Ley de Defensa y Promoción de la Competencia “Una ley para salvar a los monopolios saqueadores y corruptos”

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El Diputado Nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, rechazó la denominada Ley de Defensa y Promoción de la Competencia y presentó un dictamen de minoría.El Diputado Nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, rechazó la denominada Ley de Defensa y Promoción de la Competencia y presentó un dictamen de minoría.

Giordano señaló: “Nuevamente el gobierno de Macri impulsa una ley con un nombre prometedor pero que, lejos de combatir las empresas monopólicas, se las termina salvando y facilitando su accionar. Para esto cuenta con el apoyo del PJ de Bossio y solo disidencias parciales de Massa, Stolbizer y el FPV. Esta ley se dictaminó en el mismo momento en que el gobierno le baja impuestos a las grandes empresas, otorga nuevos tarifazos a las privatizadas monopólicas de luz y gas mientras pacta con la CGT y los gobernadores una reforma laboral antiobrera; en que se le está robando 120.000 millones de pesos a los jubilados y beneficiarios de la Asignación por hijo.”

Giordano explicó que: “¿Esta ley va a significar que el gobierno le va a poner “trabas” o ejercer un “control” a los capitales “concentrados”, es decir, a los bancos que están haciendo grandes negociados con la especulación financiera; a Odebretch; la Barrick o Chevron? Nada que ver. Es más, si se descubre alguna práctica “no competitiva”, se las va a premiar, ya que habilita a la eximición de pena (multas que nunca pagan) si se acogen al denominado “programa de clemencia” confidencial, secreto, ante el Tribunal creado al efecto. Un verdadero escándalo, en la propia ley está la trampa.”

Giordano finalizó: “Desde la izquierda no planteamos ninguna “regulación” cosmética para los grandes capitales. Planteamos y luchamos por la expropiación de los monopolios y multinacionales; la reestatización de todas las empresas privatizadas y de servicios públicos bajo control y gestión de trabajadores y usuarios; la nacionalización de la banca y el comercio exterior; por una YPF 100% estatal y la nacionalización del petróleo y el gas; la suspensión de los pagos de la deuda externa para invertir ese dinero en salario, el 82% móvil, trabajo, salud, educación y a un plan de obras públicas y viviendas populares para reactivar la economía y generar trabajo genuino. Medidas que, mediante una economía planificada al servicio de combatir los grandes males sociales, deben ser parte de un plan económico alternativo obrero y popular al servicio de atacar los flagelos capitalistas. Lo opuesto a lo que plantea esta ley.”

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