Editorial
La pandemia mundial del coronavirus, con sus terribles consecuencias de miles de muertos, hospitales colapsados más la ola de despidos y rebajas salariales para millones de trabajadores en el mundo, es seguida con una enorme preocupación en nuestro país. El cumplimiento del aislamiento ha sido incorporado en la vida de millones de trabajadores y sectores populares como forma de prevenir el contagio para no llegar a las escenas que se viven en Italia, Estados Unidos o Ecuador. Por eso se siguen con atención los consejos de médicos e infectólogos y hay debates sobre si usar o no masivamente los barbijos, mientras se dan peleas todos los días contra las patronales exigiendo insumos básicos para poder prestar servicios esenciales o atender en los hospitales.
En la Argentina estamos en cuarentena y el próximo 13 de abril, el gobierno tiene que decidir cómo continuar. Alberto Fernández ha dicho: “Nunca vamos a terminar la cuarentena, pero podemos flexibilizarla”. Pero detrás de la palabra “flexibilizar” ya se han sumado diez rubros como nuevas actividades “esenciales” a pedido de empresarios y gobernadores. Se llegó al caso de incorporar a la minería como esencial, también a la obra privada de infraestructura energética y al comercio exterior, entre otros. Pero la minería no es esencial, salvo para las ganancias de Barrick y otras multinacionales depredadoras y contaminantes. Tampoco el comercio exterior, seguramente exigido por las grandes exportadoras que hacen negocios en dólares. También se habla de ampliar turnos en las automotrices a pedido de las multinacionales (General Motors, Toyota, Volkswagen, Fiat-Chrysler, Ford, Peugeot-Citröen, Renault). Pero fabricar autos no es ninguna prioridad. Techint, que acaba de ratificar los 1.450 despidos con la complicidad del Ministerio de Trabajo y la conducción burocrática de la Uocra, venía pidiendo que se declaren “esenciales” distintas actividades de su grupo. Está claro que a estos grandes empresarios no les interesa la salud de sus trabajadores ni de la población, sino cómo engordar sus ganancias capitalistas.
El gobierno ha dicho que no van a empezar las clases, ratificando que el pico de la pandemia será en abril o mayo. “No tenemos que echar a perder el esfuerzo que ya se hizo”, señaló. Y puso un ejemplo: “Si a una fábrica entra una persona con coronavirus va a contagiar a todos sus compañeros”. Entonces, si esto es así, debe prorrogar la cuarentena hasta tener la garantía de que el virus no es una amenaza. En Italia hubo huelgas precisamente para que se cierren las fábricas ante la desidia de patronales que obligaban a sus trabajadores a poner en riesgo sus vidas en plena pandemia mortal. Por eso repudiamos que mientras el gobierno dice que “prioriza la salud de los abuelos” haya empujado a un millón de jubiladas y jubilados a romper la cuarentena para poder cobrar.
Sabemos que millones de trabajadores que vienen haciendo un gran esfuerzo por cumplir la cuarentena ante la desesperación de tener que salir a la calle para ganarse el pan o poder pagar la luz o el alquiler, tengan lógicas dudas y se puedan preguntar si no hay que volver a la normalidad. Pero a todos ellos les decimos que es necesario seguir cuidándose. Y, mientras mantenemos el aislamiento, debemos exigirle al gobierno que no ceda a la presión de la gran patronal y que garantice poner toda la plata que haga falta para invertir en salud y los hospitales públicos, haciendo lugar a las innumerables demandas de los profesionales, enfermeras y trabajadores de la salud. También para garantizar la comida (y que no se hagan negociados como acaba de suceder con las compras de fideos y aceite), triplicar los planes sociales, aumentar las jubilaciones, obligar a las empresas a que paguen los salarios y no despidan y para que se garanticen todos los insumos para seguir ganándole la pelea al coronavirus y enfrentar la crítica situación social.
Izquierda Socialista sostiene que con las medidas del gobierno no alcanza. Por eso hace falta implementar de manera inmediata un fondo de emergencia sobre la base de un fuerte impuesto a los bancos, multinacionales y grandes empresarios y el no pago de la deuda externa. Proponemos, en concreto, un impuesto especial de 10% a la fortuna de los cincuenta millonarios del país (encabezados por Paolo Rocca, de Techint) y a las ganancias de los veinte grupos económicos nacionales y extranjeros (bancos, multinacionales, privatizadas, supermercados, petroleras, laboratorios y exportadoras). Y con la plata del no pago de la deuda se podría duplicar todo lo que dispuso el gobierno para la pandemia y además triplicar los 10.000 pesos asignados a quienes hacen changas, designar los 2.500 profesionales de la salud que pide el gremio Cicop o comprar miles de respiradores y millones de barbijos, entre tantas otras medidas para la emergencia.
Trascendió que diputados nacionales como Máximo Kirchner y Hugo Yasky, de la CTA, estarían estudiando un proyecto de ley para implementar un impuesto a la riqueza de 1,5 por ciento. Nuestra propuesta es de 10% pero, aunque sea de 1,5%, sería un primer paso. Lo fundamental es que estas medidas no deberían demorarse más e implementarse de manera inmediata por decreto de necesidad y urgencia, como se hizo con la prohibición de despidos por sesenta días. El presidente propuso que se debata en el Congreso, que no funciona. Este dinero es urgente. Por nuestra parte, seguiremos insistiendo en que hace falta un fondo de emergencia para que, mientras se sigue garantizando la cuarentena para combatir el coronavirus, se destinen los recursos necesarios para combatir las urgentes necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares.
