Escribe Adolfo Santos
La situación económica y social está cada día más insoportable para la clase trabajadora y los sectores populares. A la pérdida del empleo, las suspensiones, los salarios congelados y a las limitaciones de los cuentapropistas para realizar servicios, se suma una inflación altísima. Pese a la baja del consumo provocada por la creciente pobreza, en agosto alcanzó 2,7%, lo que pronostica una inflación anual mayor a 40 por ciento. Eso en el mejor de los casos, porque la devaluación del peso y la suba de los combustibles presagian nuevos aumentos. Son números superiores a los previstos por el gobierno peronista, cuya principal preocupación no es atender esta situación desesperante, sino las exigencias de los usureros internacionales, como está haciendo ahora con el FMI.
Mientras los sectores populares se hunden en la miseria, con ingresos cada vez más distantes del real costo de vida, no se vislumbran medidas del gobierno para resolver esta tragedia. La pandemia contribuye, pero la crisis económica viene de antes y el actual gobierno del Frente de Todos no ha hecho nada sustancialmente diferente del anterior para resolverla. La tarea central ha sido atender las demandas de los grandes empresarios y hacer buena letra con los acreedores de la deuda. No solo no castigaron a las empresas que despidieron o suspendieron trabajadores, sino que les otorgaron beneficios impositivos, congelaron las paritarias y las ayudaron a pagar los salarios. Y ahora esperan las nuevas órdenes del FMI. Ese es el verdadero programa económico del gobierno.
Mientras tanto, los que sufren las calamidades que genera la pandemia son los trabajadores y los sectores “más vulnerables” por esta crisis. A ellos, el gobierno de Alberto Fernández no les dedicó tiempo ni esfuerzos. El escenario en las periferias de las grandes ciudades es desolador, el mayor ejemplo de eso es el Gran Buenos Aires, un territorio gobernado durante décadas por el peronismo en sus distintas variantes, donde la miseria crece de forma exponencial. Los datos ofrecidos por la UCA (Universidad Católica Argentina) son alarmantes: el 10,3% de los argentinos es indigente, el 14% pasa hambre, el 44,7% es pobre y la cifra escala dramáticamente a 62,9% cuando se trata de niños. Pero estos números no son sólo estadísticas, son personas que no tienen ninguna perspectiva porque este gobierno no les ofrece salida alguna.
Así no se puede vivir. ¡Aumento general de salario ya!
Es imposible seguir viviendo con salarios mínimos y jubilaciones inferiores a los 20.000 pesos, mucho menos con un IFE de 10.000, cobrado cada dos meses. Según el último informe de la comisión interna de ATE/Indec, “un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijxs (de 6 y 9 años) necesitó, en agosto de 2020, 72.707,40 pesos para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de 23.835,50 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 48.871,90 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”. Y aclara: “Las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas canastas de consumos mínimos”. No implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, por eso mismo ningún trabajador debería ganar menos que ese valor.
Estos estudios demuestran que las pérdidas salariales son enormes. Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad venimos reclamando un aumento de emergencia para recomponer el salario y que ninguna familia quede por debajo de la canasta mínima calculada por ATE Indec. Rechazamos los acuerdos salariales a la baja que varios sectores de la burocracia sindical vienen firmando a espaldas de los trabajadores. La dirigencia de la Unión Obrera Metalúrgica acaba de firmar un acuerdo por una suma fija no remunerada de 6.000 pesos durante seis meses. Además de ser muy inferior a la inflación, significa que no va a incidir sobre el aguinaldo ni sobre las vacaciones. Pero además, este acuerdo, rechazado por algunos sectores de base del gremio, contempla que las empresas en crisis se adecuen a los términos pactados, por lo que algunas ni siquiera van a pagar eso. Lo mismo acontece en el gremio mercantil, que acordó una suma fija de 5.000 pesos para los próximos seis meses. Coto, Carrefour y Disco, agradecidos con el burócrata Cavalieri.
Estos mismos sindicalistas traidores son los que, en vez de organizar la lucha, apoyan el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con los bonistas de la deuda externa y las negociaciones con el FMI. Saben que esos acuerdos se pagan con el hambre y la miseria del pueblo trabajador. No hay ninguna posibilidad de salir de esta crisis, agravada por la pandemia, sin romper con el sistema financiero y el mecanismo de saqueo que representa la deuda externa. Exigimos un aumento general de salarios que cubra la canasta mínima y un IFE de 40.000 pesos. Para eso hay que suspender de inmediato los pagos de la deuda externa y aprobar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas presentado por el FIT-Unidad, que permitiría recaudar más de 15.000 millones de dólares.
