los carapintadas

Alfonsín y Cafiero se rindieron ante los carapintadas

El MAS en semana santa. Plaza de Mayo. 1987

El MAS en semana santa. Plaza de Mayo. 1987

Desde su asunción en 1983, Alfonsín hizo todos los esfuerzos para reducir el alcance de los juicios a los militares genocidas. Fueron la presión de las masas y las incansables movilizaciones de los organismos de derechos humanos quienes derrumbaron una a una las barreras de la impunidad. Luego del juicio a las juntas, Alfonsín había decidido limitar el resto de los enjuiciamientos, dictando unas “instrucciones especiales” a sus fiscales. Pero las avalanchas de juicios se acumularon en todos los juzgados.

Punto Final

En 1986 Alfonsín pactó con la cúpula castrense y a fin de año hizo aprobar la Ley de Punto Final, que planteaba que sólo quedaban sesenta días para presentar denuncias, tras lo cual todas las causas prescribían.

Se trataba de una aberración jurídica donde el gobierno violaba todos los principios del derecho internacional, pues el genocidio es un delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible.

Luego de la sanción de la ley, la presión de los familiares de los desaparecidos fue tal que en los escasos sesenta días que quedaban se presentaron más denuncias y se citaron más militares que en los tres años anteriores. Esto iba a desatar la crisis de Semana Santa de 1987.

Semana Santa

El mayor Barreiro se negó a presentarse ante el juez. Al día siguiente, Aldo Rico se declaró solidario, atrincherándose en Campo de Mayo con cien oficiales fuertemente armados. En pocas horas el Ejército se fracturó, con la mayoría de las unidades negándose a reprimir a los sublevados.

Alfonsín, que el jueves había convocado a movilizarse en defensa de la democracia declarando que “no había nada que negociar”, con el correr de los días fue cambiando de opinión, asustado por el carácter que iba tomando la movilización. “Si se atreven, les quemamos los cuarteles”, cantaba la multitud.

El domingo de Pascua se alcanzó el pico de la movilización. A media mañana, la Plaza de Mayo estaba colmada. Se anunciaba un paro general para el día siguiente. Ahí fue donde Alfonsín, rodeado por toda la dirigencia política de entonces, firmó el “Acta de Compromiso Democrático”, donde se consagraba la petición central de Rico y los carapintadas, “el debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado”. Acta que firman Cafiero, Alende, Alsogaray, los empresarios, la burocracia sindical y, lamentablemente, también el Partido Comunista. Queda sólo oponiéndose, junto a las Madres de Plaza de Mayo, el MAS, que va a denunciar el pacto y se retira de la plaza. Alfonsín va a terminar la agachada reuniéndose con Rico, para regresar luego a la Rosada y salir al balcón para dar su célebre “felices Pascuas, la casa está en orden”, llegando rastreramente a decir que “se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de Malvinas”.

Obediencia Debida

En junio de 1987 se aprueba la Ley de Obediencia Debida. Ahí, nuevamente contra toda la jurisprudencia internacional, se establece que de teniente coronel para abajo, nadie es culpable de participación en el genocidio “sin admitirse prueba en contrario”. Además, extiende esta presunción para los oficiales superiores que no fueran jefes de zona o subzona.

La ley fue tan aberrante que con su promulgación salieron de la cárcel el comisario Etchecolatz, el doctor Bergés, el mayor Barreiro, Astiz y decenas de genocidas condenados.

Hoy la lucha popular derogó la Obediencia Debida y el Punto Final. Rico es una patética figura en decadencia del PJ. Pero en la historia de estos treinta años,debe quedar claro que fue la presión popular la que obtuvo las condenas a los militares en la década del 80, a pesar de los infinitos obstáculos puestos por Alfonsín, a quien hoy le gusta posar como el gran “adalid” de la democracia.


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