Escribe Diego Martínez
En los últimos días se volvió a poner sobre el tapete el problema de la inseguridad a raíz de los sucesivos casos que se vienen incrementando en el Gran Buenos Aires. Se trata de hechos lamentables que reflejan la descomposición social en la que vivimos en esta sociedad capitalista.
No fue un hecho aislado ni es la inseguridad una mera “sensación” inventada por los medios de comunicación, como muchas veces quiso explicar el peronismo kirchnerista. Los delitos aumentan cada vez más como expresión de la profunda crisis social que estamos atravesando. Son una realidad. Y el epicentro hoy es el Gran Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, explicó esta situación diciendo que, debido a la flexibilización de la cuarentena, hay una “vuelta al ritmo normal de la delincuencia” (Infobae, 23/7/2020). Lo que intenta hacer Berni es tapar el sol con las manos. La delincuencia tiene sus principales raíces en las mafias ligadas a la policía y los punteros políticos que responden a los gobiernos municipales y provinciales. Mafias que se nutren usando como carne de cañón a miles de jóvenes que no encuentran un proyecto de vida. Por eso la verdadera causa del aumento de los robos y la violencia hay que buscarla en el crecimiento de la pobreza y de la marginalidad, fenómenos a los que el gobierno peronista de Alberto Fernández no da respuesta, al contrario, se profundizan. En tan solo seis meses el índice de pobreza trepó de 36% a 47% (datos Observatorio Social de la UCA, julio 2020). La desigualdad social y la exclusión de millones del mercado de trabajo son el caldo de cultivo para el crecimiento de la delincuencia. Así, miles de jóvenes que no encuentran un proyecto de vida terminan siendo parte de redes de narcotráfico vinculadas a la policía y al poder político de turno. Es un fenómeno que provoca el capitalismo en todo el mundo y que en el país se viene profundizando por las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos patronales.
Los principales afectados por la inseguridad son los trabajadores y los sectores más empobrecidos. Mientras los ricos viven en countries o en barrios custodiados por seguridad privada, millones de trabajadores que se trasladan a sus lugares de trabajo todos los días esperando el colectivo o el tren muy temprano en la mañana, o volviendo tarde a su casa, se exponen al robo y a la violencia. Los vecinos temen que les roben lo que con tantos años de esfuerzo fruto de su trabajo lograron conseguir, viven angustiados cada vez que sus hijos van y vuelven de la escuela o cuando los abuelos van al banco a cobrar sus magras jubilaciones. Es por eso que comprendemos la lógica preocupación que existe entre ellos.
La policía es parte del problema
La inseguridad se potencia en los barrios porque muchas veces es la misma policía la que está involucrada. No hay delito grave (tráfico de drogas, trata sexual, secuestros, salideras bancarias) en el que no sea parte directa o cómplice. Se ha demostrado también que en muchas oportunidades la policía “libera” zonas, barrios enteros, para el robo a cambio de un porcentaje de lo hurtado. La policía y las fuerzas represivas en general, que se presentan como la solución al drama de la inseguridad son, en realidad, una parte importante del problema. En el año 2009 se conoció el caso de Luciano Arruga, de La Matanza, que se negó a robar para la policía y terminó siendo desaparecido y asesinado. Por eso es que no creemos que la medida propuesta por Berni (quien dice responder directamente a Cristina ), avalada por el gobernador Kicillof y el gobierno nacional, de enviar a la Gendarmería a distritos populares del conurbano, como Avellaneda, La Matanza, Quilmes, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencia Varela y Lomas de Zamora sea una solución. Lejos de combatir verdaderamente el delito, sólo servirá para incrementar la represión, que ya se viene dando durante la cuarentena. En La Matanza recientemente fue asesinado el joven Lucas Verón, de 18 años, fusilado por una pareja de policías. No se trató de un caso aislado. Según un informe de la Correpi, en lo que va de la cuarentena, suman 71 los casos de gatillo fácil en todo el país, más de veinte en el conurbano bonaerense. La policía bonaerense desaloja a los vendedores ambulantes de las calles del conurbano, cuyo único ingreso es el que generan con la venta en los distintos distritos. También reprimió a los trabajadores del frigorífico Penta que reclamaban por su fuente de trabajo en medio de la cuarentena. Diariamente, los vecinos sufren el hostigamiento de la policía en los barrios. Y como si esto fuera poco, la bonaerense también está involucrada en la desaparición de Facundo Astudillo Castro.
Cómo pelear contra la inseguridad
Pasan los años, cambian los gobiernos patronales, todos prometen acabar con la inseguridad pero ninguno lo hace. Ponen más policías en las calles con la idea de que la “mano dura” resuelve la cuestión, militarizan los barrios populares y las villas de emergencia instalando la sospecha de que “todos los pobres son chorros”, cuando la inmensa mayoría de los vecinos sale a trabajar todos los días, incluidos los más empobrecidos, que no tienen un trabajo fijo y se ganan el pan honestamente, como pueden, haciendo changas y exponiéndose también a la inseguridad. Pero nada cambia, ¿por qué? Porque los gobiernos patronales no atacan la causa de fondo de la inseguridad, la pobreza y la exclusión social que se generan como consecuencia de las políticas de ajuste de los sucesivos gobiernos, de PRO, la UCR o el peronismo, en este caso de Alberto Fernández.
Lo que hay que hacer para acabar con este flagelo, que castiga principalmente a los trabajadores y sectores populares, es luchar por otro plan económico que termine con el hambre, la pobreza, la desocupación y la marginalidad. Queremos educación, salud y trabajo. Que los jóvenes tengan un futuro para no caer en el delito siendo utilizados por los narcos o la policía como carne de cañón. Hay que terminar con las cúpulas policiales corruptas y los jueces cómplices. Tenemos que ser los vecinos quienes elijamos por voto directo a los comisarios, así como a los jueces a través del voto popular. Apoyamos la autoorganización y movilización de los vecinos que vaya en este camino. En distintos barrios se vienen dando asambleas donde se discuten medidas para disuadir el delito, sin caer en los linchamientos ni la justicia por mano propia, y controlar el accionar policial. De esta forma, con los cambios de fondo que necesita el país, podremos empezar a detener este terrible flagelo.
